Los planes del grupo Berkeley para explotar una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) se enfrentan a una nueva polémica: la evaluación de impacto ambiental obtenida de la Junta de Castilla y León en el año 2013 ha cumplido seis años sin que el grupo haya iniciado la extracción de mineral. Las organizaciones ecologistas que pleitean en los tribunales contra el proyecto sostienen que las normas estatales y de la propia Junta estipulan que el permiso ambiental decae de forma automática si el solicitante no ha iniciado los trabajos para los que pidió el permiso. Berkeley sostiene todos los trabajos realizados en Salamanca desde que aterrizó en Retortillo están relacionados con la minería.
La cuestión estriba en si Berkeley ha realizado labores mineras que deberían estar incluidas en el obligado Plan de Labores o, por el contrario, se ha limitado a realizar tareas que nada tienen que ver con la extracción de mineral. Los ecologistas que se oponen al proyecto lo tienen muy claro: Berkeley no ha realizado trabajos de minería y lo único probado es que ha talado miles de encinas, tal y como denunció la plataforma Stop Uranio.
En todo caso, la Ley de Evaluación Ambiental del año 2013 es clara. En su disposición transitoria primera recoge que "las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley".
Una década en España
Berkeley tiene una opinión diferente a los ecologistas. La compañía australiana, que lleva una década en España, asegura que todas las labores realizadas en la zona están relacionadas con la actividad minera. La compañía no aclara si ha solicitado o va a solicitar nuevos permisos a la Junta de Castilla y León. Frente a las acusaciones de las organizaciones ecologistas, la empresa minera destaca que ha invertido ya en el proyecto más de 80 millones de euros y ha recibido 120 bendiciones al proyecto -en forma de autorizaciones- de todos los niveles de la administración.
La caducidad de los permisos va a sumar un nuevo frente legal contra Berkeley. La minera se anotó un tanto en octubre porque la Audiencia Nacional rechazó un recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción de Salamanca contra la autorización concedida en 2015 por la Secretaria de Estado de Energía para iniciar el proyecto de mina.
La Audiencia rechazó el recurso y además, reprochó a los recurrentes que se limitaran "a cuestionar la idoneidad del emplazamiento (de la mina de uranio) mediante meros juicios de valor, pero sin aportar una mínima justificación técnica" en el proceso. Además, recogió como un punto a favor de Berkeley el informe que aprobó el Consejo de Seguridad Nuclear en julio de 2013, cuando el organismo estaba presidido por Fernando Marti (PP). Pero la batalla legal no ha acabado. Ecologistas en acción ha recurrido la decisión ante la propia Audiencia y el caso tiene muchas posibilidades de acabar en el Tribunal Supremo.
Situación incierta
La situación de Berkeley tras diez años de polémica es todavía incierta. Entre otras cosas, busca un consejero delegado en España tras la dimisión de Paul Atherley. La propia empresa lo admite. En el prospecto de salida a Bolsa en junio de 2018, advirtió de que su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar, y sin los cuales no podrá extraer el uranio de la mina salmantina. La sociedad sostiene que su proyecto en Salamanca es rentable, hasta el punto de "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa".
El polémico proyecto se complica porque, además, Berkeley ha ampliado el abanico del negocio en Salamanca y tiene en marcha trece sondeos para buscar metales que se utilizan en la fabricación de baterías para móviles y vehículos eléctricos. En concreto, espera encontrar litio, cobalto, tungsteno, estaño y tierras raras. Son anuncios que el exdiputado de Equo, Juantxo López de Uralde, pone en cuarentena porque, según explica, proyectos como el de Salamanca están ligados a la especulación financiera y no vinculados a la explotación de minerales.
En sus informes, Berkeley sostiene que sigue buscando reunirse con las autoridades "de forma colaborativa con el fin de facilitar una pronta resolución de los permisos requeridos para comenzar la construcción de la mina". La empresa necesita todavía la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, el visto bueno del CSN y la autorización definitiva del Gobierno. No lo tiene fácil.
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