Galicia es una de las comunidades autónomas más afectadas por los cierres de centrales de carbón (As Pontes, Endesa), la reconversión de la industria electrointensiva (Alcoa) y la caída de las importaciones de mineral, que afecta a la actividad portuaria (Ferrol). Con un proceso electoral en marcha, el presidente de la Comunidad, Alberto Núñez Feijóo (PP), encabeza un frente autonómico y empresarial que presiona al Gobierno para que eleve las ayudas a los grandes consumidores electrointensivos desde los 300 millones previstos en el borrador de Estatuto del Consumidor Electrointensivo hasta los 600 millones, según fuentes empresariales.
Feijóo no está solo. Las comunidades de Asturias (PSOE) y de Cantabria (PRC, PSOE) apoyan la ofensiva. Las tres comunidades cantábricas han presentado alegaciones compartidas al borrador de Estatuto del Consumidor Electrointensivo elaborado por los ministerios de Transición Ecológica y de Industria. El borrador está diseñado para sustituir el sistema de subvenciones a la factura eléctrica -la interrumpibilidad-que en el pasado aportaba a las grandes empresas más de 500 millones anuales y que ha desaparecido prácticamente por los recelos de Bruselas y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Tras más de un año y medio de contactos y negociaciones con empresas, industrias y comunidades autónomas, Industria y Transición Ecológica han presentado un Estatuto para facilitar apoyo a 600 empresas -la cuarta parte catalanas- con más de 300 millones de euros anuales mediante rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo.
Pero las empresas esperaban más. Las fuentes empresariales consultadas admiten que el plan diseñado por Ribera y por Maroto puede aliviar la factura energética de las compañías, aunque lo consideran insuficiente porque no alcanza las marcas de apoyo que aplican Francia o Alemania y no concreta las partidas presupuestarias que lo respaldan. Las cuentas de las empresas -y de los Gobiernos de las comunidades más afectadas- sostienen que el Ejecutivo central podría -y debería- ir más allá para elevar las ayudas por los costes indirectos del CO2 de los 200 millones previstos a cerca de 300 millones, mientras que deberían aumentar también otras partidas, como las destinadas a compensar los costes de financiación de las renovables, hasta alcanzar otros 300 millones.
"Las ayudas son insuficientes a pesar de que los precios de la electricidad están contenidos" sostienen las fuentes consultadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Los datos de la asociación indican que el diferencial de precios de la parte fija del recibo -la regulada- con países como Alemania o Francia se mantiene entre los 12 y los 15 euros MW. En 2019, concluyen las fuentes de la asociación, las grandes compañías recibieron 196 millones por interrumpibilidad y en torno a 170 millones por compensaciones del CO2.
Este año, apuntan las empresas, la "foto" es más preocupante porque el Gobierno ha abierto la mano en número de empresas que pueden recibir ayudas-hasta 600 con consumo de más de 1 GWh año-, pero no ha resuelto la situación de las más apuradas. Están en juego miles de puestos de trabajo, apuntan. Sólo en Cantabria, según el diputado del PP Félix de las Cuevas, están afectados 4.000 empleos de empresas como Ferroatlántica, Solvay, Nestlé, Textil Santanderina, Sidenor, GSW o Dynasol.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa desgaste político. La industria electrointensiva, como recordó el secretario de Industria Raúl Blanco recientemente en Barcelona, factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del producto interior bruto. Son datos a tener en cuenta en un contexto en el que se han ido reduciendo progresivamente las ayudas, más o menos declaradas, y en el que los precios de la electricidad para la gran empresa se han situado por encima de los de países competidores como Francia o Alemania.
Para cerrar el nuevo Estatuto, los ministerios de Teresa Ribera (Transición Ecológica) y de Reyes Maroto (Industria) han tenido que negociar entre sí, con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con la Dirección de Competencia en Bruselas y con las grandes asociaciones empresariales e industriales como AEGE, Unesid, Aspapel etc. Según Blanco, el Estatuto cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.
El secretario de Industria y la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen han defendido en un artículo firmado conjuntamente que con el Estatuto, se ha llegado "al máximo que ofrecen los marcos normativos, legislativos y presupuestarios vigentes". Asimismo, sostienen que "es el mejor Estatuto posible, porque es un instrumento útil y equilibrado y da certidumbre y estabilidad a unas seiscientas empresas, principalmente de la cornisa Cantábrica, que desempeñan un papel clave en la vertebración económica, social y territorial". Galicia (Feijóo), Asturias y Cantabria no se lo creen.
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