El despido colectivo planteado por Indra para su filial tecnológica no gusta nada a Unidas Podemos. De hecho, la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida lo rechaza de plano. Por lo que reclaman una vía alternativa para evitar los despidos: que el Estado actúe y redoble su participación en una firma de la que ya tiene el 18% a través de la SEPI. Así lo aseguran fuentes del grupo parlamentario morado a La Información, que manifiestan que "no tiene sentido" que una empresa tecnológica que puede ser clave para la nueva reindustrialización del país tome una medida que supone "descapitalizarla". "Hay que lograr que sea competitiva en el mercado", señalan las mismas fuentes para justificar su postura.
"Si efectivamente Indra pasa por una situación económica complicada, es el momento de que el Estado redoble sus esfuerzos por capitalizar la empresa y lograr que sea competitiva en los mercados, y no el momento de descapitalizarla", exponen las fuentes consultadas de los morados. El objetivo de este planteamiento es evitar ese recorte de 1.036 puestos de trabajo, que supondría la pérdida de un 10% de la plantilla total. Por lo que UP estima que la coyuntura es "una oportunidad" para que el sector público se lance a por la firma. Que, según su parecer, tendría que tomar las medidas oportunas para conseguir una participación superior al 18% actual. Lo que reforzaría así su rol de principal accionista.
Con esta medida, el Estado podría facilitar que Indra sea capaz "de conseguir más carga de trabajo", asegura Unidas Podemos. Lo que facilitaría que la empresa, en lugar de enfrentarse a un despido colectivo, pueda llevar a cabo "la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras", siempre según los cálculos del grupo parlamentario de la formación. Argumentos que suponen que UP persevera en la idea lanzada en el pasado de intervenir empresas que pasaran por apuros y ofrecieran como única solución los despidos o su salida del país. En aquel momento, el propio Iglesias lo planteó para los casos de Nissan y Alcoa, que anunciaron el cierre de sus plantas en Barcelona y Galicia respectivamente. Posibilidad que no fue compartida por su socio de gobierno, y que fue descartada.
Nuevo frente en la coalición
La postura de Unidas Podemos puede suponer que se abra una nueva disensión dentro del Ejecutivo de coalición. La clave está en la respuesta que dé el Ministerio de Hacienda, que tiene el control de la SEPI. Por tanto, tendrá algo que decir sobre ese 18% de acciones de Indra de las que dispone el Estado. Lo que provoca que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vaya a ser una de las figuras políticas clave para determinar la actuación del Gobierno en esta cuestión. Actualmente, Montero es la encargada de preparar los Presupuestos Generales del Estado con Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales al que Iglesias ha designado como negociador de las cuentas públicas. Por lo que su interlocución con los morados es constante.
Fuentes del departamento de la también portavoz del Gobierno señalan que es "una decisión de una empresa que se ha adoptado de manera independiente" y sobre la que no se van a pronunciar. Fuentes del Gobierno aseguran que el asunto ni siquiera se ha tratado en los órganos de administración de la SEPI, que es quien detenta la participación en Indra. Y en cuyo consejo de administración tienen presencia hasta 14 altos cargos de ocho ministerios diferentes. Incluidas la secretaria de Estado y la subsecretaria de Hacienda.
El otro ministerio clave es el de Trabajo, que tendrá que ser la que tramite el posible recorte planteado por Indra. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz señalan que "el proceso no ha hecho más que iniciarse", pero que "la solución no gusta". A juicio de la cartera de Díaz, lo recomendable sería tomar "medidas de ajuste temporal que mantengan el empleo", como los ERTE impulsados por el Ejecutivo durante la pandemia, informa Bruno Pérez. "No es todavía definitivo", insisten las mismas fuentes.
Podemos y la industria 4.0
Este llamamiento contra el despido colectivo propuesto por la empresa de Fernando Abril-Martorell se encuadra en la apuesta de los de Iglesias por llevar a cabo una reindustrialización de la economía del país. La débil situación económica en la que ha quedado el país por la pandemia de coronavirus ha reforzado esa estrategia, que pasaría por empresas como Indra. La idea de los morados es dejar atrás los sectores de "bajo valor añadido" para que el tejido productivo esté copado por la industria más innovadora y otros ámbitos que puedan reforzar el sistema económico estatal. Una evolución que los de Iglesias quieren impulsar con los fondos europeos de reconstrucción que recibirá España como respaldo por la grave crisis provocada por la Covid-19.
Mientras la política toma una decisión sobre qué hacer al respecto, los sindicatos presente en Indra ya están movilizándose. Precisamente, los representantes de los trabajadores que podrían verse afectados por los despidos van a empezar a presionar al Gobierno para que evite este recorte "durísimo" del empleo en la empresa. Las centrales esperan una negociación complicada durante el próximo mes, ya que el plan de la tecnológica solo prevé despidos de 20 días por año trabajado y no incluye prejubilaciones voluntarias.
El Estado es el socio preferente de la empresa con ese 18% de la SEPI, que tiene una participación muy superior a las de Corporación Financiera Alba (10,5%) y Fidelity (9,8%). Esa gran presencia del sector público es a lo que se agarran los sindicatos para pedir al Gobierno se movilice. Postura que comparten en Unidas Podemos, que apunta a que "no se trata de sostener empresas deficitarias, sino de ponerles las pilas". Lo que no se puede conseguir con despidos, sobre todo si se producen "en las secciones más punteras e innovadoras", aseguran fuentes del grupo morado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios