Francisco González, presidente de BBVA entre 2000 y 2018, mueve ficha y reaparece públicamente ante el cerco institucional que está sufriendo la entidad financiera, la segunda más importante de España, a raíz de su imputación en el proceso legal que investiga su relación con José Manuel Villarejo por la presunta red de espionaje que habría articulado el comisario, ya jubilado, a instancias del banco.
Cuatro meses después de abandonar la presidencia honorífica y una vez que se ha conocido que el juez que lidera la causa apunta en su auto a la "cúpula del propio banco" como posible responsable de la contratación de los servicios de Villarejo, FG ha decidido dar un paso al frente para defender que tanto él mismo como BBVA actuaron bajo unos "estrictos estándares de conducta" dentro de la "más estricta legalidad" en defensa de los intereses del grupo.
Esta declaración, además, se produce en un momento en el que tanto el actual Gobierno en funciones y el Banco Central Europeo (BCE) están estrechando el cerco sobre la entidad. Y es que el seguimiento que hace del asunto el Ministerio de Economía tiene su continuación en Palacio de la Moncloa, que monitoriza la evolución de la crisis reputacional de BBVA a fin de poder atajar cualquier tipo de consecuencia indeseada para el sector financiero y el conjunto de economía española.
Además, el supervisor bancario europeo, que colabora con el Banco de España, vigila de cerca si el asunto podría estar afectando a la cotización o al negocio del banco, que este miércoles presenta las cuentas correspondientes al primer semestre de 2019, que serán escrutadas tanto por el mercado como por las instituciones para conocer si el escándalo de las escuchas está afectando a la actividad de BBVA.
"Tengo la mayor confianza en el Grupo BBVA, en sus órganos de gobierno y sus profesionales, y por supuesto, todos confiamos plenamente en que los órganos judiciales esclarecerán cualquier actuación contraria a la legalidad", dijo González, que insiste en que se enteró a través de la prensa de la relación de la entidad con Villarejo y apunta a que si hubo acciones de "carácter irregular", las mismas se deberían a "actuaciones individuales" y no del conjunto del banco, cuya actuación defiende que ha sido "intachable".
El banco destituye a un peso pesado de FG
En el entretanto y una vez que se ha materializado la imputación como persona jurídica del BBVA por los presuntos delitos de corrupción entre particulares, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, el banco ya ha comenzado a depurar responsabilidades en su estructura y ha destituido de manera fulminante a Eduardo Arbizu, uno de los pesos pesados del banco, que hasta ahora ejercía como responsable global de 'Compliance', 'Regulation' y 'Supervisors' y que ha estado al frente del departamento legal del banco durante 16 años, entre 2002 y 2018.
BBVA informó del cese de Arbizu -actual encargado de la relación del banco con el BCE- en un comunicado de apenas un centenar de palabras en el que no hace ninguna mención específica al 'caso Villarejo'. Fuentes oficiales rechazan realizar cualquier tipo de comentario al respecto y no aclaran si la salida del directivo está relacionado con los "hallazgos relevantes" de la investigación 'forensic' que ha aportado la entidad recientemente al juzgado.
En cualquier caso, fuentes cercanas al que fuera responsable de los servicios jurídicos del BBVA durante la etapa FG recalcan que Arbizu, que es Abogado del Estado y desempeñó diversos cargos en el Ministerio de Justicia antes de su aterrizaje en el sector financiero, podría haber sido un activo de gran ayuda a la defensa del banco dado su "sobresaliente" conocimiento legal.
Sea como fuere, la salida de Arbizu, que formaba parte del comité de dirección, se produce unos días después de que el banco haya destituido a Antonio Béjar, que está entre los ocho ejecutivos imputados por el Villarejo', como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN). La Fiscalía pedía para él una fianza de 500.000 de euros que se retiró ayer tras una nueva declaración en el juzgado del directivo, cuyo contrato le faculta para volver a ser empleado de BBVA, que según fuentes de la entidad, se encuentra "valorando" la situación.
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