El Frob pide no cargar a la 'factura' del rescate el coste de los litigios de Bankia

Se desata la polémica entre el Tribunal de Cuentas y el Frob, el fondo de rescate español, por la 'factura' del rescate a la banca. Y es que Jaime Ponce, presidente de esta última institución, cuestiona la "coherencia" del órgano fiscalizador y le acusa de extralimitarse por incluir en su informe sobre las ayudas concedidas al sector financiero el coste de los litigios asociados a la salida a bolsa de Bankia y el de los pleitos por la comercialización de preferentes, dos procedimientos que suponen un quebranto para las arcas públicas de casi 3.700 millones de euros.

Como adelantó La Información, el Tribunal de Cuentas ha apercibido al Frob por no controlar adecuadamente las contingencias legales de Bankia que asume el Estado a través de BFA (sociedad de titularidad pública que ostenta una participación del 60% en la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri). Dicho reproche se enmarca en la actualización del informe sobre las ayudas públicas a la banca que el órgano fiscalizador acaba de hacer público y que eleva el coste del rescate a 66.577 millones de euros.

En el documento, el Tribunal de Cuentas advierte al Frob de que no ha establecido un sistema de revisión de los costes a asumir por el Estado en el grupo Bankia. Además, incide en que el organismo público carece de información detallada sobre cada uno de los pagos que se efectúan al banco desde BFA, derivados de los convenios firmados en 2014 y 2015 para repartir entre la entidad y su matriz los quebrantos de la salida a bolsa y las preferentes.

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Estos acuerdos establecen que BFA se hace cargo del arbitraje de las preferentes -y del coste de los pleitos civiles cuando Bankia alcance su máximo de 246 millones de euros- y del 60% de las pérdidas de las disputas judiciales de la OPS. No obstante, el Tribunal de Cuentas considera que la factura final que asumirá el Estado a través de BFA va a ser mayor a lo permitido.

Para Jaime Ponce, introducir semejantes observaciones en el informe que fiscaliza el rescate a la banca tiene un "encaje ciertamente dudoso", dado que no son ayudas públicas concedidas directamente por el Frob, sino que proceden de la gestión del grupo BFA-Bankia. "Estas actuaciones no pueden tener la consideración de actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración bancaria, en cuyos planes no han estado nunca incorporadas", dice el presidente del Frob.

Así se desprende de las alegaciones al Tribunal de Cuentas presentadas por Ponce el pasado verano, en las que pidió, sin éxito, retirar del informe todo el capítulo que repasa la gestión de Bankia. El presidente del Frob también se queja de que el informe previo, relativo al periodo 2009-2015, no abordó tal análisis pese a que los convenios se aprobaron en ese tramo temporal. "Nunca antes el Tribunal había superado el ámbito objetivo de los procesos de reestructuración para analizar actividades acometidas desde las entidades receptoras de ayudas públicas", lamenta.

"Con el propósito adicional de que este enfoque no desvirtúe la consistencia de la labor de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria que realiza el Tribunal de Cuentas, y que hasta ahora ha operado con claridad y coherencia, se sugiere la supresión del apartado VI", dice el Frob sobre el capítulo donde surge la recomendación de que establezca un sistema de gestión que facilite la comprobación de las condiciones para el reparto de las contingencias legales.

Según el Tribunal de Cuentas, el coste de los recursos públicos destinados al rescate bancario se ha incrementado en 5.859 millones de euros en los últimos tres años. De esta forma, al término de 2018 se ha alcanzado la cifra total de 66.577 millones, lo que supone un crecimiento de las pérdidas del 9,6%, como también adelantó este medio. El nuevo registro corresponde a las ayudas del Estado habilitadas a través del Frob, que se sitúan en 45.343,8 millones de euros, y las financiadas por los bancos del sistema a partir del Fondo de Garantía de Depósitos, que suman otros 21.295,3 millones de euros.