Cualquier decisión que implique un determinado coste económico para las arcas públicas es interpretada como una derrota por España. El Gobierno lleva un lustro acudiendo ante las cortes internacionales con esta actitud guerrera para no abonar ninguna indemnización por los arbitrajes de renovables fallados en su contra. Y puede decirse que la estrategia está funcionando, puesto que de momento ha logrado reducir a la mitad la factura que le reclaman los fondos de inversión, de los 9.000 millones de euros iniciales a menos de 4.500 millones. Objetivo que ha conseguido a base de mantener vivos los procesos, incluso después de emitirse el laudo, y de utilizar en su favor todos los argumentarios jurídicos.
El último y largo proceso que el Reino de España se resiste a dar por sentenciado es el arbitraje por renovables abierto por las empresas Hydro Energy e Hydroxana Sweden. Los dos fondos de origen sueco plantearon una denuncia de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi) en octubre de 2015. Reclamaban 132 millones de euros como compensación al quebranto sufrido, al igual que otras compañías, por el recorte de primas de los sucesivos gobiernos. El cálculo de la cantidad exigida, que ascendía a cerca de 150 millones con costas e intereses, obedecía a la inversión que hicieron en 33 centrales de producción hidroeléctrica.
En agosto de 2020 la corte del Banco Mundial desestimó las reclamaciones de ambas empresas, dando la razón parcial a España. No obstante, en su razonamiento los tres árbitros del proceso aceptaban la tesis de fondo planteada por los inversores, según la cual tenían derecho a una rentabilidad razonable en base a la regulación del Tratado de la Energía. Por ello, pese a la modificación en la legislación española, decretaron que los fondos debían percibir una compensación de 31 millones de euros.
España ha tratado de apartar al árbitro propuesto por los demandantes
La Abogacía del Estado reaccionó a este dictamen solicitando la anulación del laudo a las pocas semanas. Desde entonces, lleva año y medio pleiteando ante el Ciadi y rechazando cualquier solicitud de conformidad con el objetivo de evitar su ejecución. Los servicios jurídicos pretenden hacer valer la defensa esgrimida bajo la dirección de Francisco Javier Torres Gella, abogado del Estado hoy al frente de la asesoría jurídica de Adif, para dejar sin efecto la indemnización millonaria. Tratará de conseguirlo acogiéndose a la sentencia del TJUE que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en la Unión Europea, doctrina que está siendo aportada ante las distintas sedes internacionales donde se dirimen laudos contra el Ejecutivo.
Para afinar todo lo posible su estrategia en la recta final del proceso, el Gobierno ha cerrado recientemente la contratación de dos prestigiosos despachos de abogados estadounidenses con el propósito de conseguir un fallo completamente favorable para los intereses nacionales. La defensa de la parte demandante recae desde el origen del conflicto en Three Crowns y Gómez-Acebo & Pombo, que han rechazado pronunciarse sobre este proceso.
Según la información confirmada por este medio, se ha puesto en las expertas manos de Sovereign Arbitration y Williams & Connolly, dos firmas especializadas en procedimientos arbitrales, para defender a España en Estados Unidos. La Abogacía del Estado no puede desempeñar su labor fuera del territorio nacional, de ahí que haga estas contrataciones cuando los demandantes piden la ejecución de un laudo. Un asunto muy delicado si se tiene en cuenta que el convenio del Ciadi establece que los tribunales deben hacer todo lo posible por cumplir los fallos y evitar impugnaciones sustantivas.
Así, tras meses de vistas y reuniones, denunciantes y denunciado subieron el tono en los últimos compases del 2021 con la presentación de sendas memorias justificativas y escritos de nulidad. El último movimiento realizado por España se registró a mediados de octubre, cuando elevó una propuesta de recusación para sacar del tribunal a Wendy Miles, la árbitra neozelandesa propuesta por Hydro Energy e Hydroxana Sweden para el comité ad hoc que se creó a raíz de la solicitud de anulación. No obstante, la propuesta fue rechazada por el resto de miembros en diciembre. Por tanto, no se ha escrito todavía el último capítulo.
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