La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite la denuncia formulada por la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP) contra los principales responsables de las autoridades europeas y españolas involucradas en el salvamento de la entidad, y la remitirá a la Audiencia Nacional para que el juez Fernando Andreu valore su incorporación al caso.
En el escrito remitido el pasado 28 de febrero, la AIAP denuncia de “prevaricación” y “fraude” al exministro de Economía, Luis de Guindos, al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, al presidente del Frob, Jaime Ponce; los presidentes de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; del Mecanismo Único de Resolución, Danielle Nouy, del BCE, Mario Draghi, y la de la Junta de Resolución, Elke König.
El escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción busca que se depuren responsabilidades contra aquellas personas que intervinieron en una decisión que, sostiene, ha incumplido la normativa al resolver una entidad solvente, obviando alternativas privadas y evitando la liquidación porque la escasa hucha del Fondo de Garantía hubiese creado un problema al Gobierno. Juzga de arbitraria la solución sobre una valoración que considera defectuosa y con fallos graves de procedimiento de la JUR. La Fiscalía debe decidir si la admite y envía la investigación al juzgado de la Audiencia Nacional que tramita el caso.
En el escrito, la AIAP sugiere que se impuso la venta para evitar dicho apuro porque el Fondo de Garantía disponía de apenas 6.800 millones frente a los 36.000 millones por los que habría tenido que responder en depósitos de clientes de la entidad. “Por tanto, era la única posibilidad para poder salir airoso en realizar la subasta y que asumiera dichas responsabilidades la entidad que se quedara el banco”, refiere.
La asociación, que representa a 300 accionistas que vieron reducida su inversión a cero aquella madrugada del 6 al 7 de junio va más allá, cuestionando la intervención misma porque la ley exige que la entidad entre o vaya a entrar en graves dificultades, carezca de alternativas y sirva a un interés público. Las dos primeras condiciones las rebate alegando que el último consejo de administración del Popular, celebrado aquel 6 de junio, aportó avales al BCE para lograr liquidez de emergencia (Ela) a fin de ganar tiempo suficiente para cerrar una operación corporativa o ampliación de capital.
Junto a su denuncia adjunta las cartas expedidas por Barclays y Deutsche donde se comprometían a cubrir una ampliación por hasta 4.000 millones. “Es evidente, ahora, que las dificultades no eran insalvables, ya que como hemos adjuntado en los documentos, había ofertas privadas para realizar una ampliación de capital, ofertada por Barclays y Deutsche Bank, por un importe mínimo de 2.000 millones cada uno”, argumenta. “El único interés público -agrega- que había era el poder no mostrar o tapar o no dar a conocer que el Fondo de Garantía de Depósitos, dependiente del Ministerio de Economía, no disponía de fondos para cubrir los depósitos garantizados (100.000 euros por persona y cuenta”.
El escrito ataca en segundo término el informe de Deloitte, subrayando que mientras la ley exige una valoración “ecuánime, prudente y realista”, se ejecutó “con poco rigor y fiabilidad” porque le faltó tiempo y datos para un trabajo así. Entrando a fondo en sus números desacredita además la depreciación en los activos inmobiliarios por valor de 3.100 millones cuando el mercado “tiene una senda alcista en precios” desde hace tres años, y el quebranto de 2.700 millones para litigios y ruptura de alianzas contra el balance del Popular, cuando “jurídicamente” corresponde al comprador asumir las responsabilidades y demandas que lleguen.
El 'deficiente' mecanismo de la JUR
La actuación de la JUR la cuestiona en fondo y forma. Por un lado subraya que el Reglamento europeo 806/2014 impone en su artículo 88 proteger la confidencialidad de la información sobre actuaciones en entidades, y Elke König puso en el punto de mira al Popular el mismo día 23 de mayo que firmó el contrato de Deloitte en entrevista con Bloomberg. El 31 de mayo lo hará Reuters, “una filtración que todo indica que salió de la misma presidenta de la JUR”, añade. Por otro aporta la dura valoración del Tribunal de Cuentas Europeo donde asegura que el organismo de resolución “no dispone de las condiciones para poder realizar el trabajo que se le ha encomendado con un mínimo de fiabilidad”.
Por último, el escrito de la Asociación que en el tribunal de Luxemburgo ha fijado en 2,69 euros el valor contable por acción de la entidad, alega indefensión: “En la ejecución de la resolución del Banco Popular, a los afectados no nos han proporcionado ni los derechos básicos y fundamentales, ni la documentación necesaria para poder realizar nuestra defensa jurídica”.
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