El Estado saldrá ganando en el canje

Los acuerdos de la nueva Caixa-Bankia apuntalan la obra social de Isidro Fainé

Criteria podrá comprar acciones de la actual Caixabank sin hacer opa para asegurar el 30% del banco resultante. El grupo fiscal de La Caixa seguirá benificiandose en el impuesto de sociedades.

Isidro Fainé, presidente de la fundación de La Caixa.
Isidro Fainé, presidente de la Fundación de La Caixa.

CaixaBank y Bankia han dado el visto bueno a su fusión. Dos reuniones paralelas que comenzaban a las cinco de la tarde de este jueves y que se han alargado durante casi cuatro horas han servido para cerrar el primer paso de la mayor fusión de entidades bancarias en España desde los años 90. En los últimos días las negociaciones se habían enquistado por una línea roja que había marcado Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, máximo accionista de CaixaBank a través de Criteria: su participación, ahora en el 40% del banco catalán, no podía ser menor del 30% en la nueva entidad. Para conseguir salvar esta situación intervino la vicepresidenta Nadia Calviño que, en una reunión celebrada el martes por la tarde, aseguró el cumplimiento de este requisito. Y así habría quedado plasmado en el acuerdo de fusión, confirman fuentes financieras, pues el objetivo principal no era otro que salvaguardar la financiación de la obra social que realiza la Fundación La Caixa. 

Para conseguirlo, el acuerdo incluiría la posibilidad de que Criteria continuase comprando acciones de la actual CaixaBank de aquí a que se produzca la fusión, todo ello con el beneplácito del Banco Central Europeo (BCE), uno de los principales impulsores de la unión que ahora se aprueba. De esta forma, y pese a que con la actual ecuación de canje Criteria no alcanzase el ansiado 30% del capital, sí lo haría en el momento en que las juntas de accionistas de las respectivas entidades den la luz verde difinitiva al acuerdo de fusión tras realizar varias compras de títulos. En las valoraciones de Morgan Stanley y Rothschild la participación del Estado ha resultado favorecida con la prima, situada en torno al 20%, que se ha otorgado al banco nacionalizado. 

De esta forma, y gracias al mantenimiento de este 30% del capital, se consagrará la obra social que Isidro Fainé ha labrado durante años. La razón pasa por cuestiones fiscales. La estructura de consolidación del grupo fiscal que conforman CaixaBank con Criteria y la fundación está sustentada a nivel legal por dos leyes. Por un lado, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y, por otro, la de Fundaciones bancarias, que le otorgan un estatus fiscal que le permite proveer de beneficios, a través de dividendos, a la fundación. Esto será así, siempre y cuando, se mantenga un capital mínimo del 30% en el banco.

De no cumplirse esta premisa, los dividendos para la Fundación mermarían de forma muy importante, lo que iría en detrimento de la obra social. Es por ello, que los acuerdos de fusión que se rubricaron este mismo jueves por parte de los dos consejos de administración se han edificado sobre el arco de bóveda de asegurar la financiación que le corresponde cada año a este proyecto. Ya lo dijo el propio Fainé antes incluso de que la fusión estuviese sobre la mesa, "el dinero no mana, para poder ayudar hay que ganarlo", y eso es precisamente lo que ha prevalecido a la hora de negociar la fusión. 

18 cajas, un solo banco

La nueva entidad, que se prevé tenga el visto bueno de las juntas de accionistas de ambos bancos en el mes de noviembre, aunará 18 de las antiguas cajas de ahorros que existían en España hace apenas unos años. Ahora, en un solo banco estarán las cuentas de aquellos que depositaban su dinero en Caja Madrid, Caja Murcia o Banco de Valencia, entre otros. Es precisamente en esta ciudad, y en el edificio que entonces ocupaba el ya histórico Banco de Valencia donde este viernes se presentará el proyecto de la nueva entidad. 

Un nuevo banco que reunirá más de 650.000 millones de euros en activos, 51.000 trabajadores y más de 6.734 sucursales nada más nacer. Tendrá que hacer ajustes, eso se da por descontado teniendo en cuenta el origen de la fusión, una baja rentabilidad que se debe paliar con una reducción de costes. Diversas fuentes hablan del cierre de unas 2.000 oficinas, principalmente en localidades en las que estarán duplicadas, como es el caso de varias zonas de la Comunidad Valenciana, y una reducción de plantilla que podría llegar a los 10.000 trabajadores. 

Al frente de la nueva entidad estarán José Ignacio Goirigolzarri como presidente y Gonzalo Gortázar como consejero delegado. El primero ostentará las funciones más institucionales mientras que el segundo se encargará de la gestión. A su lado, un consejo de administración de 15 miembros entre los que se encontrarán un representante del Estado -a través el FROB- y una mayoría de independientes, con importante presencia de mujeres. Diez de los sillones serán ocupados por profesionales del ámbito de influencia de CaixaBank, cinco, del de Bankia

Este primer paso supone el pistoletazo de salida no solo a esta fusión, también a un periodo en el que se espera que otras entidades españolas y europeas sigan las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) y busquen 'matrimonios de conveniencia' en tiempos de pandemia. El mercado ya juega con nombres para ver quienes serán los siguientes. Mientras tanto, CaixaBank y Bankia preparan la 'boda' para la primavera de 2021, momento en que se espera que hayan recibido las autorizaciones regulatorias para hacer efectiva la mayor fusión en décadas que ha vivido España.

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