Fitch Ratings España, la sociedad a través de la cual la célebre agencia de calificación crediticia ha gestionado sus negocios en el país desde el año 1985, dejará de existir el próximo martes 31 de diciembre para integrarse en Fitch Ratings Ireland, una plataforma societaria con sede en Dublín creada por la firma hace poco más de un año con el objetivo de concentrar la parte del león del negocio de la firma norteamericana en Europa y que integrará además de los contratos en España, los procedentes de las sucursales que venían funcionando en Polonia, Alemania, Italia y Francia.
El preceptivo informe de los administradores para justificar esta operación de fusión transfronteriza, fechado el pasado 29 de octubre y al que ha tenido acceso La Información, explica esta reorganización por el objetivo de "racionalizar la organización económica y legal" de Fitch Ratings en Europa, así en términos generales. Sin embargo, otros informes a los que ha tenido acceso el medio irlandés The Irish Times detallan que en los documentos correspondientes a las absorciones de las sociedades polaca o francesa también se mencionan las ventajas fiscales que se obtendrán con la operación como motivo para esta reorganización europea del negocio de la agencia de calificación.
Fitch España comunicó el pasado 10 de diciembre al Registro Mercantil la aprobación por parte de su accionista único de la operación de fusión de la sociedad por parte de Fitch Ratings Ireland -que será efectiva a partir del 1 de enero de 2020-, un trámite que también tendrá que cumplir con la Agencia Tributaria a efectos de que se le aplique el régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores que establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Hacia un régimen fiscal más favorable
El informe de los administradores sobre la absorción de Fitch España no menciona en ningún momento la motivación fiscal como una de las causas de la operación. También ss una demostración de cautela, ya que tanto la normativa del Impuesto de Sociedades como la Ley General Tributaria habilitan a que la Inspección de Hacienda pueda actuar cuando se detecte que una operación societaria se efectúa única y exclusivamente por una motivación fiscal y no económica. El hecho de que se trate de una operación de dimensión europea, en cualquier caso, minimiza las posibilidades de una actuación inspectora.
Más allá de esto, la disolución de la sociedad española y el traslado de la operativa de Fitch en España a una sede en Dublín tendrá ciertas ventajas fiscales para la firma. La más evidente de ellas es salvar la amenaza de la probable reforma del Impuesto sobre Sociedades y, más en concreto, de la subida de tipos previsto y de la imposición de un tipo del 5% sobre la transmisión de dividendos. Según los datos sobre las cuentas anuales de Fitch España en 2018 disponibles en el portal Informa, la compañía abonó 2,37 millones de euros en Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio sobre un resultado total de 8,38 millones de euros, lo que implicaría un tipo impositivo efectivo del 28%.
En ese mismo ejercicio Fitch España distribuyó 3.844.187 euros en dividendos hacia su matriz en Reino Unido sin retención alguna en aplicación de la actual normativa europea, que permite liberar de retención fiscal los dividendos distribuidos de filiales a matrices o viceversa siempre que se encuentren dentro del territorio UE. Este panorama, no obstante, podría cambiar a corto plazo. En primer lugar por la salida del Reino Unido de la UE, que desactivaría esa exención sobre las retenciones; y, en segundo lugar, por la modificación normativa que prepara el Gobierno español y que prevé establecer un tipo del 5% sobre la transmisión de dividendos. Llevándose su sociedad española a Dublín, Fitch elimina esas dos potenciales amenazas.
Previsión de mantener la estructura en España
La maniobra societaria de la agencia de calificación, que hasta ahora mantenía su sede española en la Diagonal de Barcelona, no implicará la desarticulación de la estructura de Fitch en España, según se ha encargado de aclarar la propia sociedad. "La compañía sucesora (Fitch Ratings Ireland) está en proceso de establecer una sucursal en España. La única consecuencia de la fusión desde la perspectiva de un empleado será que los empleados de Fitch España se convertirán en empleados de Fitch Ireland de conformidad con las leyes aplicables y en los mismos términos y condiciones de empleo existentes. Mantendrán la continuidad del servicio y permanecerán ubicados en los mismos locales en España", se asegura en el informe de los administradores sobre la fusión.
Es decir, que Fitch mantendrá la plantilla (48 empleados al cierre de 2018, último ejercicio para el que se han formulado cuentas anuales) y la estructura actual, con la única diferencia de que la operativa dependerá de Irlanda y no de Barcelona como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 34 años, desde que el 2 de diciembre de 1985 la agencia de calificación abriera sus oficinas en España.
En el último ejercicio sobre el que existen datos, el año 2018, Fitch España facturó cerca de 20 millones de euros (19.916.947 euros), de los que dos terceras partes se generó en España y una tercera parte en Suecia, cuyo establecimiento permanente dependía de la sociedad española. La sociedad ganó algo más de seis millones de euros después de impuestos.
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