Anticorrupción ha presentado escrito de conclusiones provisionales contra 17 personas, la empresa pública Mercasa y otras tres mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos. El escrito contempla peticiones de condena de hasta 8 años por malversación y 6 años por integración en organización criminal.
A los procesados les acusa de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal, según la nota hecha pública este miércoles por el Ministerio Público. Las penas de prisión solicitadas a las personas físicas son de 6 años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; 8 años para los autores y 3 años y 6 meses para los cooperadores por el delito de malversación; 3 años por el delito de blanqueo de capitales; 5 años por el delito de falsedad y, finalmente, 6 años por el delito de organización criminal, además de las correspondientes multas y decomiso. A las personas jurídicas se le solicitan distintas penas de multa.
La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado 'caso Mercasa'. Entre las personas que el juez consideró que debían ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del POP María Dolores de Cospedal. También están las sociedades que formaban parte de CÓMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.
Quien no está entre los procesados es Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y quien fuera director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, quienes habían sido inicialmente imputados. Por su parte, la empresa pública Mercasa ha presentado en la pieza por las mordidas que presuntamente algunos de sus exdirectivos cobraron en Angola que va a juzgarse en la Audiencia Nacional un escrito de acusación solicitando una indemnización de 26 millones de euros a los acusados.
Según una nota emitida por la entidad a Europa Press los directivos afectados por las investigaciones o bien no formaban parte de Mercasa al tiempo de iniciarse la investigación, o han dejado de pertenecer a la empresa una vez ha sido conocida su situación procesal. Desde la compañía se defiende que desde el inicio de la instrucción de este asunto, a empresa y el equipo directivo al frente de Mercasa , está prestando una colaboración plena en la investigación de los hechos investigados. Ello ha llevado al Juzgado Central de Instrucción número 5, que es el que ha instruido la causa, a permitir simultanear excepcionalmente dos posiciones procesales en principio antagónicas como son la de investigada y al tiempo perjudicada.
Añaden que desde 2017 la empresa "ha profundizado un programa de medidas de Gobierno Corporativo que incluye una auditoría de riesgos penales, una revisión del Plan para su Prevención, así como una revisión de la estructura organizativa". Así, se ha dotado de nuevos procedimientos y órganos de Gobierno Corporativo para la Prevención de Riesgos Penales.
Contratos en Angola y República Dominicana
A juicio de la Fiscalía, la instrucción judicial ha permitido acredita la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por la empresa pública española Mercasa, y por las empresas con las que se asoció a través de una empresa aparente como era el consorcio establecido con ellas, creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en la república Dominicana y Angola.
En el curso de la investigación se han analizado los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda (Angola), proyecto de "llave en mano" denominado CLOD, concluyendo que existen relevantes indicios de que los administradores de las citadas empresas pagaron comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos de Angola que participaron en la contratación y ejecución de esos contratos para conseguir las correspondientes adjudicaciones en ese país. La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500.000.000 dólares aunque lo cobrado por estas empresas durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200.000.000 euros.
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