España pelea los 47 millones por el enésimo arbitraje de las renovables

España se resiste a dar su brazo a torcer en el asunto de las renovables, pese al centenar de litigios que mantiene contra inversores extranjeros por el recorte a la retribución de estas energías incluido en la reforma eléctrica de 2013. El Gobierno ha solicitado tiempo muerto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial, para evitar la ejecución de un laudo que le condenaba al pago de 47,3 millones de euros.

El pasado junio, el tribunal del caso falló a favor del arbitraje presentado por un grupo de inversores integrado por las compañías alemanas Sun-Flower Olmeda y Aharon Naftali Biram, la británica Redmill Holdings y la española Gilatz Spain. Lo hizo con el voto particular en contra de Marcelo Kohen, el árbitro designado por España para formar parte del tribunal. Los demandantes, que recurrieron al asesoramiento del despacho Freshfields Bruckhaus Deringer desde París, reclamaban inicialmente unos 80 millones de euros.

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Cuatro meses después, la Abogacía del Estado ha presentado una solicitud de anulación del laudo. Una medida cautelar que le permite suspender el pago de la millonaria indemnización hasta que se produzca una resolución acerca del caso. El respiro que supone para el reino español estas cautelares contrasta con el revés que plantea para Sun-Flower, que en marzo de este año notificó a la Bolsa de Tel Aviv un acuerdo para la venta del 64% de sus acciones al fondo Keystone.

Como parte de esta operación, la compañía alemana se comprometió a abonar una contraprestación adicional a los venderos si obtenía la victoria en el citado arbitraje. La demanda fue presentada el 28 de junio de 2016, invocando el Tratado de la Carta de la Energía, y el tribunal se constituyó en septiembre de ese mismo año.

Asimismo, el recurso de España llega apenas un mes después de que otras ochos compañías alemanas encabezadas por TS Villalba presentaran la trigésimo novena demanda de arbitraje de inversiones relacionada con los subsidios a las energías renovables ante el Ciadi. La segunda tras la reclamación de la irlandesa Spanish Solar.