La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 2 años y 50 años y siete meses de prisión para un total de 27 acusados por la operación de presunta venta irregular de armas de la empresa semipública Defex a Angola por importe superior a 152 millones de euros. También acusa a tres sociedades (Defex, Comercial Cueto y Global Reach), para las que reclama más de 390 millones de euros en multas.
En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción acusa por delitos contra la Hacienda Pública, malversación, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y organización criminal. El expresidente de Defex José Ignacio Encinas y su ex director comercial Manuel Iglesias-Sarriá se enfrentan a la pena más alta, 50 años y siete meses de cárcel, seguidos del CEO de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, para quien la Fiscalía pide 50 años. Misma pena solicita para la sobrina del célebre espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, la consultora que firmó aquellos contratos.
El Ministerio Público solicita 44 años y 7 meses para el exdirector Financiero de Defex Enrique Gómez Cuesta y otros 44 años para su homóloga en Comercial Cueto, Icíar de Yraola, mientras que reclama 35 años para el coronel retirado Ángel María Larumbe, que en aquella época era el director de Operaciones de la empresa semipública, según informa Ep.
En cuanto a las sanciones económicas, la Fiscalía Anticorrupción pide que se condene a Defex a multas por encima de los 315 millones de euros, mientras que para Comercial Cueto solicita una responsabilidad que en total supera los 382,1 millones. Pide asimismo una sanción para Global Reach de 9,1 millones de euros.
La de Angola es una de las numerosas piezas que ha investigado la Audiencia Nacional sobre contratos de venta de armas a cargo de Defex en diferentes países. En concreto, se trata de contratos firmados en 2008 por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola de suministro de equipamientos y material policial por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6%) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3%).
Los investigados habrían destinado a las empresas sólo una parte del beneficio y el resto se dedicó tanto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños, como al beneficio propio mediante una "estructura compleja" de empresas pantalla.
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