La prohibición de comercializar electricidad puerta a puerta va a dejar sin trabajo a entre 5.000 y 6.000 trabajadores subcontratados por las grandes compañías eléctricas como comerciales, según señalan fuentes de las propias compañías. El 5 de octubre pasado el Gobierno aprobó prohibir a las comercializadoras eléctricas y de gas natural publicitar o contratar sus productos puerta a puerta, a no ser que la visita sea solicitada por el consumidor. La medida trata de frenar las continuas quejas de los usuarios por la presión, la información sesgada y los cambios de contratos no consentidos que genera un sistema de ventas poco controlado.
Como toda medida que afecta a una actividad comercial, la prohibición de los "comandos" de ventas de las eléctricas tiene su repercusión. Las cifras de afectados por el decreto no están claras. La más razonable es la que manejan las propias compañías eléctricas: unos 5.000 trabajadores, la mayor parte de subcontratas, respaldados por algunos centenares más -estos sí, contratados de las grandes empresas-que supervisan su labor.
La Información intentó localizar, sin éxito, a los portavoces de la plataforma de afectados Fuerzas de Ventas e Intermediarios de Comercio que elevan la cifra de comerciales afectados a más de 12.000. Tampoco la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dispone de cifras sobre cuántos comerciales se dedican a la venta de electricidad piso por piso.
Cambio de reglas
Competencia no sabe el número de afectados por el cambio de reglas, pero sí conoce la polémica que ha rodeado la actividad. Sus recomendaciones al Gobierno para frenar el fraude en la comercialización de electricidad han sido continuas. La CNMC reclamó en sus informes que se obligara a los vendedores a identificarse claramente con el nombre completo de la compañía a la que representan y a informar al consumidor de que sus ofertas eran para el mercado liberalizado de electricidad y no para el mercado regulado (PVPC), habitualmente más económico.
En el documento que elaboró en mayo la CNMC sobre los servicios de atención al cliente de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, el organismo advertía de que el grado de satisfacción de los consumidores seguía siendo "escaso" con respecto a años anteriores y constataba que los clientes tienen "poca información y conocimientos cuando contratan y gestionan estos servicios".
Las organizaciones de consumidores también pusieron letra a la música. FACUA advirtió a finales de 2017 al Gobierno de Mariano Rajoy de que las prácticas comerciales irregulares puerta a puerta suponían en muchos casos que los usuarios de tarifas reguladas terminaran contratando otras de mercado libre sin su conocimiento, inflando la factura de la luz. La práctica también ha sido denunciada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la CNMC.
Una confusión total
Aunque la Ley Eléctrica obliga a separar de forma clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), de las comercializadoras del mismo grupo que ofrecen la electricidad en el mercado libre, la confusión ha sido total durante mucho tiempo.
Las compañías se defienden. Sostienen que las malas prácticas son casos aislados, cometidos además por empresas subcontratadas para realizar la labor de captación y que llevan años adoptando medidas para prevenir las malas prácticas. Pero la CNMC no se fía y por ello aprobó el pasado mes de septiembre una resolución por la que obliga a las eléctricas a diferenciar claramente ante el consumidor con qué parte de la compañía negocia: con la que vende electricidad a precio regulado o con la filial que opera en el mercado libre. Endesa ha recurrido la decisión.
La prohibición del puerta a puerta para acabar con la confusión deja en evidencia el funcionamiento de las grandes compañías y su amplio recurso a la subcontratación para la venta de producto. Es algo que tiene ventajas para la caja de las compañías, pero también sus inconvenientes. Entre ellos, recogen algunos estudios, están la pérdida de control de la actividad; la pérdida del 'know-how' que había adquirido la empresa y, lo más importante, el posible problema de confidencialidad, ya que parte de los datos de la empresa pueden quedar expuestos. Un asunto espinoso.
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