'Operación limpieza' en Banco Santander. Ana Botín se ha puesto manos a la obra y ha aprovechado el peor año para la economía española desde la Guerra Civil para llevar a cabo varios movimientos clave para salvar la crisis de la Covid-19. Desde que comenzase la pandemia en el mes de marzo, el banco cántabro ha anunciado más de 12.000 millones en ajustes -bien a través de provisiones o de dotaciones para el fondo de comercio de EEUU-, un cambio radical en su propuesta comercial en España, la salida de miles de trabajadores a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la recolocación de más de mil empleados, el cierre del 30% de la red de oficinas en nuestro país, una previsión de acabar el año en números rojos contables y... la vuelta al dividendo. Eso sí, este último paso solo se llevará a cabo si el Banco Central Europeo (BCE) lo permite, algo que cada vez está menos claro.
El último movimiento ha sido el de la negociación con los sindicatos para llevar a cabo más de 4.000 salidas, un millar de recolocaciones y el cierre de mil oficinas. Este mismo viernes, empresa y representantes de los trabajadores se han reunido para conocer los datos de un ajuste que, si se suma a los que se llevaron a cabo en 2018 y 2019, da como resultado la eliminación casi completa de la que era la plantilla de Banco Popular justo antes de la compra. De acuerdo con los últimos datos de esta entidad, a cierre de 2017, trabajaban en ella 9.184 empleados. Si se suman los más de 4.000 despidos de los dos últimos años a los que se han anunciado esta semana, la cifra es ya muy similar.
Pero este paso ha venido precedido de otros muchos. Ya al cierre del primer trimestre del año, en los resultados anunciados en el mes de abril, la entidad financiera que encabeza Ana Botín realizó una provisión extraordinaria de 1.600 millones de euros para hacer frente a las posibles consecuencias de la Covid-19. Con este movimiento, redujo los beneficios hasta los 331 millones de euros durante el periodo de enero a marzo. Santander dejaba entonces la puerta abierta a realizar nuevos ajustes y señalaba que debido a las dificultades para calcular el impacto de la pandemia en ese momento, existía esa posibilidad.
El movimiento que ya se anunciaba en abril, llegó en julio, cuando se presentaron las cuentas del primer semestre. La entidad cántabra registró en este periodo una actualización del fondo de comercio de sus inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs) en Estados Unidos, generando un cargo extraordinario a nivel contable de 12.600 millones de euros. Las pérdidas registradas entonces fueron históricas, con unos números rojos de 10.798 millones de euros. "Los últimos seis meses nos han planteado uno de los mayores desafíos de nuestra historia", señalaba Ana Botín, presidenta del banco.
El banco ya dejaba caer entonces el más que probable cierre del año con las cuentas teñidas de rojo a nivel contable pero, al mismo tiempo, abría la puerta al pago de un dividendo a sus accionistas. Cabe recordar que el supervisor europeo, el BCE, deberá decidir el próximo mes de enero si las entidades financieras pueden volver a llevar a cabo estos pagos en efectivo, como pretende la propia Botín. Algo que cada vez está menos claro, sobre todo si se tienen en cuenta las últimas palabras del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, esta misma semana. La 'operación limpieza' que se empezó entonces no estaba cerca de terminar.
El mismo día que se presentaban las cuentas del tercer trimestre, un balance que lograba recortar hasta los 9.000 millones las pérdidas contables, se filtraba la posibilidad de que la entidad llevase a cabo un recorte de plantilla. Se hablaba entonces de 3.000 personas, pero Ana Botín negó la mayor en plena reunión con los accionistas y mientras se votaba la vuelta al dividendo, tanto en acciones como en efectivo. Solo unas horas después era el segundo de a bordo, José Antonio Álvarez, el que tenía que salir a confirmar unos ajustes de plantilla que no se han cifrado hasta este mismo viernes.
La entidad cántabra ha aprovechado así para coger aire y afrontar con menos costes -hasta mil millones de rebaja por el plan de ajustes de plantilla y oficinas- el futuro que se plantee tras la Covid-19. No será la única. El conjunto del sector financiero en España (y también en otras partes de Europa) ha sacado la tijera y apunta a miles de despidos y cifras de milmillonarias provisiones, que les permitan moverse cómodamente en un tablero de fusiones y oficinas que nada tendrá que ver con el que existe ahora mismo. Y todo ello con un ojo puesto en la bolsa que, pese a las subidas tras conocerse la noticia de la vacuna de Pfizer, no ha conseguido recuperar la vitalidad pre-virus.
