Una desescalada por fases según cada provincia, con severas restricciones para la reapertura y sin fecha concreta en el horizonte. Eso es lo que le espera a los grandes centros comerciales en España, que no han sido incluidos en las primeras etapas del retorno a la actividad de las empresas, a pesar de que las tiendas sí podrán hacerlo a partir del próximo lunes en las regiones que pasen a la fase 1. Por eso, los fondos de inversión y socimis que están detrás han empezado a apretar al Gobierno y a reunirse con la oposición para acelerar su reapertura. El argumento es que hay 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos en juego y que, de haber alguien preparado para controlar posibles aglomeraciones, son precisamente los grandes centros comerciales.
Y lo cierto es que se trata de una fuerza a tener en cuenta, especialmente en la reconstrucción económica del país tras la crisis del coronavirus, ya que los centros comerciales atrajeron nada menos que 2.500 millones de euros en inversiones en 2018, el último año del que se tienen datos. Es más, el 55% de las inversiones en estos conglomerados de compras y ocio fueron extranjeras, incluyendo a actores de la talla de la portuguesa Sonae Sierra, Deutsche Bank o Unibail-Rodamco, una de las inmobiliarias más importantes del mundo. Un año antes, en 2017, se inyectaron en el sector 3.150 millones, lo que evidencia su potencial en futuras épocas de bonanza.
Por eso, esta misma semana todos los sectores vinculados a la cadena de valor de la distribución, el comercio, la moda y la restauración como la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) y las asociaciones AECOC, Acotex o Marcas de Restauración, solicitaban expresamente al Gobierno que "la reapertura de los centros y parques comerciales, así como los locales y establecimientos comerciales ubicados en los mismos, se incluyan en la fase uno, que arrancará previsiblemente el 11 de mayo [aunque no en todas las provincias], ya que están en condiciones de garantizar la salud y la seguridad de sus clientes y sus trabajadores".
Por su parte, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) lamenta que "el cierre de nuestras tiendas mantiene bloqueada una cadena de valor que genera 30.000 millones de euros de facturación para la industria española, en su mayoría para pymes". La cuestión no es baladí, ya que "cerca de 100.000 empleados están en situación de ERTE y [las empresas tienen] unos problemas operativos y de liquidez muy severos. Las ventas en algunas categorías comerciales pueden caer entre un 25% y un 50% este año". De hecho, Anged explica que hay sectores que utilizan el espacio de venta de los centros comerciales, como el caso de la hostelería, que no verán brotes verdes hasta 2022. Tampoco puede asegurar que todos esos puestos de trabajo destruidos puedan recuperarse.
El sector de centros y parques comerciales eleva la cifra de empleos en riesgo, ya que suma "más de 36.000 comerciantes, de los que un 85% son pequeños comercios inferiores a 300 metros cuadrados (en su mayoría pequeños autónomos y pymes). Al cierre de 2019, aportaron más de 740.000 puestos de trabajo, entre empleos directos (cercano a un 50%) e indirectos", tal y como explican a 'La Información'. De esa cifra habría que descontar la del personal que trabaja en las tiendas de alimentación, que suelen representar una porción importante de cada centro comercial.
Desigual reapertura en la fase 1
En cualquier caso, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cerraba esta semana la puerta a cualquier plan alternativo durante una intervención en el Congreso: "Los modelos epidemiológicos dicen que la movilidad es la variable más directa del contagio. Los expertos coinciden a nivel mundial. Por tanto, la desescalada se fundamenta en la movilidad y tenemos que maximizar la recuperación económica minimizando el riesgo sanitario. Y son las autoridades sanitarias las que marcan la pauta. No es un plan a la ligera que no tiene en cuenta los distintos factores, pero la última palabra la dicen los expertos sanitarios para evitar cualquier riesgo de rebrote que puede poner en peligro la recuperación".
Los centros comerciales solo podrían reabrir en la fase 2 de la desescalada, prevista el próximo 25 de mayo. El problema de fondo es que algunas regiones importantes como Madrid o Cataluña no llegarán siquiera a esa fase antes de junio, ya que no han podido pasar de etapa esta semana. Es decir, que como pronto ambas regiones podrían entrar en fase 2 el 1 de junio, a ser que el Gobierno flexibilice o suprima la norma que establece que hay que permanecer 15 días como mínimo en cada fase.
Sea como fuere, al margen de este guirigay de fases de desescalada, los centros comerciales entienden que se está produciendo "una discriminación incomprensible entre segmentos del ámbito del comercio". Consideran que "no tiene sentido prohibir la apertura de los locales o establecimientos ubicados en centros y parques comerciales cuando el resto de locales y establecimientos comerciales fuera de los centros sí van a poder abrir en la fase 1".
En este sentido, advierten que, "de mantenerse esa discriminación, no solo conllevaría un grave perjuicio económico y reputacional, sino que el proceso de recuperación y vuelta a la normalidad no se haría en igualdad de condiciones ni de oportunidades para los comerciantes de los centros y parques comerciales. Si la reapertura se retrasa más allá de la fase uno, se ahondaría en mayores pérdidas de ventas que dificultarán más la recuperación".
Por último, esgrimen que "los centros y parques comerciales son espacios gestionados por empresas profesionales dedicadas a asegurar las condiciones de seguridad e higiene necesarias en cada momento, tanto en su puesta en marcha como en su coordinación y control, lo que permite considerar que se trata de espacios 'muy controlados'". O, dicho de otro modo: que si hay alguna forma efectiva de prevenir aglomeraciones o situaciones que pongan en peligro la salud pública, precisamente son los centros comerciales. Especialmente, porque más de 500 centros y parques comerciales están ya abiertos al público para abastecer a la población en las tiendas de alimentación que albergan.
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