Ericcson es uno de los grandes proveedores de las ‘telecos’ en España. Ha ayudado a las principales compañías del sector al despliegue de redes y a su mantenimiento. Pero en este tiempo, la compañía con sede central en Suecia ha llevado a cabo un puñado de expedientes de regulación de empleo (ERE) para reducir plantilla y sustituir perfiles en sus equipos. El ejercicio pasado desembolsó 31 millones de euros. Desde 2014 el gasto ha rozado los 150 millones.
El presidente de la compañía, José Antonio López, advertía a La Información en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona: “Tenemos mucho personal especializado en redes 2G y 3G, donde clientes no te van a pagar mucho los próximos años porque las ‘telecos’ van a tener que invertir en redes 4G y 5G”. Y ese cambio de perfil es el 'leitmotiv' de todas estas regulaciones de empleo.
En las cuentas recién presentadas del año 2017 de su matriz Ericsson España -no consolida cuentas en el país con el resto de filiales- se contempla un gasto de 31 millones de euros para las indemnizaciones del ERE. Es algo superior a los 29 millones que tuvieron que desembolsar un año atrás. El año con más gasto de los últimos cuatro ejercicios es 2014. De acuerdo a las cifras de sus memorias anuales, la compañía gastó 62 millones en indemnizaciones para los despidos.
Afección a la plantilla
En los últimos diez años, Ericsson ha llevado a cabo seis despidos colectivos: 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2017. Entre todos ellos suman un total de 1.550 salidas, según las cifras hechas públicas por la compañía y sus filiales del grupo en España. El ejercicio pasado lo cerró con 2.161 empleados en su matriz española.
Esta reducción de plantilla llega cuando el negocio de la compañía principal no ha dejado de caer. En el año 2015, los ingresos de Ericsson España fueron de 736 millones, mientras que en el pasado año fueron de 524 millones (un 29% menos).
La Audiencia Nacional: “En trance de desaparición”
El último ERE de 2017, pactado con UGT y CCOO y que afectó finalmente a 340 personas, fue denunciado en los tribunales por el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC) y CGT. Pese a ello, la Audiencia Nacional dio su beneplácito y respaldó el despido colectivo como “justificado”.
Ante esta sentencia, los sindicatos han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo. Y en este caso, los antecedentes no son, precisamente, halagüeños para sus intereses. Y es que, el Alto Tribunal respaldó en noviembre pasado el ERE aprobado a finales de 2016 y que afectó a 281 empleados de la compañía.
En las dos sentencias de ambas instancias se confirmaba que estaba plenamente justificado el despido colectivo. Y señalaban las causas económicas: caídas de ventas en los últimos tres trimestres y resultados económicos negativos cuando se elimina el efecto de las compensaciones recibidas por la matriz (en 2017 fue de 114 millones de euros).
En este sentido, en la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de este año, que analiza el último ERE de 2017, se habla de una situación económica negativa “de tal gravedad que ha provocado unos resultados negativos en Ericsson España de 99 millones de euros en 2017 [sin contar con las compensaciones de la matriz sueca], que unidos a los 525 millones de pérdidas acumuladas desde 2013, coloca a esa empresa en trance de desaparición”.
Una inspección fiscal como colofón
Al margen de la situación laboral, Ericsson cerró el año con un particular golpe de Hacienda en sus cuentas. En 2016, según queda reflejado en las cuentas de 2017, recibió notificación del inicio de una investigación sobre los tres grandes impuestos (IVA, no residentes y Sociedades) y las retenciones del capital inmobiliario, de rendimientos del trabajo y de arrendamientos inmobiliarios.
¿La consecuencia? De acuerdo a la memoria, la compañía ha tenido que afrontar una factura de 3,2 millones de euros para regularizar su situación con el Fisco español.
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