Unos 300 millones de euros en juego

La familia Raventós enmaraña la salida judicial al litigio entre Correos y Unipost

El juez admite la personación en la causa de los expropietarios del que fuera mayor operador postal privado del país, ahora en liquidación, contra el criterio de la empresas pública y de los administradores de Unipost.

El que fuera principal competidor de Correos le ha demandado por 300 millones.
El que fuera principal competidor de Correos en el sector postal entró en liquidación en 2018
EFE

Hace tres años ya que no se ven por las calles los carros y las furgonetas de reparto naranjas y negras característicos de Unipost, el operador privado que apostó fuerte por quebrar el 'monopolio' de Correos en el mercado postal español y que quebró en el intento allá por 2018, con un agujero cercano a los 100 millones de euros y en medio de polémicas por su presunta cooperación en el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. Las ascuas del ambicioso proyecto impulsado por una de las ramas de la poderosa familia Raventós, propietaria de las emblemáticas Cavas Codorníu, aún humean a la espera del cierre del proceso de liquidación de la compañía, gobernado por los administradores concursales de la firma FieldFisher Jausas, y sobre todo de la resolución de la demanda civil interpuesta por éstos contra Correos por lo que denuncian como prácticas anticompetitivas y por la que reclaman al operador postal propiedad del Estado algo más de 300 millones de euros.

La causa que se sustancia en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona acaba de experimentar un giro inesperado después de que el juez haya aceptado la solicitud de los representantes legales de los exdirigentes de la compañía, Pablo Raventós y Antón Raventós, de personarse en el caso apelando al interés directo y legítimo en el resultado del pleito que ampara el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permite incorporarse como demandantes o demandados a nuevos actores implicados en una causa judicial siempre que el proceso aún se encuentre pendiente, según ha podido confirmar La Información en fuentes jurídicas. 

Según estas mismas fuentes, el juez, que se vio obligado a suspender la audiencia previa programada el pasado 23 de abril para tramitar la petición de los Raventós, ha aceptado la solicitud pese a las alegaciones en contra de las dos partes implicadas: la administración concursal de Unipost, como parte demandante; y Correos, en su condición de demandada. Ni unos ni otros han querido realizar valoración alguna sobre el asunto. La audiencia previa que se pospuso hace quince días se celebrará este viernes.

La demanda presentada por la Administración Concursal de Unipost contra Correos, que llevan los abogados Íñigo Igartua, de Gómez Acebo & Pombo, y Juan Piqueras, de AGP Asesores - éste último conocido por ser el azote del operador postal público, al que le ha abierto con éxito un puñado de causas en España y en Bruselas -, denuncia a la empresa propiedad del Estado por haber sacado ventaja de su posición de dominio en el mercado postal al menos entre los años 2004 y 2017 a golpe de ayuda pública y sostenida por las inyecciones financieras que le llegaban desde los Presupuestos Generales del Estado y le reclama algo más de 300 millones de euros por varios conceptos: 162 millones de euros por el volumen de negocio presuntamente perdido por Unipost a causa de las prácticas anticompetitivas del operador público; 135 millones, por los 'daños emergentes' originados a la compañía privada por la declaración de concurso de acreedores y su posterior entrada en causa de liquidación; y 3,2 millones de euros extra por los supuestos obstáculos planteados por Correos a Unipost para utilizar su red postal.

Los liquidadores de la compañía estiman que la estrategia de precios predatorios del operador postal público, que también está en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, minó la capacidad de Unipost para competir sobre todo por los grandes contratos del mercado y precipitó su caída.

Un litigio clave para responder ante los acreedores

Los administradores de FieldFisher Jausas confiaban en el resultado de este litigio para enjugar los cerca de 100 millones de euros de deudas pendientes de devolución con su acreedores que aún arrastra el antiguo operador postal privado y para atender a algunos otros compromisos financieros pendientes por el proceso. Según las fuentes consultadas, el interés de la familia Raventós puede explicarse por el hecho de que el juez de lo mercantil fijara en su día en seis millones de euros la responsabilidad patrimonial de los expropietarios del operador postal por dilatar en exceso la presentación del concurso de acreedores y perjudicar de esta forma los intereses tanto de los acreedores como de la propia compañía.

Su personación en el caso, aunque no les permite plantear una demanda complementaria contra Correos, según explican fuentes jurídicas, sí les habilita para hacer un seguimiento más cercano de la evolución de la causa y también para aportar nuevas pruebas. Fuentes jurídicas explican que este tipo de maniobras suele responder a un intento de 'cargar' la responsabilidad patrimonial atribuida por el juez a los administradores de la empresa a circunstancias ajenas a su gestión, en busca de no tener que atender a la misma cuando se liquide la compañía. 

Unipost presentó concurso de acreedores en el verano de 2017 tras varios años en números rojos y con la facturación en caída libre, y cuando ya acumulaba 10 millones de euros de pérdidas en el ejercicio. Tras varios meses de búsqueda infructuosa de un comprador por parte de los Raventós, la Administración Concursal de Jausas decidió en febrero de 2018 solicitar al juez la apertura de la fase de liquidación de la compañía. Solo unos días después los administradores concursales cesaban al consejero delegado, Pablo Raventós, con una indemnización de 88.000 euros, según publicó La Vanguardia, para sacarse de encima los elevados emolumentos de su contrato de alta dirección. 

La demanda a Correos no se produjo hasta el mes de junio de 2020 en un contexto en el que la Comisión Europea había obligado al Gobierno de España a revisar la asignación presupuestaria a Correos para la prestación del Servicio Postal Universal y la CNMC ultimaba la aplicación de medidas cautelares sobre el operador público por la sospecha de que estaba aplicando tarifas por debajo del umbral que permitía la norma a sus grandes clientes.

Mostrar comentarios