El Estado ingresará previsiblemente este año más de 15.000 millones de euros de todos los impuestos y cánones con que grava la actividad eléctrica en España, sin incluir el Impuesto de Sociedades. La cifra supone el doble de lo que las grandes compañías eléctricas españolas ganaron en 2020. Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP obtuvieron unos beneficios después de impuestos de 6.742 millones de euros el pasado año -Naturgy en concreto tuvo pérdidas de 347 millones de euros-.
Sin embargo, la diferencia puede ser aún mayor porque en los beneficios de las eléctricas mencionadas se incluyen sus filiales fuera de España. Según un informe realizado por Deloitte sobre los ejercicios de 2017 a 2019 de las principales compañías, éstas obtuvieron unos beneficios después de impuestos en 2019 de 2.382 millones de euros en distribución eléctrica, y perdieron 181 millones en generación y comercialización. De modo que, si se hubieran mantenido esas cifras para el ejercicio 2020 o el actual, el Estado ganaría entre cinco y seis veces más que las principales eléctricas
Para realizar el cálculo del peso del Estado en el sector eléctrico basta con sumar la recaudación prevista de cada uno de los impuestos. Por ejemplo, el Estado grava con un 7% el llamado Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE). Es un tributo directo creado en 2012 que grava "la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica". Este año, incluso teniendo en cuenta que –si se cumple el anuncio del Ejecutivo- no se aplicará en el último semestre del año, la cifra rondará los 850 millones de euros, explica a este diario Jorge Sanz, experto de la consultora Nera Economic Consulting que presidió la Comisión de Expertos para la Transición Energética y fue director general de Política Energética y Minas.
A ello hay que añadir otro tributo que el Estado cobra a las compañías eléctricas, el "canon hidráulico" que grava directamente los ingresos –no los beneficios– de la producción hidroeléctrica. Ese canon se aplica por utilizar las aguas continentales, un recurso que es de dominio público. Se lleva el 25,5%% de los ingresos de las centrales hidráulicas y equivaldrá este año a unos 420 millones de euros, afirma Sanz. Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy tienen plantas de energía hidráulica por toda España.
Después viene el Impuesto Especial al consumo de la electricidad. Se carga en todas las facturas y su origen es muy antiguo. Antes de ser formalmente un impuesto, el Estado lo creó como recargo en las facturas eléctricas para subvencionar la minería del carbón, pero la Unión Europea calificó el recargo de ilegal porque no se podía subvencionar a ese sector con recursos al margen de los Presupuestos Generales del Estado. A finales de los años 90, el recargo se convirtió oficialmente en un impuesto. Recaudará este año en torno a 1.500 millones de euros, según los cálculos de Sanz. El Estado obtiene dicha cantidad y se la transfiere a las comunidades autónomas, que también se llevan su parte en la factura eléctrica.
Además, hay que añadir la recaudación de los derechos de emisión de CO2. Para desincentivar que las empresas eléctricas utilicen tecnologías contaminantes, la UE exige comprar derechos por cada tonelada de CO2 emitida (actualmente el precio por tonelada es de 61 euros). Según Manuel Fernández Ordóñez, analista de estrategias energéticas y directivo de Tecnatom, en algunos días a finales de agosto las centrales contaminantes emitieron 2.500 toneladas de CO2 cada hora.
La Comisión Europea (CE) recauda los derechos de emisión a los sujetos obligados a comprar dichos derechos por utilizar energías como el gas, el fuel o el carbón, es decir, las compañías eléctricas. Después, la CE se queda el 10% de la recaudación y transfiere a cada país el 90% restante. A los precios de este año, según los cálculos de Sanz, el Estado español podría recaudar 3.500 millones de euros.
La energía nuclear también tiene que pagar su cuota al Estado a través de impuestos que gravan la producción y el almacenamiento de los residuos nucleares y este año podrían ser unos 300 millones de euros. Ese impuesto es adicional a la tasa que pagan a ENRESA las centrales para financiar su desmantelamiento y la futura gestión de los residuos, de forma que la tasa y los impuestos se solapan.
Los ayuntamientos, que son parte de la Administración del Estado, también tienen su cuota en la factura de la luz: cobran la tasa de ocupación de la vía pública. Este año por ese concepto las eléctricas podrían llegar a pagar unos 370 millones de euros, según las tablas de Sanz.
Por último, hay que sumar el IVA. Este año, el Estado recaudará en torno a 8.000 millones de euros. En esa cantidad no están incluidos los millones que ha dejado de recaudar por rebajar el IVA del 21% al 10% a los consumidores domésticos en los meses que se supone que estará vigente esta medida (entre junio y diciembre). Si no hubiera bajado el IVA, el Estado ingresaría unos 600 millones de euros más este año.
Según los cálculos de Sanz, si se suman esas cantidades resulta que el Estado podría recaudar en torno a 15.000 millones de euros este año. En ese cálculo no se incluye el Impuesto de Sociedades, que para las empresas suele ser del 25% de los beneficios brutos. Según afirmó esta semana la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera Nadia Calviño, la factura de la luz la van a pagar las eléctricas: "La rebaja de la factura de la luz se pagará con los supuestos beneficios excesivos de las eléctricas". La frase contrasta con hecho de que los ratios financieros de las eléctricas se sitúen por debajo del 3% de media entre 2017 y 2019.
La posibilidad de bajar el IVA al 4% (al tipo superreducido) rebajaría una parte la factura de la luz, pero el Estado dejaría de ingresar una cantidad que podría descuadrar sus cuentas. Como dijo Calviño, "las medidas que tomemos tienen que ser eficaces desde el punto de vista fiscal", sobre todo porque, como reconoció la ministra, "la volatilidad del mercado no la podemos cambiar a corto plazo". También reconoció el impacto que ha tenido en la factura la subida en el precio del CO2: "El alza en los precios del mercado de emisiones de CO2 es el que se esperaba para 2030". Se refería a que, a principios de año, los llamados "derechos de emisión" costaban a las eléctricas 33 euros por tonelada emitida. Pero, a partir del verano, se dispararon. En septiembre han llegado a costar casi el doble: 61 euros.
Una de las razones de esa subida repentina es que, cuando se adquiere un derecho de emisión en el mercado, éste puede utilizarse a lo largo de los siguientes diez años. Dado que la Comisión venía anunciando que sería cada vez más restrictiva en la oferta de derechos, ello significaba que el precio iba a subir. Por ello, los sujetos obligados (empresas eléctricas) han anticipado las compras y, en consecuencia, el precio del derecho se ha elevado actualmente a los niveles que se esperaba alcanzar en el año 2030.
Dado que la Comisión venía anunciando que sería cada vez más restrictiva en la oferta de derechos, las compañías han anticipado las compras. En consecuencia, el precio del derecho se ha elevado a los niveles que se esperaba alcanzar en 2030
Parte de la culpa la tuvo la política de la UE. En 2020, para impulsar la lucha contra el cambio climático, Bruselas establecía que en 2030 las empresas tenían que reducir las emisiones un 40% respecto de los niveles de 1990. Pero, en abril de 2021, la Comisión Europea propuso ampliar ese porcentaje al 55%. Aunque la modificación de los objetivos aún no ha sido aprobada por el Parlamento y el Consejo europeos, la propuesta permitía anticipar que las empresas iban a tener que acelerar su transición. Como respuesta a ese futuro de restricciones, las empresas empezaron a comprar derechos de emisión intensamente, a lo cual se unieron los especuladores puesto que es un mercado abierto donde cualquier persona puede comprar derechos. En enero, cada tonelada de CO2 emitida costaba 33 euros. En abril, 45 euros. Y al mes siguiente, superó los 50 euros.
Para rematar las cosas, el gas subió de precio en los mercados internacionales debido a la alta demanda, sobre todo de China y Japón. El gas se emplea en España para la combustión de las centrales de ciclo combinado, que producen electricidad, así como en muchas industrias y en el sector residencial, para calefacción. El año pasado, un megavatio-hora de gas les costaba menos de 8 euros. Este año ya ha superado los 50 euros, lo cual impacta directamente en la factura de la luz como un efecto dominó.
Puesto que en la producción de energía eléctrica, se da preferencia a las centrales de energías renovables, en el momento en que son insuficientes, van entrando otras centrales. Las de gas son las que entran al final, porque, desgraciadamente, son las más caras. Cuando entran en funcionamiento, fijan el precio final de la luz para todas las centrales del proceso porque al final se trata del mismo producto (megavatios/hora) y es la última tecnología la que da la correcta señal de escasez tanto a los consumidores como a los productores.
Debido a la alta demanda de electricidad en verano (aires acondicionados, recuperación económica) y a que no ha soplado mucho viento, los aerogeneradores no han tenido tanta actividad como en otras épocas. Eso ha incrementado el peso del gas en la factura de la luz. En algunos días, las centrales de gas han sido las que más electricidad han producido en España y las que más caras han salido por el precio internacional del gas y por los derechos de emisión que han alcanzado precios históricos.
En conjunto, todos esos ingresos que el Estado cobra a las empresas eléctricas se llevan la mitad de la factura que cada mes pagan los consumidores domésticos españoles. Por eso, muchas voces presionan al Estado para que elimine impuestos y cargas como fórmula para abaratar la factura para las familias españolas.
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