La España vacía impulsa cajeros 'marca blanca' contra la exclusión financiera

En los últimos diez años las entidades financieras han cerrado casi la mitad de las oficinas, reduciendo el tamaño de la red bancaria española por debajo de las 25.000 sucursales. Esta situación, consecuencia del proceso de ajuste que ha emprendido el sector a raíz de la crisis, ha dejado a miles de pueblos y localidades españolas sin acceso a un banco y sin la posibilidad de retirar efectivo. En total, la exclusión financiera afecta a 1,5 millones de personas en España, según un estudio de Aproser, la patronal de las empresas privadas de seguridad.

Para resolver esta situación, algunos gobiernos autonómicos, así como diputaciones provinciales y ayuntamientos, han puesto en marcha diversos proyectos, a veces de la mano de entidades financieras y otras veces en solitario, que permiten combatir la exclusión financiera mediante la instalación de cajeros de 'marca blanca' en las localidades afectadas: un total de 4.196 municipios, el 52% de los que hay en España.

En estos casos, son las autoridades públicas las que se hacen cargo de parte o de la totalidad de los costes anuales de mantenimiento de los cajeros, que oscilan entre los 28.000 y los 30.000 euros anuales, así como de las comisiones asociadas a las retiradas de efectivo. Muestra de ello es que, en la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha sacado a licitación por 7 millones de euros el contrato para la instalación de cajeros automáticos en un total de 120 municipios y pedanías que no disponen de servicios financieros durante cuatro años.

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Una situación similar ocurre en Galicia, donde la Xunta ha aprobado dotar a los 41 ayuntamientos gallegos con exclusión financiera de cajeros automáticos. También se han emprendido iniciativas en colaboración con la banca. En Badajoz, la Caja Rural de Extremadura ha instalado cajeros en 29 localidades y es la Diputación la que corre con el gasto de la instalación, el alquiler del cajero y el mantenimiento durante cinco años, mientras que en Caja Rural de Granada ha hecho lo propio en un total de 36 pueblos de esta provincia.

Por su parte, CaixaBank -que este año ha acordado con sus sindicatos el cierre de unas 800 oficinas bancarias- ha instalado cajeros automáticos en un total de 12 municipios pequeños de Tarragona en los que los gastos se distribuyen al 50% entre el grupo bancario y el consistorio de la localidad. Fuentes financieras no descartan que más entidades del entorno Ceca (la patronal de las antiguas cajas) se sumen a iniciativas similares, en las que los cajeros puedan resultar rentables para el sector si solo deben asumir el 50% de sus costes. Bankia ya cuenta con un servicio de oficinas móviles, denominado ofibus, con el que da servicios a las localidades en riesgo de exclusión financiera.

Con este tipo de proyectos se trata de dar acceso al millón y medio de personas en exclusión financiera a los servicios bancarios y al dinero en efectivo, un método de pago que, pese al auge de las tarjetas, crece un 1,9%, según los datos que maneja Aproser, asociación que agrupa a las empresas privadas, como Prosegur o Loomis, encargadas de transportar los billetes y monedas que nutren el conjunto del sistema. En concreto, los furgones de estas compañías mueven cada trimestre 38.480 millones de euros -algo menos del 4% del PIB español- a razón de cerca de 3.000 millones semanales, según datos facilitados por el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas.

Cobas defiende firmemente el uso del dinero en efectivo frente a los pagos digitales y hace especial énfasis en el ámbito de la privacidad, pues este método de pago no requiere la divulgación de información personal entre las partes involucradas en cualquier tipo de transacción. Además, ensalza su seguridad frente a ciberataques y destaca que facilita un mayor control del gasto, pues las transacciones digitales no son visuales.