La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre dos años y medio y cinco años de cárcel y a multas de entre 25 y 55 millones de euros a los cinco expropietarios de Idental y al administrador de la empresa por cometer un fraude millonario a la Seguridad Social y ha exonerado al séptimo procesado en la causa.
Según ha informado este viernes la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto las penas de tres años de prisión y multa de 25,6 millones de euros a los propietarios del grupo iDental entre febrero de 2005 y octubre de 2017, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco.
También ha condenado a cinco años de cárcel y multa superior a los 55 millones a los posteriores dueños de la compañía -entre 2017 y 2018- Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López. Los magistrados, también consideran colaborador al administrador José Luis González Sánchez, y le condenan a dos años y seis meses de prisión y una multa de 36,7 millones de euros.
La sentencia, que aplica a los seis condenados la atenuante simple de dilaciones indebidas, establece que deberán indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con la cantidad dejada de pagar durante su gestión: 8,5 millones de euros en el caso de Pellicer y Castañer y 18,3 millones en el de los otros cuatro condenados.
Los magistrados absuelven con todos los pronunciamientos favorables al séptimo acusado en el juicio, Domingo Bejarano, para el que la Fiscalía solicitaba tres años de cárcel por actuar como testaferro de los dueños.
Los jueces explican que el grupo iDental estaba formado en el periodo comprendido entre febrero de 2015 y octubre de 2018 por varias sociedades relacionadas entre sí que desarrollaban su actividad vinculada a clínicas y talleres dentales.
Una empresa, dos períodos, mismo fin
En el primer período las empresas que conforman el grupo dejaron de pagar las cuotas de la Seguridad social, empleando artificios engañosos, y causaron un perjuicio al erario público de 8.565.486 millones, según la sentencia.
Ya en el segundo período, y tras el nombramiento de José Luis González Sánchez como administrador, los impagos y artificios engañosos persistieron, causando un perjuicio a la Seguridad Social de 18.366.530 euros.
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