La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha colisionado con dos nuevos frentes de oposición que complican la aprobación de su nueva reforma eléctrica. Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han mostrado su contundente rechazo al tercer real decreto que ha ideado el departamento que dirige Ribera para tratar de rebajar la tarifa de la luz a través del coste de las renovables primadas, según varias fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por La Información.
Ribera tiene previsto posponer cualquier ajuste hasta conseguir un acuerdo rotundo. Transición Ecológica entiende que el 'no' de la formación catalana es de por sí un escollo casi insalvable para la tramitación del tercer real decreto. Pero la eventual oposición en la Cámara de sus socios de Gobierno supondría tumbar definitivamente una medida que Ribera aspiraba a aprobar en el Consejo de Ministros de este lunes. El temor a otra escalada de tensión, el riesgo de un frente judicial y la amenaza de un batacazo en sede parlamentaria, alimentan la precaución de la vicepresidenta tercera, según fuentes próximas al ministerio.
La última baza del ministerio energético también cuenta con un aliado inesperado. Al menos a priori, el Partido Popular ve con buenos ojos la nueva reforma que plantea Transición Ecológica, siempre que no se convierta en una alternativa a la rebaja fiscal y de cargos regulatorios ya aprobada, según han trasladado fuentes del PP en conversaciones con La Información. El partido que lidera Pablo Casado critica, no obstante, que el Gobierno haya previsto para este tercer real decreto una vigencia de solo un año, algo que choca con las necesidades de la industria y el tejido productivo que, según los 'populares', demandan planteamientos estables a medio y largo plazo.
La reforma en ciernes plantea rebajar tanto la tarifa regulada (PVPC) como el recibo de la gran industria, al emplear una parte de la energía producida por las renovables subvencionadas (que operan en régimen Recore) para cubrir la demanda de ambos grupos de consumidores. Estas instalaciones primadas recibirían por su energía una retribución inferior a la que se está pagando en el pool (que roza la barrera de los 200 euros/MWh), pero superior a lo que anticipaban las estimaciones previas a la actual coyuntura alcista (alrededor de 50 euros/MWh). En concreto, la propuesta del ministerio promete una retribución de entre 57 y 60 euros/MWh para las renovables que desvíen parte de su producción para abaratar el PVPC y aliviar a la gran industria.
La nueva fórmula que ideada por el ministerio energético cuenta con el apoyo de varios de los principales grupos energéticos del país, como Iberdrola, Endesa, EDP o Naturgy, que acogieron de buen grado una medida que apenas afectará a sus cuentas. Dentro del frente empresarial, la reforma ha chocado con dos rompientes: Acciona y las pequeñas comercializadoras. Buena parte de las instalaciones de generación del gigante en manos de la familia Entrecanales está próxima a alcanzar la fecha tope para salir del Recore -donde la rentabilidad está acotada por máximos y mínimos-, o lo que es lo mismo, está a punto de volver a operar en mercado. En el actual escenario de precios, esto supone rebajar sus expectativas de retribución de los 170 euros /MWh promedio que se están pagando ahora en el pool a los cerca de 60 euros /MWh que promete el Ejecutivo.
La prudencia de Ribera mantiene la 'calma chicha' en el sector, pero convierte en inalcanzable la promesa de Sánchez de que los españoles paguemos este año por la luz lo mismo que en 2018
Las pequeñas comercializadoras (conocidas como 'independientes' en la jerga del sector) temen que si se abarata la tarifa regulada se produzca un trasvase de clientes desde el mercado libre, donde estas operan ofreciendo al consumidor un precio fijo, hacia el mercado regulado. Por ley, este último lo monopolizan las ocho comercializadoras de referencia, la mitad de las cuales están en manos de los cinco grandes grupos energéticos del país: Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies (antes EDP Residencial) y Repsol. Muchas de estas firmas tienen su sede en Cataluña, como Audax, Factorenergia, Holaluz o Nexus Energía, lo que habría favorecido la alineación de ERC en contra de la nueva medida, según las fuentes consultadas.
El conjunto de comercializadoras independientes ven en la última propuesta de Transición Ecológica una regresión en el proceso de liberalización. Fuentes de Unidas Podemos se han mostrado cautelosas a la hora de valorar el real decreto y han aludido a divergencias puntuales con la reforma de la ministra socialista, en conversaciones con este medio. Por el momento, la prudencia de Ribera alarga la 'calma chicha' en el sector en la misma medida en que convierte en inalcanzable la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los españoles paguen este año por la luz lo mismo que en 2018.
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