Telefónica volverá a asumir la gestión de las casi 16.000 cabinas telefónicas que hoy están operativas en España. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aprobará en los próximos días la orden ministerial que encomendará a la operadora este servicio. Y lo hará después de que el concurso público haya quedado nuevamente desierto, por su carácter deficitario y por el endémico desinterés de todos los operadores por el mantenimiento de una infraestructura que hoy está en completo desuso. La falta de un Ejecutivo conformado ha sido clave para mantener 'sine die' esta situación.
Este servicio sigue enmarcado dentro del denominado 'servicio universal de telecomunicaciones'. Este concepto encuadra los servicios mínimos que la Ley General de Telecomunicaciones entiende que deben ser accesibles a todos los ciudadanos “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible” y que, por tanto, el Gobierno tiene la obligación de garantizar. El debate radica en si la oferta suficiente de teléfonos públicos es o no necesario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya dejó claro en un informe no vinculante evacuado en octubre, a petición del Ministerio de Economía y en relación a la Orden Ministerial que volvía a sacar a concurso este servicio, que desde su punto de vista "el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial de su uso", no justifica el mantenimiento del servicio dentro del perímetro del 'servicio universal'. Competencia recordó también al Gobierno que el recién aprobado (otoño de 2018) Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que regula el estándar mínimo de servicio que tienen que garantizar todos los países miembro de la UE y que el Ejecutivo debe transponer antes del próximo otoño, ya permite excluir el mantenimiento de la red de teléfonos públicos del ámbito del 'servicio universal'.
Sin Gobierno para el marco normativo
Pese a ello, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez volvió a sacar a concurso el pasado mes de octubre la gestión de este servicio y como ha venido sucediendo de forma inexorable desde el año 2016 éste quedó una vez más desierto, ante el desinterés de los operadores, que asumen que su prestación es deficitaria y que saben que en cualquier caso su cobertura quedará garantizada por Telefónica.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que si el servicio de mantenimiento de la red de cabinas telefónicas sigue formando parte del 'servicio universal' es porque la actual situación política les ha impedido modificar el marco normativo. La hoja de ruta del Gobierno respecto a este asunto pasa por abordar la transposición pendiente de la Directiva Europea que aprobó el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y la reforma del 'servicio universal' dentro de la Ley General de Telecomunicaciones en el mismo paquete normativo.
No sólo excluiría las cabinas telefónicas de los servicios mínimos de obligatoria prestación para los ciudadanos -"lo que no excluye que el operador pueda mantener las instalaciones que considere rentables o necesarias"- sino que incluiría un nuevo estándar de prestación de servicios para garantizar, por ejemplo, una cobertura mínima del 90% a una velocidad de acceso de 30Mb en los municipios y unidades poblacionales de menos de 5.000 habitantes o la creación de un bono social de internet, al estilo del que ya existe para servicios de telefonía.
Pero mientras llega este cambio normativo, con la formación de un Gobierno estable que pueda aprobar decretos ley que lo permitan, Telefónica seguirá asumiendo este servicio. Y lo hará pese a que no estaba en sus planes. En su informe anual de 2018, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete explicaba que había logrado zafarse de la obligación de proporcionar guías telefónicas, pero que seguiría siendo el responsable hasta este día 31 de diciembre, dada la aprobación por parte del Gobierno de la extensión un año más. "En esa fecha se espera sea la retirada dicha obligación".
Las cifras tras las cabinas
Las cabinas han ido cayendo en desuso en los últimos años, gracias al avance de la telefonía móvil. Hoy hay más de una línea móvil por cada habitante (54 millones a cierre del pasado mes de septiembre) en España, algo que se extiende a otros países europeos de los que proceden muchos turistas que llegan todos los años. Según los datos de un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 88% de los españolas jamás ha utilizado estos teléfonos públicos. Y de acuerdo a cifras de la teleco, de media cada una hace menos de una llamada al día, aunque la mitad de ellas no hacen ninguna.
El coste de mantenimiento de las cabinas en toda España -que se han ido reduciendo progresivamente en los últimos años desde las 65.000 que llegó haber - ha ido aumentando de manera progresiva en los últimos años. Según las propias cifras de la CNMC, ha pasado de los 400.000 euros del año 2012, cuando ya vivía un importante declive en su uso, hasta los 4,5 millones de euros que supuso en 2016, último ejercicio del que hay cifras. Un coste que se financia con el Fondo de Servicio Universal aportado por los operadores de telecomunicaciones que tienen ingresos de más de 100 millones de euros.
¿Qué sucederá con las cabinas cuando se elimine la obligatoriedad de mantenerlas dentro del servicio universal? El espacio que ocupan pertenece a los ayuntamientos, pero no queda claro cómo se podría llevar a cabo un posible desmantelamiento. La propia Telefónica ha respaldado en los últimos tiempos algunas iniciativas para reutilizarlas. Una de las más destacadas: la conversión en puntos de carga o de información turística en ciudades como Málaga o Sevilla.
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