Banco Popular figura entre las entidades que han supuesto un coste para el Estado en el proceso de rescate y reestructuración del sistema bancario español pese a que en el momento de su caída y posterior venta a Banco Santander se aseguró que, con las medidas adoptadas entonces, no se iba a comprometer ni un solo euro de recursos públicos, ni en aquel momento ni en el futuro. Pues bien, el Frob, el fondo de rescate español, acaba de publicar un extenso y detallado informe en el que repasa sus diez años de actividad y cuantifica que el gasto estatal en el Popular va camino ya del medio millón de euros.
En concreto, Banco Popular ha supuesto un coste para el erario público de 380.000 euros, de los cuales 300.000 se han gastado en asesores y 70.000 en procesos legales. Los 10.000 euros restantes están clasificados como 'otros'. A esta cantidad habrá que sumarle unos 5 millones de euros, resultantes del contrato de asesoramiento legal al Frob en el arbitraje del empresario mexicano Antonio del Valle más el medio millón de la CNMV. Es posible, no obstante, que las costas del proceso se imputen a los demandantes y el Estado no se tenga que hacer cargo de las mimas.
Sea como fuere, a los pocos días de la caída de Banco Popular, el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que por entonces era ministro de Economía, aseguró en el Congreso de los Diputados que las medidas adoptadas con la entidad no habían "comprometido ni un solo euro de recursos públicos de ningún tipo, ni presentes ni futuros", aunque también señaló entonces que la venta de la entidad a la que preside Ana Botín permitió que el Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) no tuviera que responder ante los 35.000 millones de euros en depósitos garantizados que tenía Popular.
En su informe, titulado 10 años del Frob, el organismo que preside Jaime Ponce repasa la intervención de Popular y explica que la decisión de resolverla -adoptada por la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea- y venderla a Santander por un euro -lo que supuso que 300.000 accionistas y bonistas perdieran su inversión- fue "necesaria y proporcionada" para garantizar su continuidad y evitar el contagio al resto del sistema financiero.
Es más, en el documento el Frob defiende a la JUR y concluye, de acuerdo al informe independiente de Deloitte, que los accionistas y acreedores de Popular cuya deuda fue amortizada "no habrían recibido un mejor trato si Banco Popular hubiera sido liquidado con arreglo a la ley concursal española", norma que ha estado sujeta a debate en los últimos tiempos en el seno de las autoridades nacionales por su falta de eficacia sobre las entidades financieras, por lo que podría ser reformada en el futuro.
Pérdidas de 45.600 millones para el Frob
En cualquier caso, los recursos públicos destinados al Banco Popular son prácticamente simbólicos si se comparan con el total de ayudas a las antiguas cajas de ahorro, por cuyo rescate el Frob reconoce pérdidas de 45.640 millones de euros, de las cuales, la mayoría se corresponden con Bankia, Caixa Catalunya y Novacaixagalicia, así como Banco de Valencia. Estas tres últimas entidades están hoy bajo el paraguas de BBVA, Abanca y CaixaBank, respectivamente.
Los problemas de todas entidades se pusieron de manifiesto en el examen que Oliver Wyman realizó al sector financiero en 2012. En esta prueba se revelaron necesidades de capital de 3.223 millones de euros para Popular, la única entidad no ligada a las antiguas cajas a la que se le detectaron problemas de solvencia. El Estado decidió no intervenir y el banco resolvió sus problemas de forma privada, algo que Luis María Linde, exgobernador del Banco de España, reconoció que pudo haber sido un error en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados.
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