Hasta el pasado mes de julio, el de las sanciones de la Inspección de Trabajo a Glovo era un problema compartido. Ahora lo es para una sola empresa: Delivery Hero. El dueño de la plataforma de entrega de comida a domicilio, que recibió criticas por analistas e inversores por ejecutar la adquisición de la española, afronta una factura de cuotas impagadas y multas de más de 130 millones por 'falsos autónomos' sólo en las tres principales ciudades -Madrid, Barcelona y Valencia-. Los germanos no habían provisionado nada en el primer semestre de 2022, pues la compra de la firma fundada por Óscar Pierre se firmó a principios del verano. Los españoles tampoco lo hicieron a finales de 2021 cuando las contingencias eran de decenas de millones, lo que acarreó la recriminación de Deloitte en su informe de auditoría. Ambas partes buscan ganar tiempo en tribunales antes de abordar el pago.
El Ministerio de Trabajo dio a conocer este martes el resultado de la 'megainspección' en Madrid: 52 millones y 7.000 riders regularizados como empleados por cuenta ajena. Un duro golpe que viene precedido por otro que se notificó en septiembre: la regularización de 10.600 repartidores y el pago de 79 millones entre cuotas no abonadas y sanciones. Antes de estas resoluciones llegaron muchas más en las principales provincias españolas. Otras están aún abiertas y deberían sustanciarse en los próximos meses. En total tiene judicializados -o vías de judicialización- cerca de 200 millones de euros que se podrían superar los 250 millones si se suman los procesos aún por cerrar. Esto solo corresponde a los casos previos a la Ley Rider.
Glovo optó desde el principio por no provisionar ningún dinero en sus cuentas como fórmula preventiva. Tampoco lo hizo después de recibir una primera sentencia del Tribunal Supremo tumbando su modelo de riders autónomos -y el rechazo de un recurso similar presentado por Deliveroo-. A cierre de 2021, cuyas cuentas se aprobaron en junta el pasado mes de junio de 2022, sí tenía 200 millones de euros de provisión por su plan de stock options que iba a repartir entre la cúpula y la plantilla. Aseguraban que todas las actas levantadas habían sido alegadas por lo que todas habían quedado suspendidas. Entendían que el modelo "cumple sin excepción" con la doctrina del TJUE de 2020. Pero Deloitte, que ejerció como auditor, planteó una salvedad en su informe: "No hemos dispuesto de información que nos permita satisfacernos de la provisión que sería necesaria registrar".
Delivery Hero tampoco lo incluye en sus provisiones. En las cuentas semestrales sólo se limitaba a incluir los activos de Glovo que se incorporaban al perímetro tras formalizar la compra de casi el 95% de la española en julio. Hablaba de casi 500 millones de euros, entre provisiones y deudas, pero las primeras contemplaban principalmente el bonus de 'stock options' que desembolsaron a la cúpula de Glovo por la venta. No hacía mención a potenciales contingencias. Pero donde sí que lo hacía era en el contrato de compraventa firmado con los principales fondos el 31 de diciembre de 2021.
En ese contrato se establecía, como avanzó La Información, una cláusula que regulaba el riesgo legal: todos los pleitos vinculados al 'modelo rider' se excluían de los que permitían tumbar el pacto a los alemanes. Es decir, asumían como propios todos estos procedimientos y sus consecuencias. El consejero delegado del grupo, Niklas Östberg, aseguró en la presentación de la operación en enero de 2022 ante los analistas que la española estaba haciendo un "gran trabajo" para cuidar de los 'riders'. "Cuanta más flexibilidad haya mejor", apuntó. Posteriormente, ante el propio Ministerio de Trabajo hizo una promesa de que cumpliría con la regulación en lo que fue un 'brindis al sol' para lograr la autorización del Gobierno a la compra de Glovo bajo el 'escudo antiopas'.
En aquel contrato se hacían mención no sólo a las decenas de actas levantadas entre 2020 y 2021, sino también las que estaban abiertas a cierre de ese último año. La estrategia mantenida por la española, y que se sostiene bajo el paraguas de los alemanes, es ganar tiempo a través de la judicialización de los casos. Presentan recursos en todos los procedimientos, no sólo por la vía administrativa, sino también la judicial. Esto implica que no será una resolución firme hasta pasados tres o cuatro años. Hasta ahora sólo ha habido un juicio que ha llegado al Tribunal Supremo. Pero desde la Seguridad Social sí que pueden jugar con la 'vía coercitiva'. Así lo hicieron en el mes de diciembre de 2020, cuando cobró 21 millones de euros de deudas de actas abiertas hasta octubre de ese año. Podría hacer lo mismo con otras.
En este contexto han encontrado en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una particular 'enemiga'. La vicepresidenta segunda del Gobierno remarcó este martes que esta nueva multa es un ejemplo de que "ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va a quedar al margen de la ley". Avisó que no se darán solo estos pasos. No hace mención en ningún momento a Uber Eats, que desde septiembre mantiene un modelo de riders autónomos -con el que pretende esquivar la nueva 'ley rider'- pero que cuenta con varios procedimientos abiertos con la Inspección.
Los problemas regulatorios, junto con la valoración que se fijó inicialmente para la compra de Glovo -abonada en acciones- y las pérdidas previstas en su negocio, fueron apuntados por analistas e inversores en sus críticas a la operación. Delivery Hero tuvo que justificar y defender durante meses la necesidad de esta adquisición. Analistas como los de HSBC llegaron incluso a hablar de "rescate". Estos golpes de la Inspección en España no lo van a poner fácil. No van a ser los últimos, pues quedan muchas inspecciones por ejecutarse. Y, sobre todo, queda el gran examen de la 'ley rider'. Por ahora no se ha cerrado ninguna inspección basándose en esa nueva normativa y en el modelo planteado por la plataforma. Pero no dejan de estar en el punto de mira de Trabajo.
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