Hasta el pasado 17 de junio el tejido empresarial español había recibido cerca de 70.500 millones de euros de financiación procedente de entidades de crédito a través de las líneas ICO, que tienen como principal peculiaridad la ventaja (para los bancos) de que el Estado cubre entre el 60% y el 80% del monto pendiente de devolución en caso de impago. Gracias a ese esquema 53.917 millones de euros prestados por la banca llevan el sello de la garantía estatal. El mecanismo ha funcionado. Todos los dicen: Gobierno, oposición, empresas, entidades financieras y el propio Banco de España. El supervisor del sector bancario va un paso más allá y en su último informe asegura que la financiación del ICO ha permitido no sólo incrementar el flujo de financiación hacia las empresas respecto a lo que se observaba en los meses anteriores sino contener el coste de esa financiación. Las empresas están hoy más endeudadas de lo que lo estaban en marzo, antes de la irrupción de la Covid-19, pero su gasto financiero apenas se ha incrementado por "la caída de los costes de la financiación crediticia".
El Banco de España ha detectado también que, tal vez como consecuencia de esas favorables condiciones de financiación, muchas empresas han hecho los deberes y se han dedicado durante el periodo más duro del confinamiento a alimentar sus depósitos bancarios por lo que pueda venir. "Parece probable que parte de la financiación captada se haya destinado al establecimiento de colchones de liquidez para los próximos meses ante el previsible aumento de sus necesidades de financiación". Los datos recabados por la institución durante el mes de abril - el primero en que estuvo activa la línea ICO -así lo atestiguan y según fuentes financieras os disponibles de los meses de mayo y junio van en la misma dirección.
La financiación proporcionada por el ICO es finalista, desde el punto de vista de que sólo se puede destinar a una serie de finalidades bien tasadas en la ley, pero eso no implica que solo sirva para atender obligaciones ya vencidas. Las empresas que solicitan financiación con garantía estatal sólo pueden destinar los fondos recibidos a lo siguiente: pago de salarios, facturas de proveedores pendientes de liquidar, alquileres de locales, oficinas e instalaciones; gastos de suministros; necesidad de circulante; y cumplimiento de obligaciones financieras o tributarias.
Lo que ha observado el Banco de España, y confirman fuentes del sector financiero, es que las empresas no están solicitando la financiación del ICO para atender únicamente sus necesidades más perentorias - o no sólo la están solicitando para atender éstas - sino también para conformar un 'colchón de seguridad' por si vienen mal dadas en los próximos meses y las necesidades de financiación se les vuelven a disparar como ocurrió durante la fase más dura del confinamiento. Conviene recordar que cuando Gobierno, sector financiero, Banco de España e Instituto de Crédito Oficial negociaron las condiciones en que se prestaría la financiación con cobertura estatal la cuantía de 100.000 millones de euros se determinó previendo las necesidades de liquidez del tejido productivo en los siguientes seis meses, es decir, hasta la vuelta del verano (de marzo a septiembre).
Los datos del Banco de España indican que la puesta en funcionamiento de las líneas ICO ha sido un acicate para los mercados de crédito, justo la gran falla que se produjo en la Gran Crisis de hace una década y que desencadenó la crisis financiera cuyos efectos aún se arrastran a día de hoy. En esta ocasión, en cambio, el crédito a las empresas lejos de retraerse se ha acelerado y el saldo de crédito ha aumentado un 5,8%, y la financiación a los autónomos ha empezado a mostrar una caída mucho menos desacelerada de la que mostraba antes del mes de abril.
El supervisor no duda en atribuir este fenómeno a las líneas ICO. "La oferta de crédito a las actividades productivas se ha visto favorecida por las líneas de avales públicos puestas a disposición de autónomos y empresas a través del ICO, que han permitido que estos agentes se hayan financiado a un menor coste y a un plazo de amortización más prolongado".
A vueltas con la posible ampliación de la línea ICO
Al igual que ha sucedido con otras medidas como los ERTE por causa de fuerza mayor o la prestación de cese de actividad de los autónomos, la convicción de que la crisis desencadenada por la Covid-19 no se va a limitar a un periodo más o menos prolongado de hibernación de la economía y una recuperación casi inmediata y vigorosa, sino que va a tener efectos más prolongados ha abierto también el campo de negociación para una posible extensión de la línea de crédito del ICO.
Las empresas ya han empezado a deslizar que se necesitará más apoyo a la liquidez para lo que viene por delante e incluso desde alguna organización con peso en CEOE como la patronal catalana Foment del Treball ya se ha puesto sobre la mesa la cifra de 70.000 millones de euros. El Gobierno, de momento, parece estar más por la labor de una ampliación más contenida, de unos 50.000 millones de euros, para cubrir las necesidades potenciales de financiación de las empresas hasta final de año. Eso sí, bajo unas condiciones más restrictivas, como ha adelantado La Información.
La idea sería, por un lado, que la garantía pública fuera algo más liviana y que las entidades asumieran un riesgo mayor del que asume en el actual tramo de 100.000 millones de euros para ir inoculando poco a poco cierta normalidad en el mercado de crédito. Un planteamiento que también se comparte desde el Banco de España. Por otro, la financiación se distribuiría con criterios más selectivos y se reservaría a empresas solventes con problemas coyunturales de liquidez o, en la terminología utilizada por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción "a empresas viables".
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