La reciente imputación de FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales ha provocado que salgan a la luz los detalles de estos presuntos sobornos con los que los acusados habrían desviado hasta 82 millones de euros en comisiones ilegales. Uno de ellos es que, pese a que los hechos comenzaron produciéndose en 2009, no fue hasta diez años después cuando la constructora los puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción aportando todo tipo de detalles de estas prácticas cometidas por exdirectivos de la constructora con diversas adjudicaciones en Panamá.
En concreto, y según consta en la documentación judicial, FCC interpuso dos denuncias ante el Ministerio Público entre los meses de mayo y junio de este año. Ambas tienen que ver con los acuerdos comerciales suscritos con el entramado de sociedades de Mauricio Cort (presunto testaferro del expresidente panameño Ricardo Martinelli) que habrían encubierto pagos en 'b' por "presuntas corrupciones", tal y como señala el auto del magistrado al frente de la investigación por Odebrecht, Ismael Moreno.
El instructor argumenta en su escrito que las tres filiales ahora imputadas en la causa "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes" de estas licitaciones, por lo que el interrogante que queda en el aire consiste en esclarecer en qué momento de estos 10 últimos años FCC fue consciente estos hechos que se alargaron hasta 2015 y que han terminado provocando su imputación como persona jurídica. En concreto, la lupa de los investigadores está puesta en la adjudicación de la construcción de dos líneas de metro en Panamá y de la Ciudad de Salud. En la trama estarían implicados igualmente empleados públicos del país centroamericano así como exaltos cargos de la compañía brasileña.
La primera de ellas se presentó el pasado 31 de mayo y la siguiente apenas seis días después, el seis de junio de este mismo año. A través de la primera de ellas, FCC presentó una serie de facturas en las que se describían servicios ficticios que nunca se llegaron a prestar y que "solo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil" en Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.
En la denuncia de FCC, y según consta en el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, la constructora manifestó que no se había podido localizar ni rastro de los trabajos encomendados y abonados a Mauricio Cort y García. Con ello, se aportaron hasta 38 facturas de la matriz FCC y dos de sus filiales, la dedicada a construcción en Centroamérica, por un importe total de hasta 82,7 millones de euros.
La segunda denuncia, presentada el seis de junio de este mismo año por parte de la ahora compañía de Slim, hacía alusión a una operación entre las sociedades Teide y Altos del Javier. En concreto, la compra de una finca de poco más de diez millones de euros por parte de la primera de las compañías y su posterior venta a una de las sociedades de Cort. En ella intervinieron nuevos empleados de la compañía cuyos nombres no habían salido a la luz con anterioridad: Pilar Martín, representante de Altos del Javier; Carlos García León, vendedor de la finca; y César Mallo, representante de Teide y ex director financiero de FCC Construcciones.
Pendientes de las comisiones rogatorias
Pese a que, tal y como ha podido saber este diario, FCC era consciente desde hace al menos un año de la existencia de estos hechos, no fue hasta después de la aportación por parte de Suiza de las comisiones rogatorias solicitadas, cuando se cursaron las citadas denuncias. A través de esta petición de documentación, la Justicia española pudo tener acceso a un mensaje clave perteneciente al Departamento de Informaciones Estructuras del conglomerado brasileño en el que se hacía referencia al pago de las comisiones ilícitas.
En las denuncias se pone de manifiesto la implicación de diversos directivos de la compañía que ya han sido cesados por la presunta comisión de estos hechos que serían constitutivos de delito de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. En cambio, y según la documentación judicial, la responsabilidad penal debe trascender a la compañía porque "no activó ni aplicó protocolo alguno" para evitar la comisión de estos hechos.
Pese a todo ello, la compañía enviaba un comunicado este jueves en el que señalaba que los nuevos accionistas de control del grupo a partir de 2015 "han venido, a partir de que tuvieron conocimiento de los hechos, colaborando con las autoridades competentes, con el interés de que se revisen a fondo estos acontecimientos que infringen completamente nuestros principios de ética y cumplimiento". Del mismo modo, la ahora participada por Carlos Slim ha informado que ratifica su compromiso y colaboración con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.
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