Más de un mes después del primer toque en la espalda desde Bruselas, el Gobierno se resiste a aplicar una directiva comunitaria sobre protección de datos, parálisis que le cuesta a las arcas españolas 89.000 euros por cada día de retraso. La UE impuso esta sanción al Ejecutivo de coalición el pasado 25 de febrero, con lo que la factura supera ya los 3,2 millones. A esta cantidad hay que sumar una multa de 15 millones por la demora acumulada antes del aviso dado que, en realidad, el Estado tenía que haber incorporado este giro normativo antes de mayo de 2018.
El caso es inédito. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nunca antes había impuesto ambos tipos de sanción pecuniaria simultáneamente en toda la historia comunitaria. De hecho, el caso español pasó de 'mano en mano' entre las instituciones europeas antes de llegar al citado tribunal. En julio de 2018 la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento contra España, por no haber adaptado pertinentemente su legislación pese a haber pasado varios meses desde el vencimiento de la fecha 'tope' -el 6 de mayo de 2018- .
El Gobierno español alegó entonces "circunstancias institucionales muy excepcionales", en alusión a que el Ejecutivo se encontraba en funciones -situación que se prolongó durante más de 500 días- en el momento en que había que realizar el cambio legislativo. El 'tira y afloja' con las autoridades europeas se prolongó durante un año y, en julio de 2019, la Comisión dejó el caso en manos de la Justicia comunitaria. Antes de dar este paso, la CE había concedido un margen 'extra' a España, hasta marzo de 2019, fecha en la que el Ejecutivo de coalición tampoco había movido ficha.
El Ejecutivo europeo exigía para España el pago de importes aún mayores: una multa a tanto alzado de 15,5 millones y otros 89.548,20 euros por cada día de retraso en la transposición del texto legal. El reloj del TJUE empezó a correr el jueves 25 de febrero. En su sentencia, los magistrados europeos argumentaron que dicha sanción coercitiva "supone un medio apropiado para garantizar que el Estado ponga fin, lo antes posible, al incumplimiento declarado". Sin embargo, la medida disuasoria no ha tenido el efecto esperado sobre el Gobierno español que, a fecha de este jueves, sigue sin adaptar su legislación.
El TJUE alegó que la sanción coercitiva de 89.000 euros buscaba evitar que eventuales reincidencias del Gobierno español amenazasen la plena efectividad del Derecho europeo
No fue hasta el pasado 9 de febrero cuando el Consejo de Ministros dio el primer paso para regular el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. El Gobierno aprobó entonces un proyecto de ley para regular el uso de este tipo de información especialmente delicada. El texto introducía la directiva europea pero, pese a que el Ejecutivo optó por la vía de urgencia para tramitar el proyecto de ley, fuentes cercanas al Congreso aseguran que, a día de hoy, el cambio no se ha hecho efectivo.
La citada directiva busca facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros en la investigación de aquellos delitos que pudieran cometerse dentro del territorio europeo. Entre los mandatos que recoge el documento comunitario se encuentra el establecimiento de plazos "apropiados" por parte de los Veintisiete a partir de los cuales, las autoridades deberán suprimir los datos de sus ficheros o, al menos, revisar de forma periódica la necesidad de su conservación.
En su alegato, los jueces europeos argumentaron que los cerca de 90.000 euros diarios de sanción coercitiva buscaban evitar que el Gobierno español reincidiera en el futuro en "infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la Unión Europea". Pese a que al Ejecutivo no le quedará otra que acarrear con las consecuencias de su inmovilismo, el caso ha servido para modificar el sistema español en cuanto al proceso de trasposición del derecho europeo. En febrero, el Gobierno de coalición dio luz verde a un pacto para agilizar la estos trámites en un plazo de tres semanas para estudiar e implementar las directivas comunitarias, estrategia que empezará a aplicarse a partir del próximo 1 de septiembre.
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