De salir adelante, el 'hachazo' a las hidráulicas y nucleares que sugiere el Ministerio para la Transición Ecológica dejará dos grandes damnificadas: Iberdrola y Endesa. El anteproyecto de ley que ha elaborado el departamento que dirige Teresa Ribera busca poner coto a la retribución de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 anteriores a 2005, a través de un mecanismo de minoración de la sobrerretribución que reciben las empresas propietarias de estas plantas. La propuesta ha puesto en guardia al 'Ibex eléctrico', que anticipa un roto multimillonario. En el caso de la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán y el grupo que preside José Bogas, la aplicación del recorte que plantea el ministerio pone en jaque 1.500 millones de ingresos.
Tal y como anticipó ayer la respuesta de los mercados, la nueva norma impactará con más fuerza en aquellas compañías con más exposición a estas dos fuentes de energía. Iberdrola y Endesa llevan años acaparando más del 70% de la potencia nuclear e hidráulica de todo el país. En caso de que el anteproyecto de ley -que el Consejo de Ministros debate este martes-, siga su curso y entre en vigor este año, el recorte al dividendo de carbono (como se denomina esta retribución) que plantea el ministerio, al precio actual de la electricidad, podría ascender a 2.000 millones de euros para el conjunto de las energéticas que operan en estas centrales. En este último grupo destacan también Naturgy y Acciona.
El debate sobre el anteproyecto de ley de Transición Ecológica coincide con la entrada en vigor este 1 de junio de la nueva factura de la luz, otra de las apuestas del ministerio de Ribera, que conllevará un encarecimiento del recibo eléctrico para, como mínimo, 10 millones de consumidores que según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) firmaron un contrato con discriminación horaria. El último giro que ha pilotado la ministra del ramo busca contener la subida del precio de la luz, que en mayo registró máximos históricos, y cuya escalada se ha visto alimentada, precisamente, por el encarecimiento de las emisiones de CO2.
El torpedo a la sobrerretribución de los costes de las eléctricas ha reabierto viejas heridas y ha roto la buena sintonía que ha marcado la relación entre las grandes energéticas y el Ejecutivo desde que, hace casi dos años, culminó la última reforma energética. La idea no es nueva. El modelo que el Gobierno someterá a votación en el Consejo de Ministros de este martes sigue la estela de la intervención que acometió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Una norma que los gigantes del sector lograron tumbar en 2009 tras una larga cruzada con las autoridades.
En concreto, la propuesta legislativa que ha elaborado el departamento de Teresa Ribera supone una adaptación del RD-Ley 11/2007, que ya recogía la minoración de los ingresos extras que se anotan las eléctricas por trasladar al precio de la electricidad el coste de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente, puesto que no son emisoras de los mismos. En el contexto de la ley de 2007, el 'mordisco' del Gobierno a los ingresos extras de las eléctricas relativos al año 2006, superó los 1.000 millones, 750 de los cuales correspondieron a Endesa e Iberdrola. Aunque la norma solo estuvo en vigor dos años, el modelo fue avalado en 2013 por la Justicia europea.
El plan de Ribera sigue la estela de una ley del Gobierno de Zapatero que supuso un rejón de 750 millones a los ingresos extra de 2006 de Endesa e Iberdrola
Estas retribuciones extra se conocen como como beneficios caídos del cielo (windfall profits) y se explican con la mecánica del sistema eléctrico, que sigue un esquema marginalista. Esto significa que hidráulicas y nucleares, que producen electricidad a bajo coste, cobran el precio (siempre más alto) que marca la última tecnología en entrar en el sistema para cubrir la demanda eléctrica. La incorporación al sistema de centrales de ciclos combinados, que funcionan con combustión, en un momento en que tanto el precio del gas como el coste de los derechos de emisión de carbono están disparados, ha conllevado un sobrecoste para el sistema que, en última instancia, repercute en la factura que paga el consumidor final.
Las eléctricas siempre han argumentado que es el Gobierno quien sale beneficiado de estos sobrecostes generados por los derechos de emisión del CO2. En la actualidad cada país tiene asignados una cantidad de derechos de emisión de CO2. Antes de que el precio de estos se incrementase, el Ejecutivo esperaba obtener 1.100 millones de euros este año. En el contexto actual, el Gobierno español podría recaudar 2.200 millones, el doble de lo previsto. Precisamente, las eléctricas apuntan a este colchón para incidir en que el Ejecutivo tiene margen de maniobra suficiente para abaratar el recibo de la luz sin trastocar las reglas del juego energético.
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