La empresa pública Enresa, encargada de gestionar los residuos nucleares ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica el borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) para sustituir al vigente, que data de 2006. El plan es una herramienta clave para cerrar los siete reactores en funcionamiento entre los años 2027 y 2035, tal y como pactó el Gobierno con las eléctricas. Entre otros puntos, el nuevo PGRR contempla la posibilidad de construir un almacén geológico profundo "como estrategia de gestión definitiva del combustible gastado" de las centrales. El almacén estaría operativo en 2073. El desmantelamiento de centrales y la gestión de residuos puede costar más de 23.000 millones de euros hasta 2100.
La cuestión del almacenamiento de desechos radiactivos ha sido y es polémica. Los planes de Enresa hasta la fecha pasaban por la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca). Pero el proyecto no se llevará a cabo. El borrador del plan enviado a la Secretaría de Energía deja abierta la posibilidad de construir tres almacenes temporales descentralizados en lugar de una única instalación.
La decisión última corresponderá al Gobierno. Lo que sí propone como opción "más sostenible y segura" para la gestión "definitiva" de los residuos es habilitar un almacén subterráneo -Almacenamiento Geológico Profundo- que podría estar operativo en 2073.
Cierre escalonado
El borrador elaborado por el equipo de Enresa que dirige el exconsejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, es clave para encauzar el cierre de las centrales nucleares pactado. Según lo acordado por eléctricas y Gobierno, el cierre de instalaciones será escalonado. Se desarrollará entre 2027 y 2035, lo que supone una horquilla temporal amplia: seguirán funcionando más de 40 años, pero menos de 50.
Para hacer frente a lo que se viene encima, el Gobierno ha subido un 20% la tasa que pagan las eléctricas para gestionar los residuos -de 6,69 euros/Mw a 7,98 euros MW-. El plan de Enresa no descarta un almacén centralizado que entraría en operación en 2028, aunque no necesariamente en el lugar previsto hasta ahora. En todo caso, la aprobación del VII Plan de Residuos permite encauzar una situación que, según los datos de Foro Nuclear ha costado 1.778 millones entre 2010 y 2018 y que costará otros 1.486 millones entre 2019 y 2022.
La presentación del nuevo PGRR se ha hecho al límite. España ha sobrepasado el ultimátum de dos meses que dio Bruselas en noviembre de 2019 para presentar un plan ajustado a los requisitos comunitarios. El plazo formaba parte de un dictamen motivado - la segunda fase de un procedimiento de infracción-.
Los planes para impulsar el apagón nuclear y las fórmulas para financiarlo inquietan, además de a las empresas, a los municipios que reciben ayudas por su cercanía con centrales nucleares y almacenes de residuos. Los representantes de los 60 municipios agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), con cerca de 40.000 habitantes, han llevado sus inquietudes ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y ante Enresa.
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