Alberto Terol y los consejeros independientes de Indra cesados y dimitidos se revuelven y avisan en unas cartas enviadas al secretario del consejo que su salida no está justificada por motivos concretos más allá del intento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de tomar el control de la compañía tecnológica y de defensa. Todos apuntan a un potencial acuerdo de concertación con Sapa y Amber Capital mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pone todos los focos sobre la crisis de gobierno.
Estas cartas son, al menos en teoría, muy tenidas en cuenta por parte de la CNMV, que había reclamado a la empresa el pasado viernes que cumpliera con la publicación de las mismas para dar la oportunidad a los accionistas minoritarios de conocer la posición de los cesados. Pese a que se barajaba la posibilidad de que sólo se hiciera un hecho relevante reflejando las ideas principales de las cartas remitidas al secretario, Guillermo Guerra, finalmente se han enviado los documentos al completo. Cumple así con la recomendación del Código de Buen Gobierno de la CNMV.
Terol insiste en que no se han ofrecido motivos por parte de Sepi y Sapa para su cese. Se agarra a las palabras del promotor de su salida y del resto de consejeros independientes durante la junta, Amber Capital. Ante la potencial existencia de un pacto de concertación, se pregunta por quién ha podido aportar esa visión sobre la posible inestabilidad en el consejo si no formaba parte del mismo. Apunta a que Sapa no contaba con representación en el consejo, por lo que debería desconocer la dinámica del mismo. Y también hace mención a si se ha podido hurtar información importante a dicha junta y al resto de los accionistas habida cuenta de que Amber admitió que informó en días previos a socios relevantes sobre su intención de promover el cese.
El que fuera el 'jefe' de los independientes ha circunscrito en su misiva las discrepancias relevantes a tres temas concretos: el veto al nombramiento como consejera independiente de Rosa García Piñero, directiva de Alcoa, por parte de Sepi; el cese de Fernando Abril-Martorell, y el intento de nombrar a Marc Murtra como su sucesor con poderes ejecutivos. Lamenta que lo que él entiende como "defensa de las mejores prácticas de buen gobierno" sea interpretado como "falta de cohesión y estabilidad".
Tanto él como el resto de consejeros tratan de poner el foco en la 'toma de control' de la Sepi como principal causa real para su cese en la junta del pasado jueves y descartan que exista una "falta de idoneidad". Sin decirlo abiertamente, en todas las cartas -al margen de la de Silvia Iranzo, que acaba de fichar por Técnicas Reunidas como independiente dos días después de su dimisión- sobrevuela la acusación velada de una potencial concertación entre los tres accionistas. La CNMV aún no se ha pronunciado y se ha limitado a llevar a cabo varios requerimientos de información.
Sin información al resto
Carmen Aquerreta, cuñada de Terol, nombrada a instancias del que hasta hace poco fuera consejero independiente coordinador de Indra, vuelve a poner el dedo en la llaga sobre un posible pacto entre Amber Capital y la Sepi. Insiste en que la gestora fundada por Joseph Oughourlian compró acciones con tiempo suficiente para informar no sólo a algunos accionistas sino a todos de su intención de proponer los puntos fuera del orden del día que provocaron los ceses, algo que no hizo. "Parece que tres accionistas con el 38% del capital han tomado conjuntamente una serie de decisiones para expulsar del consejo a cinco independientes que ejercían su independencia en un momento estratégico para Indra en que se van a plantear decisiones críticas para su futuro", concluye.
Otra de las cesadas es Ana de Pro también señala un potencial acuerdo entre los tres accionistas que votaron las salidas. La exconsejera insiste en que la Sepi debía haber comunicado a sus representantes y, posteriormente, al resto del consejo las intenciones de Amber Capital. Con esto se habría cumplido la recomendación 4 del buen gobierno, facilitando el trato semejante a todos los accionistas, informándoles con una mínima antelación a la junta general. "A resultas de estas actuaciones se han incumplido las recomendaciones sobre buen gobierno en perjuicio de los accionistas minoritarios, que son la mayoría del accionariado", apostilla.
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