La relación entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homóloga en Hacienda, María Jesús Montero, está abocada a someterse a una nueva prueba de fuego. Los grandes grupos industriales, las compañías con vinculaciones en el sector del gas -con Naturgy a la cabeza- y el Partido Popular, han liderado un cerco masivo alrededor de la vicepresidenta tercera para que comience cuanto antes la negociación con la gestora de las arcas públicas, a fin de levantar un escudo fiscal que proteja a los consumidores del gas antes de que apriete el frío.
La escalada en el mercado mayorista y el reciente cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME) amenazan con tensionar los precios del gas a las puertas del invierno. En los círculos del gas no pasa inadvertida la semejanza entre este escenario y la situación que vive el sector eléctrico. Tampoco la diferencia de trato que han recibido los consumidores de gas frente a los de luz. Cuando los precios de la electricidad empezaron a repuntar, el Gobierno no ha escatimó en esfuerzos para amortiguar el impacto del descontrol del mercado mayorista (pool) en el recibo. El 'plan de choque' del Ejecutivo incluyó un fuerte recorte a las previsiones de recaudación fiscal causado por el paquete de rebajas fiscales impulsado desde el ministerio energético.
Precisamente, el impacto del 'plan de choque' eléctrico en las arcas públicas tensa la cuerda entre Ribera y Montero de cara a negociar nuevas medidas de alivio para los consumidores de gas, según fuentes próximas a la ministra energética consultadas por La Información. La primera sufre un marcaje desde todos los frentes del sector gasista -empresarial, político y social-. La segunda encabeza la defensa del proyecto de Presupuestos del Estado (PGE) para 2022, que este mismo martes arranca su fase decisiva con la votación de miles de enmiendas parciales. La tramitación de los PGE se desarrolla bajo la atenta mirada de Bruselas, una sombra que eleva la presión sobre Montero, más aún, después de que Bruselas haya hundido las previsiones del Gobierno de crecimiento para España, marco que sirve de base a los PGE.
La ministra de Hacienda ya ha asumido un impacto de 2.000 millones de euros derivado del escudo fiscal para los consumidores eléctricos
Ni Ribera ni Montero están en disposición de dar su brazo a torcer sin pelear sus posiciones. La ministra de Hacienda ya ha asumido un recorte considerable a sus perspectivas de recaudación fiscal para respaldar, vía PGE, la estrategia de Ribera para evitar una situación insostenible para el consumidor eléctrico. En el mejor de los casos, el roto rondará los 2.000 millones de euros. Extender este escudo fiscal a los consumidores de gas (ocho millones de españoles según los datos de la patronal Sedigas), obligaría a Montero a rediseñar los PGE con un segundo hachazo a las arcas públicas de dimensiones similares al anterior.
Desde el flanco parlamentario es el Partido Popular quien ha tomado las riendas de la defensa del consumidor gasista. La formación que lidera Pablo Casado registró el pasado viernes una batería de iniciativas parlamentarias, a las que ha tenido acceso este medio, con las que pretende aprovechar la votación de enmiendas parciales al proyecto de PGE para corregir ese trato fiscal discriminatorio. El principal partido de la oposición ha exigido al Gobierno que confirme si está valorando extender las rebajas fiscales a los consumidores de gas.
El partido también ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos petrolíferos (Cores), Juana María Lázaro, para que detalle la situación de las reservas nacionales de gas. Además, el PP ha exigido conocer los planes de contingencia Red Eléctrica y Enagás ante eventuales fallos de suministro de luz y gas. El PP considera que Ribera ha mantenido una posición de "rechazo al gas natural". Sobre esta premisa, los 'populares' han trasladado una serie de preguntas al Gobierno que, en la mayorías de los casos, el Ejecutivo deberá resolver por escrito en le plazo de un mes. De no hacerlo, un miembro del Ejecutivo deberá contestar a dichas cuestiones en comisión.
DOBLE RASERO FISCAL
- El 'plan de choque' eléctrico incluye la rebaja, hasta hasta final de año, del IVA aplicable al recibo de la luz al 10%, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recorte del Impuesto Especial sobre la Electricidad desde el 5,1% hasta el 0,5%. Ahora, el gas exige ampliar a sus consumidores la abajada del IVA -ahora establecido en el 21%-, y recortar el Impuesto Especial de Hidrocarburos.
Para Transición Ecológica, dejar a millones de consumidores de gas al margen de las rebajas fiscales supone persistir en un agravio comparativo que ya ha soliviantado a gigantes de la industria como Naturgy, cuya relación con el Gobierno apenas se había visto erosionada por la batalla derivada de la reforma eléctrica. Con la proximidad del invierno, las previsiones del mercado español Mibgas encienden las demandas del sector. Si en noviembre del año pasado el precio del megavatio hora oscilaba en el entorno de los 13 euros, los futuros para el próximo mes de diciembre se sitúan en 76,76 €/MWh. Este lunes, el precio en el Mibgas superó los 79 €/MWh, es decir, subió un 0,3% desde el viernes.
Fuentes del sector insisten que España tiene garantizado el suministro de gas para el próximo invierno, pese al cierre del gasoducto del Magreb, aunque admiten que esta circunstancia sí amenaza con tensionar aún más los precios. Precisamente, la petición de los 'lobbies' del gas supera en calendario el paquete fiscal del sector eléctrico, pues entienden que el Gobierno deberá mantener cualquier eventual medida de alivio hasta el final del primer trimestre de 2022, pues es entonces cuando remite el frío y con este la demanda de gas.
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