La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) se prepara para utilizar los poderes que ha recibido a través del último mandato de Bruselas. A falta de superar el trámite parlamentario para dar al Real Decreto rango de ley, el supervisor de los mercados que dirige Cani Fernández dispondrá, entre otras facultades, de la capacidad de interrogar a directivos y empleados de empresas sin ni siquiera haber incoado expediente de sanción.
Es una de las principales novedades que introduce la transposición de la directiva ECN+, una orden de Europa que lleva tiempo sobre la mesa del Gobierno y que se aprobó con urgencia como Real Decreto a finales del pasado mes de abril. Ahora mismo, la normativa debe superar la tramitación parlamentaria, cuyo plazo para presentar enmiendas al texto final termina este mismo miércoles, siempre y cuando las fuerzas políticas no pidan una prórroga.
Sin duda, la principal herramienta será la capacidad de llevar a cabo interrogatorios a las empresas y los trabajadores de las mismas, ya sean directivos o empleados rasos, que la CNMC esté investigando. Patricia Liñán, socia del despacho de abogados Écija y experta en Derecho de la Competencia, explica que estos interrogatorios se pueden realizar sin haber incoado previamente un expediente sancionador.
Se trata de una de las grandes diferencias respecto a la legislación anterior, cuando las empresas tenían obligación de colaborar con la CNMC una vez abierta oficialmente la investigación, es decir, cuando se hubiesen recabado indicios. Las fuentes del sector legal consultadas explican que la nueva ley es "exhaustiva", pero también que el proceso guarda todas las garantías. Entre otros aspectos, la normativa impide al compareciente declarar contra sí mismo ni tampoco admitir la comisión de una infracción de la normativa de competencia.
Todos los interrogatorios ("entrevistas", siguiendo el eufemismo de la nueva normativa) se realizarán en las dependencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aunque también podrán realizarse en la sede de una empresa o entidad siempre que lo solicite la propia CNMC. Deberá quedar constancia de las declaraciones en las distintas actas, que tendrán carácter público y validez como prueba judicial.
La necesidad de reforzar a la CNMC era patente, sobre todo, después de conocer distintos informes elaborados por el Tribunal de Cuentas, que ponían en duda la labor del supervisor de los mercados. El órgano supremo fiscalizador reveló que buena parte de los 1.000 millones en multas impuestas entre 2017 y 2018 - años en los que su máximo responsable era José María Marín Quemada - no habían sido cobradas. Es más, nueve de cada diez de estas sanciones ni siquiera podían ser materializadas porque habían sido tumbadas en la vía judicial.
Consultoras y energéticas, en el ojo del huracán de la CNMC
La nueva normativa se aprobará tras un año intenso para la CNMC, en el que ha multiplicado sus esfuerzos para plantar cara a todo tipo de cárteles. Su última gran operación: una multa de 6,3 millones a 22 consultoras por fraude en 172 concursos, que además se saldó con sanciones personales a directivos. El supervisor consideró probado que las "ofertas de cobertura" de estas consultoras, bautizadas internamente como'el cártel de Bilbao', elevaron el precio de muchos procesos públicos con coste directo para los presupuestos.
Pero no ha sido la única actuación. El pasado mes de marzo incoó un expediente sancionador contra Repsol por incumplir los requisitos de contratación de sus clientes. El motivo: la filial del gigante energético habría llevado a cabo cambios de comercializador sin contar con el consentimiento de los usuarios y sin dar previo aviso. Poco antes ya había hecho lo mismo con Endesa, a quien, en este caso, impuso una sanción de 300.000 euros porque ya acumulaba tres infracciones graves.
La lista de investigaciones se ha extendido en los últimos meses. Con fecha 15 de abril de 2021, Competencia incoó un expediente sancionador contra una filial del grupo Santa Lucía (Albia Gestión de Servicios, S.L.U.) por no haber notificado la operación de compra de la funeraria Tanatorios Móstoles en octubre de 2019. La compañía había llevado a cabo un proceso de concentración sin contar con la preceptiva autorización de la CNMC, en una artimaña conocida dentro del sector como “gun jumping".
Con motivo del coronavirus, la CNMC se ha visto obligada a inspeccionar otros ámbitos hasta ahora inexplorados. La entidad decidió en marzo del pasado año, cuando la pandemia había paralizado el país, habilitar un buzón de denuncias y consultas relacionadas exclusivamente con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del Covid19. Se trataba de un canal específico para cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en un momento en el que las empresas podrían aprovechar para abusar de su posición dominante. Tres meses después, comunicó que habían recibido más de 500 quejas en dicho canal de denuncia.
A falta de conocer el volumen de sanciones al cierre de 2020, la última memoria anual de la CNMC revela que el monto total de multas impuestas por cárteles fue 172,6 millones de euros, si bien otras conductas prohibidas por la ley de competencia comportaron multas por un total de cerca de 259 millones de euros.
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