Fridman se defiende y asegura que su acusación en Zed es "una conspiración"

Los asesores del magnate ruso Mijaíl Fridman aseguran que todas las acusaciones que se están haciendo sobre el empresario "parecen  ser  producto de una teoría de la conspiración inventada por el Sr. Dolset y sus asociados, de quienes se ha comprobado en asuntos relacionados que han aportado pruebas falsas y engañosas". Desde el entorno del actual presidente de Día se advierte que aún no se ha recibido ninguna notificación legal sobre este asunto, toda vez que este mismo miércoles se ha confirmado su imputación en el caso de la quiebra de la empresa de tecnología en la Audiencia Nacional. 

El empresario ruso tendrá que ir a declarar ante el juez de instrucción Manuel García Castellón como investigado por este caso, después de que se aceptara la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, por entender que estaba en el origen de la insolvencia de Zed, una situación que Fridman, accionista del grupo tecnológico, habría propiciado con maniobras para asfixiar a la compañía económicamente y después adquirirla a un "precio irrisorio" por debajo del de mercado.

Frente a ello, los portavoces oficiales del actual presidente de la cadena de supermercados Dia aseguran que "cualquier acusación que implique a Mijaíl Fridman en cualquier tipo de actividad ilegal con respecto a las empresas del Grupo Zed es totalmente falsa y confiamos en que las autoridades españolas -una vez examinado el caso- estarán de acuerdo.” Pese a ello, el juez ha acordado citarle el próximo 12 de septiembre por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal, insolvencia punible y corrupción en los negocios en la operación que hizo con Pérez Dolset. .

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Según el escrito de la Fiscalía., los vínculos con el empresario se remontan a hace casi una década, con la entrada en el accionariado de varias de sus sociedades afines. Éstos se intensificarían más tarde, en 2013, cuando Zed, a la vista de su crecimiento, planeó su salida a bolsa en el Nasdaq estadounidense, operación para la que requería de una línea de crédito de 140 millones suscrita con varias entidades, entre ellas Amsterdam Trade Bank, filial del Alfa-Bank controlado por el ruso.

El informe de Anticorrupción describe cómo Fridman "se aseguró una posición dominante" en la sociedad de la familia Pérez Dolset, lo que le daba un papel privilegiado "frente a cualquier decisión, en la medida que participaba del accionariado y, al mismo tiempo, era uno de los principales acreedores". Como "acción de presión y ahogo económico", los socios rusos "subordinados" a Fridman, los ya imputados Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov, "planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas", hecho que dio como resultado "una falta total de liquidez".

Esta circunstancia, unida a las modificaciones "agresivas e injustificadas" de contratos, a la "pérdida de capitales en presuntas comisiones ilegales y a las obligaciones crediticias (...) llevó a la compañía española a la insolvencia". El "favorecimiento" de los inversores rusos culminó con una oferta de compra fechada en octubre de 2016 por importe de 20 millones de euros, prosigue Fiscalía, que ve ese precio "muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las maniobras de paralización y bloqueo".

Las sospechas de Anticorrupción, de las que ahora se hace eco el juez en su auto, parten de la denuncia previa de Pérez Dolset, que en 2016 expuso ante la Fiscalía una serie de actuaciones personales y societarias de sus socios que podrían ser constitutivas de una absorción ilegal de empresas.

Esta práctica, conocida en el entorno criminal ruso como "raid" (asalto o ataque) busca el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con el bloqueo de la sociedad para adquirirla a un precio "irrisorio".

Apenas un año más tarde, en 2017, la Audiencia Nacional abría una causa contra el propio Pérez Dolset y otras diecinueve personas, por un presunto delito de fraude de subvenciones en la compañía, que habría ocasionado un perjuicio de más de 100 millones de euros. En su querella, la Fiscalía ya advertía de los vínculos de Fridman con Zed, pero no ha sido hasta después el último informe policial, aportado a la causa el pasado julio, cuando ha considerado probada la existencia de un nexo entre el papel del empresario y la caída, supuestamente provocada, de la compañía.