Bernardo Martín, el 'mirlo blanco' al que la familia de Escrivá colocó su promotora

Courbasa SA, la empresa de la familia de José Luis Escrivá, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue vendida en diciembre de 2002 ante la inminente falta de financiación por las condiciones del préstamo promotor que firmaron. El objetivo de la compañía era, a través de una junta de compensación -es decir, los vecinos originales entregaron sus antiguas casas a cambio de un piso-, renovar un ámbito concreto del madrileño barrio de Tetuán. Pero la aventura promotora de la compañía de la que Escrivá era vicepresidente se terminó siete años después de comenzar, sin casas y con la venta de las acciones de la sociedad a un 'mirlo blanco', el ya fallecido Bernardo Martín. 

¿Quién era este empresario andaluz que se quedó con el fallido negocio y dejó sin las casas a un centenar de aportantes de suelo? Bernardo Martín fue uno de los máximos exponentes de la burbuja inmobiliaria en España. Con Somersen, su promotora estrella, empezó muchos proyectos pero finalizó pocos. Uno de los mejores ejemplos es el de la empresa que le compró a la familia de Escrivá por apenas 47.119,20 euros, tal y como consta en el contrato de venta de las acciones al que ha tenido acceso La Información. 

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Esta cantidad es tan reducida como consecuencia de la pignoración de las acciones que los dueños de Courbasa llevaron a cabo. Por tanto, el valor nominal de la empresa se quedaba en los 3.255.081,56 euros, según se refleja en el mismo documento. La delicada situación financiera de la firma dedicada al mercado inmobiliario hizo que a los pocos meses de tomar el control de la firma, Martín tomase varias decisiones importantes: modificó el nombre de la sociedad -pasando a denominarse Quantia Inversiones-, cesó en el cargo a sus antiguos gestores, entre ellos al propio ministro Escrivá, incorporó los activos a través del procedimiento de rama de actividad en Somersen y solicitó una nueva financiación. 

Bernardo Martín, a través de Somersen, eligió el Banco Pastor como entidad para llevar a cabo esta operación. La nueva financiación fue solicitada por la compañía el día 14 de julio de 2003, de acuerdo con el informe de riesgos al que ha tenido acceso este diario. Un total de 77 millones de euros divididos en tres préstamos diferentes que fueron autorizados por el comité de dirección el día 22 de ese mismo mes. Solo unos días después, el 29, la reunión de la comisión de riesgos de la entidad sancionaba esta opinión. Para entonces las escrituras de préstamo hipotecario de las parcelas ya se habían formalizado. En concreto, este trámite se realizó el día 23, tal y como consta en la propia escritura.

Uno de los préstamos, el de 24 millones de euros, fue firmado con fecha de vencimiento a 24 meses. El destino del mismo era la cancelación de la anterior financiación, firmada por la empresa de la que Escrivá era vicepresidente, y tenía como garantía cuatro de las parcelas del PERI Tiziano-Dulcinea. Otra de las partes del préstamo, que se correspondía con un importe de 14,5 millones, vencía a 36 meses y tenía como garantía el parking entonces en construcción. La última de las partidas era la más cuantiosa, dotada con 38,73 millones, y estaba destinada a "finalizar promoción de viviendas", tal y como consta en el informe de riesgos. 

Somersen no pudo pagar y fue a la quiebra, entrando en concurso de acreedores, situación en la que sigue en este momento. Los damnificados, al igual que la propia administración concursal, han puestos sobre la mesa en varias ocasiones que las condiciones en las que se concedió esta financiación tenían anomalías. "Era previsible" que dado los plazos de pago de este préstamo la empresa no podría hacer frente a él, señalan. Por ello, los administradores concursales decidieron presentar una demanda para tratar de rescindir las hipotecas constituidas sobre determinadas fincas, tratando de demostrar que se concedieron "de mala fe" y en "fraude de acreedores".

Para ello, señalaban el escaso plazo, apenas 27 días, desde la trasmisión efectiva de las parcelas hasta que el Banco Pastor concede los nuevos préstamos. "Esto quiere decir que el Banco Pastor ya venía evaluando la operación mucho antes y, por tanto, actuando de forma concertada junto con la propia Somersen", señala el documento al que ha tenido acceso este medio. "Llama mucho la atención que en el proceso de estudio y análisis de la operación no se percatase de la situación social, del hecho de que los contratos firmados por Courbasa con los aportantes no permitían que esta se sobre-hipotecase las fincas por encima de determinados importes", señalan en la documentación. Para los administradores concursales y los afectados, llama también la atención que "al vencimiento de los préstamos (...) no se solicitara por el Banco Pastor el concurso necesario de la sociedad".

Somersen, después llamada Promociones y Obras Tiziano, entró en concurso de acreedores en septiembre de 2006. A lo largo de este proceso, los administradores concursales han encontrado varias deficiencias en las cuentas y los activos de la sociedad. Así, y de acuerdo con una sentencia a la que ha tenido acceso este medio, presentaron una demanda contra el propio Bernardo Martín en reclamación de 48 millones de euros. En esta cantidad cifraban "el perjuicio causado a la sociedad Promociones y Obras Tiziano SA en concurso, como consecuencia de la realización por parte de D. Bernardo Martín Moreno de diversas actuaciones de infracción de los deberes" como administrador.

Para justificar la demanda señalan varios hechos concretos. Así, desglosan varios de ellos como "la aplicación de bienes sociales al pago de deudas ajenas a la concursada", la "venta de fincas de la sociedad a un precio notoriamente inferior al de mercado" y el uso de "fondos sociales para gastos personales". Finalmente, el juez estimó parcialmente esta demanda condenando al propio empresario andaluz al pago de 35,78 millones de euros a la sociedad en concurso. 

Esta es solo una de las patas del concurso de acreedores de la compañía del ya fallecido Bernardo Martín que sigue sin cerrarse. Los legítimos propietarios de las viviendas que nunca terminaron de construirse siguen a día de hoy sin sus casas y luchan ante la justicia para conseguirlas pese a que ha pasado más de una década desde que emprendieron esta batalla.