Courbasa SA, la empresa familiar de la que el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, era vicepresidente, fue el principio del fin para un centenar de familias que habían cedido sus parcelas y viviendas en el madrileño barrio de Tetuán a cambio de un piso en un nuevo edificio. Pero los planes de la junta de compensación PERI Tiziano-Dulcinea, en manos de la citada compañía, no salieron como estaba previsto y los problemas financieros acabaron con la venta de la sociedad a un 'mirlo blanco', Bernardo Martín, que no solo no solucionó los problemas, si no que los acrecentó.
La empresa de Martín, Somersen, solicitó créditos que le fueron concedidos con condiciones "poco comunes" para la administración concursal y los afectados, que lo denunciaron ante la justicia. Todo ello hizo que el Banco Pastor, entidad que concedió la financiación, decidiese ejecutar los préstamos. En julio de 2006, la compañía entró en concurso de acreedores, dejando a los aportantes de suelo originales con el peso de la ejecución hipotecaria, con apenas un edificio construido y sin viviendas.
Pero lo peor para ellos vendría después. Años de juicios, diferentes fases del concurso y las operaciones de concentración bancaria que se han sucedido en España en los últimos años han llevado a los afectados a tener que verse las caras con Blackstone, el fondo que llegó tras la crisis y se ha convertido en el mayor casero del país. Además, y desde la irrupción de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros en el que está el propio Escrivá, el denominado por los morados 'fondo buitre' es el objetivo a batir en materia de vivienda.
¿Cómo acabaron las viviendas en manos de Blackstone? Desde la llegada de Bernardo Martín al proyecto solo se terminó el bloque doce, que ya estaba en ejecución antes de la venta de Courbasa. Además, el ya fallecido empresario andaluz vendió el bloque siete a una tercera empresa que terminó también en concurso. Del único edificio construido, Martín vendió una tercera parte de los pisos, dejando olvidados a los aportantes de suelo originales a la junta de compensación. Con la ejecución del crédito por parte del Banco Pastor y la entrada de la sociedad en concurso, se inició un largo procedimiento judicial que sigue hoy abierto.
En 2011 se llevó a cabo la absorción de Pastor por parte de Popular, finalizada en 2012 y que hizo que, según los afectados, se mejorase la comunicación entre ambas partes tratando de encontrar una solución. Según señalan desde APETIDU, la asociación de damnificados de este caso, se acordó entonces una quita de 25 millones de euros y la devolución de la parcela siete que Martín había vendido a Novaindes, sociedad del Grupo San José, también en concurso de acreedores. Gracias a este acuerdo, los aportantes de suelo podrían buscar a una compañía que llevase a cabo las obras y tener sus viviendas.
Popular se quedaría así, y de acuerdo con un auto de noviembre de 2016 al que ha tenido acceso La Información, un importe neto de 22 millones de euros incluyendo la trasmisión de la parcela siete, entonces ya en manos de Aliseda. El acuerdo fue homologado por la Justicia, las cosas comenzaban a encauzarse y los vecinos originales comenzaban a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, la situación financiera de Popular hizo que se produzca la compra de la entidad por parte de Santander, lo que da al traste con los acuerdos alcanzados.
Por si fuera poco, el banco que preside Ana Botín llevó a cabo en agosto de 2017 la venta del 51% de los activos inmobiliarios del Popular y de la propia Aliseda, también en el acuerdo con los propietarios originales, a Blackstone. En dicha venta se incluían los terrenos del PERI Tiziano-Dulcinea. El fondo rompió las negociaciones, según señalan los afectados, e insistió en llevar a cabo el procedimiento judicial por los terrenos que a día de hoy, y debido a su ubicación, son un jugoso activo.
Una pequeña victoria: la devolución de coeficientes
Tras varios años en los tribunales, los vecinos consiguieron una pequeña victoria, en la que ahora se apoyan para seguir litigando contra el gigante del ladrillo Blackstone. El Juzgado de Primera Instancia Número 83 de Madrid les reconoció, a través de una sentencia a la que ha tenido acceso este diario, la devolución de los coeficientes, hasta entonces en manos de la junta de compensación -integrada en Somersen, después denominada Promociones y Obras Tiziano-.
A través de esta sentencia, posteriomente confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, la Justicia reconocía la nulidad de los negocios por los que los propietarios originales cedieron la propiedad de sus inmuebles, es decir, la falta de cumplimiento en lo que respecta a la construcción y entrega de las nuevas viviendas, y devolvía a sus propietarios la titularidad del porcentaje aportado.
Con ello, los dueños seguirán luchando en los juzgados por conseguir una casa que cedieron en los años 90 y que aún no han sido capaces de recuperar. Primero tuvieron que verse las caras con los bancos y, ahora, con el gigante del ladrillo contra el que el nuevo Gobierno de coalición en el que se encuentra el propio Escrivá ha cargado sus tintas en materia de alquiler. "Nos están quitando la vida", dicen desde APETIDU. Pero prometen seguir al pie del cañón en los tribunales.
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