Es el hombre clave de Nissan en el desmantelamiento de la Zona Franca. El responsable de la multinacional para Rusia y miembro del Comité Ejecutivo en Europa, Frank Torres, aterrizaba en la capital catalana hace apenas unas semanas con una misión clara: pilotar el proceso de finalización de la actividad del fabricante nipón en Barcelona. Con el 'deadline' fijado en diciembre, le esperan siete meses de duras negociaciones. Los sindicatos ya han advertido de que van a dar la batalla para salvar la planta y tanto el Gobierno central como la Generalitat se han posicionado del lado de los trabajadores para evitar el cierre a través de todos los mecanismos a su alcance. En juego, más de 3.000 puestos de trabajo directos y hasta 20.000 empleos indirectos.
Torres es un viejo conocido. En 2007 entró como Analista de Ingeniería de Producción y en 2011 fue nombrado Director General de Nissan Motor Ibérica SA, cargo que desempeñó hasta que en 2016 se fue de España para asumir sus nuevas responsabilidades europeas. Durante su mandato protagonizó numerosos enfrentamientos con los mismos sindicatos con los que ahora va a tener que volver a lidiar. "Era un directivo con el que cerrábamos acuerdos que no se llegaban a cumplir", evoca un dirigente sindical con décadas de experiencia y presencia en la firma. "Esperamos que en esta ocasión entienda que están en juego los proyectos de vida de 20.000 personas", zanja en conversación telefónica con La Información.
"Le habíamos perdido la pista hasta ahora", comenta otro responsable del área sindical de Industria en Cataluña conocedor del contenido de la reunión telemática que mantuvo ayer por la mañana el comité de empresa con la dirección española de la firma japonesa, los responsables de recursos humanos, el presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, y el propio Torres, en la que les comunicaron el cierre oficial tras haberse filtrado a la prensa. Un encuentro que fuentes sindicales definen como "un puro trámite por parte de la multinacional" y "una auténtica falta de respeto a los trabajadores".
Para los sindicatos, la vuelta a escena de Torres ha sido una sorpresa. Tras la salida del consejero director general de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso, quien rechazó gestionar la clausura de la planta de la Zona Franca por entender que su función era potenciar las instalaciones, no desmantelarlas, será el responsable en Moscú quien gestione el proceso de consultas para el cierre previsto en el mes de diciembre. "Estaban buscando a alguien que quisiera asumir el desmantelamiento y tuviera los pocos escrúpulos de cerrar una planta como esta... y lamentablemente han encontrado a un catalán dispuesto a hacerlo", comenta un sindicalista indignado.
Torres es natural de Tarragona y a muchos ha sorprendido su aterrizaje en este proceso, pues esperaban que fuera un dirigente japonés el encargado de echar el cierre a las tres instalaciones que la compañía tiene en Barcelona, la principal en Zona Franca y las satélites de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, que le proporcionan suministros. "Viene a cerrar la liquidación, aunque está claro que el perfil liquidador viene impuesto por la multinacional", aseguran fuentes sindicales que apelan a la "responsabilidad" para que "sea cual sea el papel que va a desempeñar Frank Torres, busque un plan alternativo que garantice el mantenimiento del empleo".
El rechazo sindical al cierre de la planta es taxativo. Pese a llevar más de una década en durísimas negociaciones que han implicado importantes sacrificios por parte de los trabajadores a cambio de sucesivos compromisos de planes industriales que nunca llegaron, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que la noticia ha sido "un mazazo" y que va a exigir responsabilidades al Gobierno de España, a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona. En un comunicado ha recordado que UGT lleva "más de 4 años reivindicando un Pacto por la Industria, para evitar lo que está pasando en las fábricas de Nissan en Barcelona, ya que, por desgracia, no es, ni será el único problema que tenemos, pues sucede en Galicia, como en Alcoa, y en otras regiones".
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, también ha mandado un mensaje condenando el cierre de la planta de Nissan en Barcelona y manifestando su solidaridad y apoyo a los trabajadores de la compañía y de las empresas auxiliares. "Desde CCOO, nos oponemos a esta medida que responde a una decisión estratégica del Grupo Renault-Nissan de reducir la capacidad de producción de automóviles en Europa e instamos a todas las administraciones públicas a implicarse en esta pelea por evitar el cierre, al Gobierno de España y a la Generalitat".
Negociaciones en marcha
La vicepresidenta del Gobierno y responsable de asuntos económicos, Nadia Calviño, ha lamentado la decisión de Nissan y ha avanzado que el Ejecutivo intentará encauzar la situación ofreciendo a la empresa un proceso de negociación, ya que las inversiones son menores al coste de cerrar la planta. En concreto, el coste supera los 1.000 millones de euros, frente a un plan industrial que preveía ayudas por 100 millones para una inversión de 300 millones. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, en una reunión telemática en la que ha participado también Torres, ha acordado mantener una vía de interlocución con la dirección de la empresa y ha dejado claro que sacará "toda la artillería" para que la compañía reconsidere su decisión y se quede en la capital catalana.
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