La Fiscalía Antocorrupción acaba de dar vía libre al ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) para cursar un expediente que podría resultar en una serie de posibles sanciones a PwC por los informes de auditoría emitidos sobre las cuentas individuales y consolidadas de Banco Popular y WiZink correspondientes al ejercicio 2016. De este modo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía no deberá esperar a que concluya el procedimiento penal que investiga la caída del Popular en la Audiencia Nacional para poder imponer una multa, que podría ser millonaria, a la firma auditora.
Los hechos susceptibles de ser sancionados por el organismo que preside Enrique Rubio se basan en una serie de servicios distintos de los de auditoría que prestó PwC en 2016 a Popular y WiZink -participada entonces al 49% por la primera- que podrían resultar en un incumplimiento del deber de independencia de los auditores.
Entre estos servicios destaca la "valoración de la posición de intermediación de seguros de Barclaycard en Portugal con propósitos fiscales" que realizó PwC para WiZink en el marco de la compra del negocio de tarjetas de Barclays en España y Portugal (Proyecto Ruby). Este trabajo, a ojos del ICAC, sería incompatible con el de auditoría, por lo que podría resultar en una infracción "muy grave" en caso de que se demuestre dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable por parte de PwC.
Tampoco se habría dejado constancia en los papeles de trabajo de los auditores de medidas de salvaguarda que permitieran detectar amenazas a su independencia respecto a otros servicios relacionados con la ya citada operación y con el asesoramiento prestado a Banco Popular sobre cumplimiento y auditoría interna, hechos que podrían ser calificados como constitutivos de una infracciones "graves".
"No hay coincidencia con la investigación penal"
En un documento fechado el pasado 20 de mayo al que ha tenido acceso La Información, Antonio Romeral, fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional, considera que el objeto de este expediente sancionador del ICAC -hay otro- difiere del de la investigación penal, que se centra en la ampliación de capital de 2016 y en los hechos acontecidos hasta la venta de Banco Popular a Banco Santander en junio 2017.
Por tanto, el fiscal resuelve una de las dudas que le había planteado el ICAC y resuelve que no cabe paralizar el procedimiento hasta la resolución del caso en la Audiencia Nacional, como sí ocurre con el otro expediente abierto a PwC por las cuentas del Popular y que sugiere que la firma no habría aplicado los mecanismos adecuados para verificar que los estados financieros del banco en el año 2016 estaban libres de incorrecciones significativas.
El organismo público, que depende del Ministerio de Economía, dispone ahora de un año para resolver y notificar la resolución de este expediente a contar desde su apertura (22 de febrero de 2019, como adelantó 'El Confidencial') aunque el plazo es ampliable. El origen del mismo reside en una inspección de alcance general sobre PwC liderada por Verónica Bragado que comenzó el 22 de mayo de 2017.
Tras la incoación del expediente, que está firmado por Enrique Rubio, se nombró como instructor principal del proceso al funcionario del ICAC Alvaro Urrutia, mientras que Laura Seijas es la instructora adjunta. Para evitar evitar la sanción, PwC, que ha manifestado su "absoluta discrepancia con el informe y su contenido", que califica de "carente de todo rigor", ha decidido solicitar al Ministerio de Economía la recusación de Rubio, bajo el argumento de que su condición de miembro del Consejo Rector del Frob -el órgano que ejecutó la resolución del Popular- no sólo aflora un conflicto de interés, sino que compromete la independencia de cualquier decisión suya relacionada con esta entidad.
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