La Fiscalía investiga la sustitución de 28 millones de contadores por las eléctricas

En el sector eléctrico todo o casi todo es complejo. Desde la factura de la luz a los aparatos de medición. Lo último: la Fiscalía General del Estado va a investigar el cambio de 28 millones de contadores que han realizado las grandes compañías. Una plataforma ciudadana, denominada Quiero Auditoría Energética (QAE), ha presentado una denuncia, admitida a trámite, en la que cuestiona el proceso sustitución de los aparatos de medida que comenzó hace diez años. La Información intentó obtener la versión de la Fiscalía por vía telefónica y mediante correo electrónico sin éxito. Fuentes ministeriales señalaron  que la Fiscalía no confirma investigaciones en curso.

Según los denunciantes, las eléctricas han cambiado los aparatos sin informar adecuadamente a los clientes, excediéndose sobre lo dispuesto en la normativa comunitaria y cuando todavía no se ha incorporado a la legislación nacional la Directiva de Eficiencia Energética. La denuncia hace hincapié en que la legislación comunitaria (Directiva 2012/27/UE) establece que los contadores, además de tener un precio competitivo, deben reflejar exactamente el consumo real de energía del cliente final y proporcionar información sobre el tiempo real de uso.

Falta de información

Y aquí viene el problema. En opinión de los denunciantes, las empresas no se ajustan a las normas comunitarias porque "instalan los nuevos contadores sin ningún tipo de información al cliente". En algunos casos, añaden, lo hacen en horario nocturno y amenazando con cortes en el suministro si el usuario se opone al cambio. QAE explica que la plataforma ha conseguido mantener 2.500 aparatos analógicos sin cambiar mediante el envío-advertencia de burofax-notarial a la compañía afectada.

La plataforma denunciante plantea también como puntos más que espinosos la sustitución de aparatos sin que esté presente el usuario y la falta de firma documentación relativa a la protección de datos. Ninguno de estos puntos preocupa a las compañías eléctricas. La asociación que las agrupa, Aelec, sostiene que los nuevos contadores se ajustan a la normativa en vigor; cumplen con la Ley de Protección de Datos; se ajustan a lo dispuesto al decreto de autoconsumo (244/219) "que fija la configuración de la medida para que se tenga en cuenta la electricidad vertida"; facilitan la medida horaria exacta y facilitan también el acceso de los usuarios a toda su información "a través de las webs y apps que los distribuidores ponen a disposición de todos los clientes".

Pero ni la normativa comunitaria ni la nacional detallan que el acceso a la información por los usuarios tenga que ser vía webs y apps. Muchos de los 28 millones de contadores pertenecen a usuarios poco o nada digitales. Más aún. Muchos de los aparatos están bajo llave y los usuarios no tienen acceso a ellos, por lo que la gestión del consumo es complicada. Además, la norma europea es muy precisa y exige a las compañías que faciliten a los clientes asesoramiento e información "en el momento de la instalación".

Plan cerrado

Pese a las denuncias sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de sustitución, tanto las empresas como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dan prácticamente por cerrado el plan de sustitución. Quedan únicamente algunas zonas en Cataluña y en Galicia para completar los cambios. España ha sido el quinto país de la UE que ha completado la modernización del parque de contadores. Según los planes que se esbozaron en 2007, lo debería haber hecho en 2017, pero la renovación sufrió retrasos.

El papel de los nuevos contadores digitales es fundamental para la transición energética. De ellos va a depender el ahorro de energía en los puntos de suministro, la extensión del autoconsumo y la aparición de nuevos partícipes en el negocio eléctrico, como las empresas (agregadores) dedicadas a gestionar los consumos de electricidad de sus clientes, ajustándolos en función de los precios horarios de la energía para proporcionarles un ahorro directo.

Los aparatos deberían facilitar también una mayor participación del usuario en el mercado. La condición es que pueda interactuar con el contador. Si el consumidor final no tiene acceso a su contador, como sucede en muchos casos, tampoco puede acceder a sus funciones. Puede quedar prisionero de su suministrador, que además, maneja todos sus datos y su privacidad. Un riesgo que está en la base de la denuncia ante la Fiscalía.