Unicaja y Liberbank ya han dado los primeros pasos formales para llevar a cabo la fusión. En dos consejos de administración paralelos celebrados en la tarde del pasado miércoles ambas entidades financieras dieron mandato a los asesores para comenzar la 'due diligence' que pueda llevar a un acuerdo de cara a la posible unión. Pero malagueños y asturianos tienen claro que no van a repetir los errores del pasado y, con el viento de cara, quieren cerrar la operación "en semanas", confirman fuentes internas a La Información. El objetivo que persiguen es evitar la intromisión de terceros, como ya ocurrió con Abanca en la anterior intentona, pues ambas tienen claro que para ellas esta es, por ahora, la mejor opción y no quieren que nada lo estropee.
Fuentes internas confirman a este medio que "el objetivo no es alargar las negociaciones durante meses", por lo que esperan que esta primera parte que incluirá el análisis de las cuentas de ambas firmas apenas dure unas semanas. Cabe destacar que este proceso puede ser tan corto o tan largo como las partes quieran, pero la reciente experiencia de CaixaBank y Bankia, operación en la que el estudio por parte de los asesores apenas duró tres semanas, marca la pauta de esta nueva oleada de fusiones.
Pese a que el rumor de la reactivación de estas negociaciones lleva en el mercado varias semanas, no fue hasta hace apenas unos días cuando ambas entidades confirmaron la existencia de contactos informales. Ya entonces se daba por hecho que, esta vez sí, podrían salir adelante, pero las entidades piden cautela. Este mismo miércoles ambos bancos dieron el siguiente paso al dar mandato para contratar a los bancos de inversión y los asesores legales que analizarán la operación por parte de cada uno de ellos.
No ha habido cambios, son exactamente los mismos que en la anterior ocasión, por lo que, según apuntan fuentes conocedoras, pese a que las circunstancias de la pandemia han hecho variar los balances de ambas entidades, esto facilitará las negociaciones. En concreto, por parte de Unicaja -el absorbente- participarán Uría Menéndez, Mediobanca y PwC, mientras que la entidad heredera de Caja de Asturias, que será la integrada, contará con Ramón y Cajal, Deutsche Bank y Deloitte.
Estos asesores ya conocen los pormenores de ambas entidades y saben los fallos que se cometieron en la intentona anterior que acabó rompiendo las negociaciones. Entonces, para llevar a cabo la operación, era necesaria una ampliación de capital de hasta 400 millones de euros, pues la situación de los bancos no permitía hacer la reestructuración sin conseguir antes reforzar el capital. En cambio, la situación pandémica ha hecho que el Banco Central Europeo (BCE), dando un empujón a las operaciones de concentración, flexibilice sus exigencias al respecto, evitando este punto.
En la situación actual -con ambos bancos en el entorno del 14% de CET1- y con las cotizaciones muy por debajo del valor en libros, los costes de reestructuración necesarios podrían cargarse contra el fondo de comercio negativo. Esto da vía libre a la operación en lo que a capital se refiere. Pero pese a ello, sigue habiendo cosas que salvar en las negociaciones. "Hay temas de la 'due diligence' que hay que hacer desde cero, pero la experiencia y el conocimiento de la empresa que tienes delante siempre es un grado", confirman a La Información fuentes conocedoras.
El más importante de los temas pendientes es la ecuación de canje, punto que dio al traste con la última negociación y que terminó por romperla. La línea roja que se marcó entonces, que la Fundación Unicaja tuviese al menos el 30% del capital de la entidad resultante, se mantiene, pero es ahora más fácil de cumplir. El camino trazado por Isidro Fainé en la operación de CaixaBank y Bankia permitiría que, pese a que el peso de Unicaja fuese menor del 60% que se necesita para cumplir esta premisa, su accionista mayoritario lleve a cabo pequeñas compras de acciones en medio de la operación de fusión que le permitan, una vez finalizado las negociaciones, sobrepasar este límite, mantener su estatus fiscal y evitar lanzar una opa en el caso de que quisiese crecer en el capital.
La justificación estaría clara. Superar el límite del 30% no tendría el objetivo de ejercer el control efectivo de la nueva entidad, sino del sostenimiento de un proyecto industrial claramente necesario en la situación actual. Tanto es así que tanto el Banco de España como el propio BCE y, por supuesto, el Gobierno, animan a que se produzcan este tipo de operaciones que dan como resultado un sistema financiero más fuerte. De hecho, esta podría no ser la última, en el disparadero hay más entidades españolas y los mercados ya rumorean con nuevas fusiones.
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