El fiasco del almacén de gas Castor lleva camino de convertirse en la piedra en el zapato para el Gobierno. La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a los bancos Santander, Caixa y Bankia los 1.350 millones que adelantaron para indemnizar a los promotores del proyecto por su cierre en 2014, -ACS y el grupo canadiense Dundee, no resuelve la cuestión clave: ¿quién paga la factura, el conjunto de los contribuyentes vía presupuestos o las empresas y hogares usuarios del sistema gasista? El Ministerio de Transición Ecológica aún no ha tomado una decisión. Pero mintras decide, al Gobierno se le abren nuevos frentes en lo jurídico y en lo político.
El frente político lo encabeza la misma plataforma ciudadana que en 2018 presentó una querella criminal por posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación a exministros y promotores del proyecto. La plataforma está formada por asociaciones como Xnet, 15MpaRato, el Observatori del Deute en la Globalització o el Institut de Drets Humans de Catalunya y ha preparado una proposición de ley para evitar que el Estado asuma las indemnizaciones y recuperar la indemnización pagada a los promotores.
La proposición de ley va a llegar primero al Senado, con el poyo de Compromís y posteriormente al Congreso de los Diputados. Con la proposición, la plataforma exige que sea Escal UGS -la UTE que constituyeron ACS y Dundee para construir el almacén- la que devuelva a las entidades financieras el dinero que adelantaron, y que Enagás, el gestor del sistema gasista que gestionó la deuda del cierre, perdone los intereses, daños y perjuicios, a través de un acuerdo entre las partes.
Acción ciudadana en 2018
Las asociaciones recuerdan que en 2018 promovieron una acción ciudadana con el lema #NoEnMiFactura que logró evitar "in extremis" que el Gobierno incluyera nuevamente en 2019 el mantenimiento del almacén Castor en la factura del gas por un importe de más de ocho millones de euros, tal y como en un primer momento se había planteado en la orden ministerial que establece los peajes -gastos fijos- necesarios para cubrir el funcionamiento del sistema sin generar nuevos déficits.
Mientras se abre el frente político, las empresas -transportistas y distribuidoras- analizan también posibles recursos en el caso de que el Gobierno decida hacer recaer la factura del Castor sobre el conjunto de consumidores y operadores. Las fuentes empresariales y jurídicas consultadas señalan que, una vez declarada por el Supremo la responsabilidad del Estado en el caso, se podría forzar a la Administración a abrir un expediente para depurar responsabilidades entre los gestores y funcionarios que participaron en el contrato para construir el fracasado almacén.
La norma que puede abrir un nuevo frente legal en el caso es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esencia, la ley establece que la Administración responde frente al lesionado con independencia de quien haya causado el daño, pero este no queda impune; al contrario, la regulación de la responsabilidad patrimonial impone a la Administración que exija de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo, culpa o negligencia graves.
En la Audiencia Nacional
Puede ser el capítulo dos del culebrón legal. Hace dos años, la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, archivó la querella de la Plataforma ciudadana del Castor contra exministros, altos cargos y empresarios -Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Ignasi Nieto, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa, Juan Gabriel Cotino, Florentino Pérez y Recaredo del Potro- al entender que no existían indicios de delito en el caso.
El Gobierno dispone todavía de dos meses largos para decir cómo cierra el caso y a quién pasa la factura final. Pero no tiene mucho margen de maniobra. El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre -el que cerró la instalación gasista- detalla que el almacén fracasado está integrado "en el sistema gasista como infraestructura básica y consecuentemente, sujeta al régimen de acceso de terceros a la red y con derecho a una retribución regulada". El almacenamiento fue recogido, además, en el Documento de Planificación de los sectores de la electricidad y del gas 2008-2016, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha de 30 de mayo de 2008.
Hay que cubrir el desgarrón sí o sí. El caso Castor prolonga un funcionamiento discutible del sistema gasista en los últimos años. Sobre el recibo del gas han caído, uno tras otro, los costes derivados de decisiones erróneas en el sector. Está todo, el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, o la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).
