España no ha atendido el ultimátum de dos meses que dio Bruselas en noviembre de 2019 para presentar un plan de gestión de residuos nucleares ajustado a los requisitos comunitarios. El plazo formaba parte de un dictamen motivado - la segunda fase de un procedimiento de infracción-. Su incumplimiento aumenta la posibilidad de que Bruselas lleve a España ante el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. España, como el resto los países de la UE tenía que haber presentado su programa, a más tardar, el 23 de agosto de 2015. La vicepresidenta de Transición Ecológica, siendo ministra en funciones, se comprometió en el Congreso de los Diputados a tener listo el nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en 2019.
Ninguna de las partes implicadas en el asunto -Ministerio de Transición Ecológica,empresa pública ENRESA y Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)- aclara la situación en la que se encuentra el plan de residuos que tiene sustituir al vigente (VI PGRR), aprobado en el año 2006. Desde entonces ha llovido mucho. Y también ha cambiado el sector energético. Tanto que el Gobierno y las empresas han pactado el fin de la generación nuclear y el cierre de las seis plantas en funcionamiento entre los años 2027 y 2035.
Queda por aclarar dónde y cómo tratar los residuos de una reconversión tan importante. Para eso es clave el nuevo plan que ha elaborado ENRESA y que permanece en forma de borrador. En el Consejo de Seguridad Nuclear no tienen noticias del mismo. Y eso preocupa. Fuentes del organismo explican que los trabajos realizados en los últimos años por el Consejo en la cuestión de los residuos radiactivos se han ajustado al plan que está en vigor. El viejo, el que se aprobó en 2006. El CSN no lo dice, pero el problema es que ese plan está obsoleto y descontextualizado.
El futuro del ATC
Una de las grandes incógnitas es el futuro del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que paralizó el Gobierno de Pedro Sánchez y que iba a acumular la mayor parte de los residuos en Villar de Cañas (Cuenca). El CSN ha elaborado informes sobre la autorización de emplazamiento y tiene avanzado el documento sobre la autorización de construcción. Pero todo, evaluación y conclusiones, está condicionado por el plan de hace 14 años. En otras palabras, no sirve.
El almacén está en el aire, aunque hay facturas que ya se han pagado. Desde 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros en los trabajos en torno al futuro ATC. La mayor parte, el 58%, ha ido a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola. El CSN tradujo a horas los trabajos ya realizados por sus especialistas. El organismo ha empleado en las evaluaciones relativas a la solicitud autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado. Y la tarea sigue pendiente.
El único paso concreto que ha dado el Gobierno hasta la fecha para encarar la nueva situación en el sector nuclear es la aprobación, en diciembre pasado, de la tasa que pagan las compañías eléctricas para financiar el desmantelamiento de las centrales. La nueva tarifa desde el 1 de enero es de 7,98 euros por megavatio/hora producido, un 19,2% por encima de lo que venían aportando a Enresa para gestionar los residuos. Endesa, Iberdrola y Naturgy aportarán así en torno a 480 millones anuales, según el acuerdo para el cierre ordenado del parque. El fondo que gestiona Enresa acabó 2019 con 6.400 millones de euros. Pero debe llegar a los 15.000 millones de euros para cubrir el plan de cierre.
Cómo abaratar costes
El borrador del nuevo plan de ENRESA para hacer frente a lo que se viene encima prevé resucitar el ATC para abaratar el coste de gestión de los desechos. El almacén entraría en operación en 2028, aunque no necesariamente en el lugar previsto hasta ahora. En todo caso, la aprobación del VII Plan de Residuos permitiría encauzar una situación que, según los datos de Foro Nuclear ha costado 1.778 millones entre 2010 y 2018 y que costará otros 1.486 millones entre 2019 y 2022.
Los planes para impulsar el apagón nuclear y las fórmulas para financiarlo inquietan, además de a las empresas, a los municipios que reciben ayudas por su cercanía con centrales nucleares y almacenes de residuos. Los representantes de los 60 municipios agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), con cerca de 40.000 habitantes, han llevado sus inquietudes ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y ante Enresa.
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