El inversor suizo Blue Motion Technologies Holding, propietario desde julio de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, considera insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el precio de la electricidad -esencial para fabricar aluminio- y cumplir así con los compromisos que evitaron el cierre de las factorías en 2019. La gran baza en la partida es el empleo. Si el Gobierno no adopta nuevas medidas, están en juego 323 puestos de trabajo, señalan fuentes conocedoras de los planes de Blue Motion y la sociedad gestora Parter Capital Group, que han comprometido 20 millones de euros en las plantas.
Las medidas, que no acaban de gustar ni a Blue Motion ni a buena parte de la industria, están contenidas en el borrador de Estatuto del Consumidor Electrointensivo redactado por los ministerios de Industria y de Transición Ecológica. El Estatuto trata de abaratar el precio de la energía para las empresas e industrias con gran consumo con tres medidas: rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. Según las empresas, el objetivo último -y pactado- era rebajar los precios de la electricidad para la industria a los niveles de países como Alemania o Francia.
En el caso de la antigua Alcoa -hoy Alu Ibérica-, el gran objetivo era situar los precios por debajo de los 35 euros MWh. Según la empresa, las medidas del Gobierno no alcanzan la meta. En sus simulaciones, los precios eléctricos finales de la propuesta del Gobierno se situarían entre 45 y 49 euros MWh. La conclusión de los nuevos dueños es que las medidas no son suficientes para salvaguardar los empleos de los trabajadores de series de electrolisis en las factorías de Galicia y de Asturias.
La crítica oscurece el futuro de las factorías y va acompañada de una nueva "lista de la compra": un conjunto de nuevas medidas que permitirían salvar la situación tras reformar -una vez más- el proyecto de Estatuto de Consumidor Electrointensivo.
El fondo suizo y los gestores de Parter Capital reclaman en concreto que el Estatuto diferencie entre consumidor "electrointensivo e hiperelectrointensivo"; eliminar la obligación de contratar un porcentaje (10%) del volumen de energía a través de contratos de suministro bilaterales; incluir en la Ley de Cambio Climático que se garantizará la compensación de CO2 indirecto con el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión; eximir a las empresas de pagar el 80 % de los peajes de la red de transporte y limitar los cargos de financiación de renovables al 0,5 % del valor añadido bruto (VAB) de la empresa.
Para el Gobierno, los recelos y la presión de la gran industria son algo más que una incomodidad. Los desacuerdos, las críticas y las negociaciones se prolongan desde hace dos años y las últimas medidas aprobadas -el Estatuto del Consumidor Electrointensivo- y la revisión de los pagos a renovables, la cogeneración y residuos no acaban de calmar las aguas.
Además del Estatuto, el ejecutivo ha chocado con la industria con la propuesta de recortes a la cogeneración -400 millones anuales- entre los años 2020 y 2025. La cogeneración permite a las empresas que la utilizan proveerse de energía térmica y al mismo tiempo generar electricidad. Pueden inyectar el sobrante en la red a una tarifa fija. En teoría, así se evita que otra central produzca esa energía de forma menos eficiente. El tijeretazo ha hecho saltar las chispas y esta misma semana están previstas nuevas conversaciones para estudiar soluciones.
Las diferencias se mantienen en una situación complicada en la industria, marcada por el desplome en la demanda, algo que destacó esta misma semana el consejero delegado de Endesa, José Bogas. El consumo de electricidad de las grandes compañías , comercios e industrias, cayó en diciembre del pasado año un 5,6%. En el conjunto del año, según los datos del operador del sistema Red Eléctrica de España, el indicador global de consumo cayó un 4,6%, pero en la industria la caída interanual alcanzó el 9,2%. Es "el mayor retroceso interanual" desde que se viene elaborando el indicador en el año 2010", según REE.
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