Transición energética

Enresa retoma planes de la era Zapatero para enterrar residuos del apagón nuclear

Gráfico nucleares.
Gráfico nucleares.

La empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares, Enresa, ha retomado los planes que se debatieron en los años 2005 y 2006 para dar una salida definitiva al problema de los desechos radiactivos. El borrador del VII Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) contempla la construcción de un Almacén Geológico Profundo para enterrar los residuos. Es un plan a largo plazo. Enresa propone el año 2073 para finalizarlo. En 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desechó el almacén subterráneo y apostó por construir un almacén temporal centralizado (ATC) que a día de hoy está paralizado.

Enresa plantea el almacén profundo como "como estrategia de gestión definitiva del combustible gastado" de las centrales, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035. Es una obra faraónica cuyo coste no se detalla. El borrador de Endesa sólo hace una estimación global de costes de gestión de 23.000 millones hasta fin de siglo. Un almacén así tiene pocos precedentes. Hay una sima nuclear en Nuevo México (EE UU) para restos radiactivos militares y un proyecto civil de almacenamiento profundo en Olkiluoto (Finlandia). Poco más.

El Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que elaborar un informe preceptivo y vinculante sobre los planes de Enresa antes de que los apruebe el Gobierno. El organismo sí recoge en sus documentos  públicos la complejidad de encontrar y acondicionar un emplazamiento definitivo para residuos peligrosos que pueden tener actividad durante miles de años. El almacén definitivo requiere profundidades de cientos de metros -hasta medio kilómetro-, formaciones geológicas estables, y un tipo de roca especial. "Para la disposición en roca dura" explica el CSN "la profundidad habitual de diseño está entre 500 y 1.000 metros y se intentan utilizar zonas de la formación rocosa que estén poco fracturadas y no presenten fallas". Un reto para la ingeniería.

Almacén seguro

Hace 14 años, el encargado de explicar a los representantes políticos la importancia de gestionar en un único emplazamiento los residuos de los siete reactores nucleares fue el entonces presidente de Enresa, José Alejandro Pina. Lo hizo en la Comisión de Industria del Congreso. Pina explicó  que un solo almacén era más seguro que siete (uno en cada central) y además, tres veces más barato. Reclamaba un almacén único en superficie tras haber debatido planes para encontrar una sima en la que depositar para siempre y de forma segura la basura nuclear.

Desde la comparecencia de Pina ha pasado tiempo y han pasado Gobiernos. Pero el problema sigue ahí. El plan de residuos todavía en vigor data del año 2006, Bruselas ha amenazado con sancionar a España por no actualizar sus proyectos de gestión y el almacén temporal que reclamó Pina -impulsado por los Gobiernos del PP de Mariano Rajoy- es sólo un proyecto que fue paralizado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).

Con el apagón nuclear ya pactado con las empresas eléctricas propietarias, urge encontrar una solución a los residuos y al material contaminado de los desmantelamientos. Es un reto de ingeniería y también económico. En enero, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó por decreto una subida del 19,2% a la tasa que pagan las eléctricas propietarias de centrales -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- para hacer colchón y atender las necesidades del proceso de cierre de instalaciones. Con la tasa aplicada hasta ahora, Enresa sólo dispone de un fondo de 5.674 millones de euros.

Con la subida, el Gobierno trata de hacer frente a una situación delicada. Con planes para desmantelar el parque nuclear hasta 2035, existe un importante desfase entre el dinero disponible y los fondos que demanda el apagón nuclear. Según documentos publicados por la Comision Europea (2016) con datos de Euratom, España no está bien preparada. La financiación disponible apenas alcanza el 25% de la necesaria. El porcentaje es el más bajo de los nueve países europeos occidentales para los que se dispone de información y solo los antiguos países del Este presentan porcentajes inferiores (ver gráfico). 

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