Nueva bronca financiera en sede judicial. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se verá las caras con CaixaBank, Sabadell, BBVA, Unicaja, Abanca, Ibercaja y BFA el martes 22 de noviembre, según ha podido saber La Información en fuentes al tanto del proceso. El Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid ha fijado esta fecha en el calendario para celebrar la vista o audiencia previa, dando el pistoletazo de salida a un procedimiento con el que el 'banco malo' busca abrir una nueva vía de ingresos que le permita mejorar sus opciones para devolver el dinero público.
En noviembre se cumplirá justo un año desde que Sareb anunció que había interpuesto una demanda declarativa constitutiva de derechos contra estas siete entidades para cobrar los rendimientos negativos generados de una serie de emisiones de bonos senior. La compañía pública, en la que el Estado ha tomado el control este mismo mes de abril a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha discutido intensamente con sus tenedores de deuda pero no ha logrado encontrar ningún punto de acuerdo, por lo que ha preferido que sea la Justicia quien dé luz sobre este asunto.
En esta primera fase, que se articula como la antesala al juicio, el juez de instancia intentará que las partes acerquen posturas para firmar un pacto extrajudicial, lo que se estima poco probable en este caso concreto. Será entonces cuando se clarificará el objeto del procedimiento y cuando la parte actora, Sareb, podrá modificar parcialmente los hechos descritos en su demanda teniendo en cuenta las alegaciones de las partes acusadas. También, como norma habitual, se fijarán los hechos controvertidos. En suma, se deberá poner sobre la mesa el 'armamento' con el que demandante y demandados batallarán en la etapa posterior.
La compañía emitió en 2012 un total de 50.781 millones de euros en deuda senior a cambio del traspaso de los activos por las cajas sometidas al rescate público. Una década después, ha devuelto en torno al 34%, de modo que aún le queda por amortizar unos 33.664 millones de euros, según los últimos datos disponibles. Se da la circunstancia de que la emisión de estos bonos se pretendió que fueran equiparables lo máximo posible a la deuda pública, por lo que está avalada por el Estado español. Con ellos, que eran descontables ante el Banco Central Europeo (BCE), se conseguía una triple ayuda a la banca rescatada: dar de baja la cartera de activos 'tóxicos', liberar provisiones y obtener financiación inmediata en la ventanilla de la autoridad ahora al mando de Christine Lagarde.
La disyuntiva llegó cuando Fráncfort decidió en 2015 que no admitía en sus facilidades de liquidez el descuento de bonos con cupón negativo. ¿El problema? Los bonos están referenciados al Euríbor a tres meses. En su diseño original se introdujo un diferencial que no podía superar en ningún caso el 2%. En cambio, no estaba previsto ningún suelo. El giro normativo del BCE llevó al 'banco malo' a introducir un floor del 0% en sus emisiones, pero dos años más tarde, en 2017, el instituto emisor volvía a dar una vuelta a su criterio para admitir como colateral los bonos con cupón explícito negativo. Esta circunstancia abrió un nuevo escenario y por ello Sareb quiere volver a las características originales de su deuda.
Sareb pondrá todo su esfuerzo en conseguir que el juez le dé la razón en su demanda declarativa constitutiva de derechos. En caso de conseguirlo y obtener el derecho a eliminar el suelo del 0% que tanto ansía, estudiará varias fórmulas para continuar con su intención de abrir una nueva vía de ingresos para incrementar sus posibilidades de devolución del dinero a las arcas públicas. Una de ellas podría ser reclamar todo el dinero no ingresado desde 2017 hasta ahora por esos bonos.
Nueva etapa y salida en cascada de dominicales
Precisamente ahora Sareb empieza un nuevo ciclo tras diez años de andadura. La agencia europea Eurostat decidió que el Gobierno debía poner fin a la argucia jurídica que había detrás de Sareb. Si todos los bonos se encuentran avalados por el Estado, no tenía sentido que no computara en las arcas públicas. Esto era precisamente lo que se quiso evitar en el momento de su creación y que ahora ha ensombrecido las cuentas estatales. En enero de este año, el Ejecutivo dio el paso para poder superar el 50% en Sareb al destruir el 'muro legal' que lo impedía. Al asumir todo su riesgo y contabilizarlo en sus cuentas, ha preferido asumir el poder total sobre la compañía. Esta misma semana ha hecho efectiva la toma de control tras varios meses de negociaciones.
Este nuevo contexto accionarial ha desembocado en la salida en cascada de todos los consejeros dominicales procedentes de las entidades financieras presentes en el capital, que a partir de ahora se mantendrán como 'socias durmientes'. También, por fin de mandato, ha quedado el hueco de dos independientes. El órgano de administración sufrirá así una renovación prácticamente en su totalidad, a lo que se le suma la entrada de Javier Torres como presidente, un técnico del Estado que sustituirá a Javier García del Río tras su dimisión un año después de su nombramiento como 'número uno'.
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