La Unión Europea ha dado alas a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para resucitar su batalla contra los windfall profits de las grandes eléctricas. De hecho, el último paquete de medidas que ha aprobado este martes la Comisión Europea para atajar la escalada de precios de la energía por la guerra en Ucrania abre la puerta a que sean los grandes grupos energéticos que operan en el territorio comunitario quienes financien el divorcio del gas ruso con los llamados beneficios caídos del cielo.
A la Comisión Europea le salen las cuentas. El documento recientemente aprobado calcula que los Estados miembros podrían recaudar hasta 200.000 millones de euros al cierre de 2022, a través de un hachazo a los beneficios sobrevenidos por los precios desbocados que marca el gas en el mercado internacional, para compensar parcialmente el aumento de las facturas energéticas.
Europa no aporta detalles sobre cómo podrán ejecutar los Estados miembros dicho golpe a los ingresos extras del carbono de los gigantes energéticos. La CE sí especifica que tales medidas no podrán aplicarse de manera retroactiva. También indica que cualquier iniciativa en este sentido deberá ser "tecnológicamente neutra y permitir que los productores de electricidad cubran sus costes y protejan el mercado a largo plazo". El plazo inicialmente previsto para la aplicación de tales recortes arranca este martes y se agota el próximo 30 de junio.
Esta misma mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha reconocido que el mercado energético está "roto". La ministra ha preferido no dar detalles del plan de choque en el que trabaja su ministerio y ha incidido en que cualquier iniciativa de su departamento estará coordinada con los parámetros fijados desde Bruselas. Estos últimos no se han hecho públicos hasta este martes. Fuentes del sector no descartan que el Gobierno pueda convocar un Consejo de Ministros Extraordinario únicamente para dar luz verde al citado plan de acción nacional para frenar la escalada de precios energéticos.
En el caso de España, esta estrategia ya provocó una batalla el Gobierno y las principales energéticas del país el pasado otoño. Tras semanas de alta tensión, la presión del lobby energético logró frenar el decreto ley del dividendo de carbono con el que el Gobierno pretendía recaudar 2.600 millones de euros con cargo a los ingresos extra de estas compañías para abaratar la factura de la luz.
El citado paquete de medidas es conocido en el sector como 'Toolkit 2'. Se trata de una "caja de herramientas" que Europa ha puesto en manos de los Estados miembros para abordar la hecatombe de precios que vive el mercado energético a raíz de la ofensiva militar del Kremlin en Ucrania.
Este conjunto de iniciativas tienen como objetivo principal acabar con la dependencia del mercado comunitario de los combustibles fósiles rusos en 2030. El documento indica que el 40% del gas que se consume actualmente en Europa procede de la antigua potencia soviética. El porcentaje se sitúa en el 27% en el caso del petróleo y en el 46% en el del carbón.
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