El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha anulado la licitación para contratar un banco de inversión que prestase el servicio de asesoramiento en la estrategia de la desinversión de su participación en Bankia. La entidad que preside Jaime Ponce cuenta con un 61,8% del capital del banco que encabeza José Ignacio Goirigolzarri a través de BFA e hizo público a principios del mes de marzo su intención de llevar a cabo esta nueva contratación. Fue entonces cuando comenzaron los trámites que se vieron paralizados por la irrupción de la pandemia de la Covid-19. En la situación actual se antoja prácticamente imposible cumplir con los calendarios de privatización previstos, por lo que esta decisión administrativa que deja en 'stand by' la búsqueda de un colocador de acciones viene a poner de relieve un frenazo en la estrategia inicial de privatización de Bankia.
Este contrato, que salió a licitación por un importe de 274.000 euros, tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Estado, tenía por objeto sustituir al que actualmente ostenta Nomura y que cumplirá el plazo máximo establecido en las condiciones del momento de la firma este próximo mes de julio. El banco de inversión nipón consiguió en 2017 un acuerdo de 30 meses, prorrogables otros seis más, para desarrollar las labores de asesoramiento de esta institución con la mirada puesta en la colocación en el mercado de su participación en Bankia.
Con la fecha de julio en el horizonte -y pese a las caídas que ya se estaban viendo en la bolsa desde hacía semanas-, el FROB lanzó la licitación el pasado 2 de marzo, tal y como se puede ver en el sello de tiempo de la misma. En la memoria del contrato se especificaba que la institución requería del asesoramiento financiero externo especializado para llevar a cabo dicha desinversión "con el objetivo de maximizar la recuperación de ayudas públicas".
Este contrato ahora anulado, cuyos trabajos deberían empezar a desarrollarse en este mes de julio, dejaba la puerta abierta a que la desinversión pudiese no realizarse al añadir en la citada memoria que el adjudicatario realizaría el "análisis de la mejor estrategia de desinversión" así como "el asesoramiento durante el proceso de ejecución de dicha estrategia, en el caso de que ésta se lleve a cabo". El plazo de duración de dicho acuerdo hubiera sido de 17 meses que terminarían en diciembre de 2021, fecha que coincide con el fin del plazo de la última ampliación que otorgó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el banco fuese privatizado.
La irrupción del coronavirus llevó a que la tramitación de esta licitación fuese suspendida el 17 de marzo, solo tres días después de la entrada en vigor del estado de alarma. Esta modificación se realizó de manera casi automática con los procedimientos abiertos, pues se paralizaron los trámites administrativos. El día 30 de ese mismo mes dicha suspensión fue prorrogada al mismo tiempo que se hacía lo propio con el estado de alarma que aún hoy sigue vigente.
En cambio, el pasado 27 de abril se llevó a cabo la anulación de la licitación, un hecho que no ha ocurrido con otros contratos de diferentes administraciones públicas que se han limitado a modificar las fechas de licitación. En la información pública en la que se da cuenta de tal anulación se señala que el motivo es "otro", si bien fuentes conocedoras lo atribuyen directamente a la situación actual. En la información adicional sobre dicho anuncio se remite directamente a la prórroga de la suspensión.
Bankia vale 8.700 millones menos que en 2016
Pero sea como fuere, lo cierto es que el valor de la participación pública en Bankia ha ido bajando paulatinamente en los últimos años. En febrero de 2014 el entonces Gobierno de Mariano Rajoy vendió un 7,5% del capital de la entidad por 1.304 millones de euros, lo que suponía un precio por acción de 6,04 euros. Desde entonces, esta cifra comenzó a bajar hasta situarse en los 2,27 euros en junio de 2016. Tras un comienzo de la recuperación del valor en bolsa, el Estado prorrogó el plazo para privatizar la entidad por dos años más, es decir, hasta diciembre de 2018.
Justo un año después de llevar a cabo esta maniobra, a finales de 2017, el FROB vendió otro 7% del capital por 818 millones de euros, lo que arrojó un precio por acción de 4,06 euros. Desde entonces la participación pública en la entidad sigue inamovible y la caída del valor en bolsa del banco se ha visto acrecentada. Ante esta situación, en diciembre de 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez volvió a prorrogar el plazo para poner en el mercado la participación pública en dos años más, por lo que se extiende hasta el final de 2021.
Los últimos acontecimientos relacionados con el coronavirus han afectado negativamente al conjunto del sector financiero, pero se han centrado en entidades como Bankia o Sabadell. Así, el precio de la acción del primero ha llegado a situarse en los 0,73 euros y aún este lunes cerraba la sesión por debajo de los 0,8 euros. Si se trasladan estas cifras a capitalización, el valor de la la entidad se ha reducido en 3.400 millones desde la última prórroga y en más de 8.700 millones desde la primera de ellas. Minusvalías para el Estado.
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