La Fiscalía Anticorrupción sigue pronunciándose en contra de levantar el secreto de sumario de la pieza del Banco Central Europeo (BCE) en la causa del Popular. El motivo por el que rechaza una vez más que se remita a las partes esta documentación relativa a la venta del banco al Santander es porque considera pertinente su previo análisis para saber qué documentación incluye en la causa y cual se deshecha en función de su “pertenencia, utilidad y necesidad”.
De esta forma, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral respalda el criterio adoptado por el magistrado instructor Fernando Andreu y así lo plasma en una diligencia con fecha de 25 de septiembre a la que ha tenido acceso La Información, en la que rechaza los recursos de algunos querellantes particulares al entender que no se ha vulnerado su derecho a la defensa.
El representante del Ministerio Fiscal explica que el juez, que acordó la creación de esta pieza secreta el pasado mes de julio, todavía no ha decidido si niega el acceso o no a las partes de esta documentación que recoge, entre otros aspectos, informes de inspección del Banco Popular desde el año 2012. Más bien la resolución se adopta “como medida de protección”, a la espera de que los peritos se pronuncien sobre el informe encargado.
Se trata, por tanto, de decidir qué parte de todo este material se adhiere al sumario de la causa penal y cuál se queda fuera del objeto de esta investigación que se centra en dos episodios: por un lado, la fallida ampliación de capital de 2.500 millones en junio de 2016 y, por otro, la presunta campaña de desprestigio con la que se buscaba hacer caer el valor de las cotizaciones.
El fiscal recuerda igualmente que si Andreu prorroga la reserva de las actuaciones, se debe también en parte a la prevención que realiza el Banco Central Europeo y que lo “trascendente y relevante” no es tanto la cuestión a la que apelan los querellantes, sino si puede ser perjudicial para el Santander el hecho de que las partes tengan acceso a toda esta documentación.
La clave, en el peritaje
En su escrito, Romeral asegura que hay muchos modos de proteger esta documental y pone el ejemplo del expurgo que hizo el instructor de la relacionada con las actas del consejo de administración del Popular. En ese caso se eliminó aquel material que Andreu consideró que no era “necesario” y lo hizo antes de incorporarlo al sumario y sin necesidad de abrir pieza separada para ello.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, en diligencia con fecha del 26 de septiembre, adhiere a la causa el escrito del fiscal e impugna los recursos de los querellantes, en su mayoría accionistas de la entidad, contra el auto del 14 de septiembre por el que se acuerda la prórroga un mes del secreto de las actuaciones en esta pieza separada.
La clave en la investigación se centra en el informe que elaboren los peritos el cual, según fuentes cercanas al caso consultadas por La Información, podría estar listo para diciembre. Con todo, se va a cumplir un año desde que Andreu admitiera a trámite las querellas interpuestas por la quiebra del Popular e imputara a sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho por delitos contra el mercado, administración desleal y apropiación indebida.
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