CaixaBank presentó el martes las primeras cifras de su ERE tras la fusión con Bankia: 8.291 empleados y 1.534 oficinas. Pese a que el número de afectados presentado por el banco no dista mucho de las previsiones que desde hace semanas se manejaban, las condiciones planteadas han causado cierta sorpresa. Más allá de la parte económica, cuya primera propuesta también es inferior a lo esperado, la entidad ha planteado que el 50% de las salidas sean de trabajadores menores de 50 años. Esto ha hecho saltar las alarmas al tener en cuenta la posibilidad de que el número de salidas forzosas sea "alto", admiten fuentes sindicales, dejando de lado la voluntariedad. De no cubrirse los cupos de 'motu proprio', la nueva entidad surgida de la fusión con Bankia elegirá qué trabajadores deben salir en función de las encuestas de desempeño de años anteriores.
Este tipo de test, que constan de hasta 100 preguntas, se plantean cada año al conjunto de la plantilla y varían en función del puesto que ocupe cada trabajador. Hasta ahora Bankia realizaba uno y CaixaBank, otro. El objetivo es medir el rendimiento de cada empleado de forma periódica y conocer las áreas de mejora. Ahora, si no se cubren las plazas de salida que se han establecido en función de cada territorio y función, la adscripción al ERE se realizaría por criterio de "meritocracia", es decir, según las 'notas' que cada uno de los trabajadores haya obtenido en estos test en los últimos años.
Fuentes sindicales añaden que, además de estos datos, también podrían tenerse en cuenta otras variables "menos medibles", como la competencia, la idoneidad o la polivalencia de cada uno. Este hecho ha llevado a que los sindicatos teman un ajuste que termine llevándose por delante una parte importante de trabajadores de forma forzosa.
En la reunión celebrada el pasado martes se planteó que la adscripción voluntaria al ERE puede ser rechazada por varios motivos. La principal razón es la superación del excedente definido en cada ámbito funcional y territorial. Del mismo modo, será crucial que se respete el desequilibrio generacional, ya que no se aceptarían aquellas adscripciones que supongan que más del 50% de las salidas sean de mayores de 50 años. También podrán ser rechazados aquellos que ocupen puestos críticos según razones organizativas, perfil profesional, etc.
Todo ello ha hecho que este mismo miércoles en el Congreso de los Diputados se haya vivido una imagen inusual. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, pidió a los bancos "responsabilidad" para buscar todas las alternativas que minimicen el impacto negativo sobre el empleo de las fusiones. Además, recordó que este tipo de medidas deben ser especialmente controladas cuando se producen al mismo tiempo que se pagan sueldos y bonus "inaceptables" a los directivos. En este mismo sentido se manifestó Unidas Podemos, que solicitó al Estado que utilizase su participación del 16% en el capital de la entidad para defender el empleo y el interés público.
Las claves del nuevo ajuste
La mayoría de las salidas, 5.742, se producirán en las oficinas de la red comercial de ambos bancos, si bien la mayor parte del recorte recaerá, según diversas fuentes, en las de Bankia. Los servicios centrales perderán 1.148 trabajadores; los centros distribuidos, 463; las direcciones territoriales, 250; las filiales, 630 y 58 trabajadores más saldrán de las denominadas 'excedencias incentivadas' que se cerraron en 2016. En cuanto a la afectación territorial, la provincia que más salidas verá será Madrid, seguida de Barcelona, Valencia y Murcia.
A nivel económico, el ajuste se ha dividido en cuatro grupos. El primero de ellos es el de los mayores de 63 años, a los que se les otorgará una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. El segundo lo integran aquellos empleados que tengan entre 58 y 63 años y al mismo tiempo lleven más de 15 años en cualquiera de las dos entidades. A estos se les propone una 'prejubilación', es decir, el pago fraccionado del 50% del salario fijo hasta los 63 años. A esta cuantía habría que sumar el convenio especial que se firme con la seguridad social y descontar el paro.
El tercer grupo de edad está formado por aquellos que tengan entre 55 y 58 años y lleven más de 15 años en la empresa. Para ellos en la primera reunión se ha propuesto una indemnización del 50% del salario regulador multiplicado por cuatro hasta un máximo de dos anualidades. Para los empleados que tengan menos de 55 años, la dirección de CaixaBank, asesorada por el despacho Sagardoy, recibirán 25 días del salario regulador por cada año hasta un tope de 18 mensualidades. La próxima reunión será el martes 27 de abril.
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