La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding público que aglutina las principales empresas propiedad del Estado, reconocía en sus últimas cuentas anuales consolidadas (2017) haber destinado más de 800 millones de euros a provisiones para cubrir la responsabilidad del Estado sobre la situación patrimonial de un grupo de empresas públicas en serios problemas financieros y más de 200 millones a aportaciones para compensar el impacto de "las pérdidas recurrentes" en el capital de empresas como Navantia o Hunosa, que sin ese respaldo externo entrarían en situación técnica de quiebra.
La cifra no muestra más que la punta del iceberg del coste financiero que el entramado empresarial público tiene para las arcas de la Administración. La información sobre el cierre contable del ejercicio de 2018 que el Ministerio de Hacienda acaba de remitir a Bruselas desvela que las Administraciones Públicas se vieron obligadas a inyectar el año pasado 3.408 millones de euros en las empresas públicas de su titularidad para impedir su quiebra inminente.
Estas 'operaciones de rescate' tienen la singularidad de ser invisibles a los ojos de la contabilidad presupuestaria, ya que se ejecutan a través del capítulo VIII del Presupuesto y se apuntan a la cuenta de activos financieros de la Administración que las ejecuta, pero la Comisión Europea obliga a aflorarlas dentro del reporte semestral que los países bajo vigilancia deben remitir a las instituciones europeas, según explican fuentes conocedoras del procedimiento.
Las razones son dos, básicamente: la primera, como precisan desde el Ministerio de Hacienda, es conocer el detalle de los ajustes que justifican las diferencias entre el saldo presupuestario de caja y el de Contabilidad Nacional (el que exige Eurostat); la otra, conocer los riesgos asumidos por las Administraciones Públicas en su gestión presupuestaria, ya que la cobertura patrimonial de una sociedad en riesgo de quiebra no es una situación aséptica para las cuentas públicas.
Entre las inyecciones de capital ejecutadas de forma directa por el Estado y las aportaciones realizadas por SEPI, el año pasado la situación de las empresas propiedad del Estado pasó una factura superior a los 1.800 millones de euros, sensiblemente superior a la de los dos años anteriores. Las comunidades autónomas también tuvieron que sufragar operaciones de rescate por 1.590 millones de euros, en tanto que la factura para los ayuntamientos -con una situación financiera bastante más saneada que el resto de los niveles de la Administración- fue de 191 millones de euros.
La recuperación económica, respaldada por tres ejercicios consecutivos con crecimientos del PIB superiores al 3%, no ha servido para mejorar la situación patrimonial de la red empresarial pública, a juzgar por los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. La factura global de estas operaciones de salvamento ejecutadas por las AAPP fue en 2018 sensiblemente superior a la de los dos ejercicios anteriores. Sólo en 2015, con la reactivación económica aún en ciernes, la delicada situación patrimonial de las empresas públicas pasó una factura mayor: 5.265 millones de euros.
Según la información oficial proporcionada por Hacienda, las Administraciones Públicas han inyectado en los últimos cuatro años cerca de 15.000 millones de euros en el capital de sus empresas públicas menos rentables, engrosando la deuda pública y metiendo presión al déficit reportado anualmente a la Comisión Europea.
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