El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha prorrogado el encargo que realizó a Arcano hace ya un año. El asesor financiero ha aconsejado no dar ningún paso en falso en la privatización de Bankia durante este tiempo, mucho menos cuando estalló la pandemia del coronavirus y cuando todavía existía incertidumbre sobre si algún grupo mayor tomaría a la entidad, como finalmente ocurrió con CaixaBank. Ahora tiene la orden de seguir analizando todas las alternativas posibles que tiene el Estado para salir del nuevo grupo con el objetivo de maximizar el rendimiento de la desinversión completa y optimizando así la recuperación del dinero que pusieron todos los contribuyentes para sacar a reflote a la entidad que fue parcialmente nacionalizada en 2012.
Las opciones son varias. La venta en bloque es la que más probabilidad tiene de salir adelante y la más común en este tipo de procesos donde la participación tiene un valor tan elevado, con al menos dos paquetes accionariales distintos. Otra de las formas posibles son las ventas graduales, poniendo en el mercado cantidades pequeñas de títulos. Dada la liquidez actual de CaixaBank en Bolsa, utilizar únicamente esta vía requeriría de mínimo cuatro meses y medio de intensas colocaciones diarias. No se descarta una combinación de estas dos primeras posibilidades, según fuentes financieras consultadas por La Información. La tercera es buscar a un inversor privado, si bien esta alternativa perdió su atractivo tras la fusión, pues su gancho era la venta del control mayoritario que ya no posee.
En realidad la estrategia de desinversión no ha sufrido grandes cambios tras la consolidación al hablarse igualmente de una cotizada y de un importe absoluto a colocar que sigue siendo similar a pesar de que el porcentaje se haya diluido. En cualquier caso, el FROB solo tiene cuatro ventanas legales al año para ejecutar sus planes. Precisamente ahora se acaba de abrir una, la última de 2021, tras el fin del periodo de 'blackout' y la presentación de resultados. La siguiente llegará a principios de febrero de 2022 y terminará a finales de marzo. Y así sucesivamente con tope en diciembre de 2023. Pero para la elección del momento idóneo se deben de tener en cuenta otros factores además de la rendición de cuentas.
El posible debut bursátil de Ibercaja o que el precio de la acción recoja la totalidad de las sinergias de la fusión son elementos a analizar
Las propias condiciones de los mercados de capitales y la volatilidad del mismo es crucial. También lo es la competencia de operaciones. Por ejemplo, el potencial debut bursátil de Ibercaja sería un obstáculo. La entidad con sede en Zaragoza debe realizar esta operación estratégica antes de 2022, aunque es posible que solicite más tiempo al Ejecutivo. Asimismo, se debe tener en cuenta el interés específico de los inversores sobre la propia acción de CaixaBank y que la capitalización de la entidad recoja las sinergias anunciadas en la operación de consolidación. Los objetivos últimos de ahorros de costes calculados por el equipo gestor son de 940 millones anuales.
Arcano sustituyó a Nomura hace un año para realizar los trabajos de análisis de la mejor estrategia de desinversión de la participación indirecta que el FROB tiene en el banco a través de BFA. Terminado el tiempo inicial del contrato, ha decidido mantener al mismo acompañante para este trayecto y puede conservarlo hasta la fecha límite para acometer la salida. El Gobierno se anticipó al comienzo de 2021 al entender que no lograría alcanzar su objetivo a diciembre de este año y amplió el plazo -por tercera vez- hasta el término de 2023, en vistas de que cualquier operación se acabaría complicando por falta de oportunidades. Arcano está llamado a configurarse como el asesor que tomará una de las decisiones más importantes en la estructura bancaria española.
Arcano está llamado a configurarse como el asesor que tomará la decisión que cambiará parte de la foto bancaria de España
El área FIG (Financial Institutions Group) de Arcano, capitaneado desde hace unos meses por Sofía Mendes, es la que perfila todas las ideas posibles para acometer la privatización, incorporando cualquier variable posible que vaya surgiendo, como fue la propia ampliación del plazo legal de salida, la operación de fusión o el contexto económico. La firma es la encargada de revisar las perspectivas de ejecución de cualquiera de las alternativas de desinversión o sobre la razonabilidad de las posiciones o acuerdos que adoptase el FROB con un impacto significativo sobre sus planes. En caso de que en algún momento se decida dar algún paso, será esta firma la que asistirá al Fondo que preside Paula Conthe en todo el proceso.
Se da la circunstancia de que el Estado inyectó más de 24.400 millones de euros públicos en Bankia para recapitalizarla, 'asistiéndola' tras la debacle que sufrió por varios años de mala gestión corporativa. Su salida a Bolsa fue analizada minuciosamente en un juicio en la Audiencia Nacional por el que se pedían penas de cárcel para más de una treintena de acusados por estafa a inversores y falsedad contable. Entre ellos se encontraba el expresidente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Para sorpresa de algunos, la jueza Ángela Murillo absolvió a todos. Dejando atrás este capítulo de enorme polémica y resarcidos la mayoría de los perjudicados, siguen existiendo problemas a los que enfrentarse por las decisiones que se tomaron en el pasado para impedir que el banco llegara a bancarrota.
Enmendar decisiones adoptadas hace ya casi una década es lo que le toca al Gobierno, que posee un 16,1% valorado a precios de mercado en unos 3.220 millones de euros del nuevo CaixaBank, quien también ha heredado parte de la historia de la entidad absorbida. Hasta ahora, el FROB solamente ha sido capaz de realizar dos colocaciones en el mercado de paquetes accionariales. Lo conseguido por esta vía se suma a lo que ha venido devengando a través de los dividendos. Estas dos fórmulas le han permitido recuperar unos 3.000 millones de euros, poco más del 12% del rescate total, que en realidad ha ido a parar a indemnizar íntegramente a los perjudicados, por lo que el Fondo en sí no ha recuperado ni un euro.
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